Alejandro Canales Sánchez

La regulación de la inteligencia artificial (IA) requiere la coordinación de esfuerzos globales e iniciativas nacionales. Los gobiernos y sus principales instituciones tienen una responsabilidad que no pueden soslayar. Pero ¿qué organismo nacional debería ejercer un liderazgo?

Las herramientas y las compañías centradas en la IA han avanzado con rapidez. El interés informático por desarrollar sistemas o programas que realicen tareas que normalmente requerirían de inteligencia humana tiene más de medio siglo, pero desde que la compañía OpenAI liberó la herramienta ChatGPT, al final del año 2022, los acontecimientos se han precipitado.

La intención de regular a la IA va en aumento, pero no iguala al asombro que provocan sus logros. Especialmente por el impacto laboral que podría tener una automatización intensiva de trabajos que hoy desempeñan profesionales que se consideran altamente competentes, como abogados, profesores, médicos o ingenieros.

Tampoco se han delimitado del todo las implicaciones éticas del uso de la IA, tanto en lo que concierne a la autoría de los productos que se obtienen como por la veracidad de la información que arroja. O incluso por el uso de datos personales, la ausencia de privacidad o los posibles sesgos en el entrenamiento de una determinada IA.

La IA ya está en las instituciones escolares y es utilizada para diversos propósitos. Por ejemplo, para establecer rutinas personalizadas de aprendizaje, diseñar materiales didácticos, desplegar series de ejercicios de complejidad creciente, resolver problemas, así como para ofrecer explicaciones temáticas en términos relativamente sencillos.

También puede ser útil para realizar traducciones de un idioma a otro en segundos, elaborar y corregir artículos científicos, preparar exámenes o detectar fraudes académicos, entre muchas otras aplicaciones.

Sin embargo, como ocurrió en el pasado reciente con la llegada de otros dispositivos tecnológicos a las aulas, la capacidad institucional parece desbordada y no hay ninguna certeza de cómo se podría regular ni de qué forma se podrá aprovechar mejor la IA.

El problema es global y no es sencillo de resolver. Desde luego, sobresale la gran dependencia tecnológica que se podría generar y que los grandes corporativos podrían ejercer a conveniencia. También, a nivel individual, habría una delegación irreversible de tareas hacia la IA que, paradójicamente, nos convertiría en seres menos pensantes y prescindibles.

Igualmente, como en muchos otros temas, asoma la punta de la desigualdad en el acceso a la IA, tanto a escala de las instituciones como de alumnos y profesores. Algunas instituciones ni siquiera tienen resuelto el tema de la conectividad o sus recursos son limitados. Otro tanto ocurre con la brecha digital entre estudiantes y profesores: algunos tampoco tienen acceso y otros sí lo tienen, pero desconocen cómo integrar las herramientas a sus actividades.

La responsabilidad de trazar los lineamientos sobre la IA debe ser colectiva, y debería encabezarla —lo hemos indicado en este Acelerador de Partículas— el principal organismo encargado de la política científica y tecnológica en el país (Campus Milenio No. 1019). Ese organismo era el Conahcyt y ahora es la secretaría que lo sustituyó: la Secihti.

Aunque también podría asumir un papel de liderazgo la Universidad Nacional Autónoma de México, la institución educativa más sobresaliente y que ha hecho avances sobre la utilización de la IA, al menos en lo que concierne al ámbito educativo (2023).

La Universidad Nacional no es la única institución preocupada, la Universidad Veracruzana publicó el mes pasado una propuesta de manifiesto sobre el uso de la IA (aquí se puede ver: https://qrcd.org/8Z3Z) Un documento breve para alentar la discusión sobre el tema y que plantea tres áreas de acción.

El mismo mes pasado, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Anuies, la Sep y otras instituciones particulares, presentaron el Observatorio Interinstitucional de Inteligencia Artificial en la Educación Superior en México (Anuies 27.03.25). Una iniciativa que, como sugiere su nombre, busca monitorear qué ocurre con la IA en este nivel educativo.

No está nada mal lo que están haciendo las instituciones de educación superior en relación con la IA, pero el ámbito educativo solo es uno de tantos sectores. Es necesario coordinar los esfuerzos y no se puede soslayar la responsabilidad gubernamental. Tal vez sea tiempo de que el tema aparezca en la agenda pública.

Pie de página: El Congreso ya aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y ya está publicado (DOF 15.04.23). No hay ninguna modificación respecto de la propuesta que entregó el gobierno federal el pasado 28 de febrero. Ahí se reitera el propósito de convertir a México en una potencia científica y tecnológica. Pero, en realidad, en las líneas de acción se piensa más bien en una potencia tecnológica. Aunque tampoco se ve cómo se podría lograr. Lo veremos // El conflicto entre la Universidad de Harvard y el gobierno de Trump sigue escalando. La forma en la que se resuelva marcará la pauta de las relaciones entre las universidades y el gobierno trumpista en este periodo.