Alejandro Canales Sánchez

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) tiene la intención de diseñar una nueva política nacional para las revistas de ciencias y humanidades. Después de un relativo abandono en el caótico periodo gubernamental previo, es una acción necesaria.

En 2019, el primer año del sexenio anterior, la directora del entonces CONACYT destacó como logros sin precedentes el ahorro sustancial de 275.5 millones de pesos en el acceso a revistas y la cancelación de una agencia subrogada a un operador externo (Primer Informe de Gobierno, 2019).

La solución agravó el problema: cortó de tajo el acceso a recursos documentales a múltiples instituciones y las consecuencias fueron graves para las más desfavorecidas. El ahorro fue muy costoso. Impulsar una nueva iniciativa no será fácil.

Por una parte, está el desencanto de los editores y las revistas que, una y otra vez, han terminado decepcionados. Por otra parte, una alteración en las reglas de los medios de difusión del conocimiento tiene hondas repercusiones en el sistema de producción del conocimiento. El cambio que se proponga debe tener presente que no es un asunto meramente doméstico.

Las publicaciones académicas forman parte de un ecosistema de escala mundial, en el que coexisten las de acceso abierto y las que persiguen fines de lucro. Y no solamente desempeñan la función de difundir el conocimiento. Las revistas son parte de una industria, expresan valoraciones diferenciadas del trabajo científico, disputas por territorios disciplinarios, tanto como batallas por el reconocimiento y el prestigio. Una modificación en la estructura de incentivos tendrá repercusión en toda la estructura del sistema nacional.

Por lo pronto, la SECIHTI anunció la instalación de un Grupo Técnico Asesor que, indica, “acompañará los trabajos de la SECIHTI para el diseño e implementación del Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas, para garantizar que las decisiones se sustenten en el conocimiento y experiencia de especialistas en el ámbito editorial y la experiencia de los sistemas nacionales y regionales de revistas científicas” (Comunicado 35/2025).

Las decisiones basadas en el conocimiento y el asesoramiento de personas con conocimientos técnicos son indispensables. Todavía mejor si, como se anunció, se realizarán tres foros regionales de consulta. Por cierto, el contraste es inevitable con lo ocurrido en la administración anterior: refractaria a cualquier intervención y cuyas decisiones no parecieron fundarse en el saber experto.

Aún estamos en el terreno de las intenciones, en una etapa de diseño; nada garantiza que la iniciativa marchará conforme a lo anunciado. Pero, por lo menos, la autoridad busca la interlocución y no está vuelta de espaldas a la comunidad que quiere regular. Según el comunicado correspondiente, la idea es promover el acceso abierto al conocimiento, fortalecer el reconocimiento de las revistas de divulgación, mejorar los procesos de producción editorial, así como promover las buenas prácticas y la integración de revistas a infraestructuras de datos abiertos.

Desde hace dos décadas, la revista británica The Economist (2004), hizo notar los problemas más sobresalientes de la diseminación de los resultados de la investigación en Europa y Estados Unidos. En particular, refería las dificultades que enfrentan las bibliotecas universitarias al tener que destinar un presupuesto cada vez mayor para comprar el acceso a las revistas académicas, y un escaso incremento en el volumen de suscripciones.

La industria de las revistas académicas es floreciente, pero se ha expandido prácticamente sin regulación y se ha concentrado en media docena de grupos editoriales. De hecho, se ha convertido en un monopolio, con imposición de sus reglas y fuertes restricciones de acceso por sus costos elevados. El problema, como se había advertido desde hace décadas, es que una buena parte de la investigación es financiada con recursos públicos y no es de libre acceso.

Las dificultades se han agudizado en el presente. Un artículo de Arash Abizadeh del año pasado anota que “los ingresos anuales de las ‘cinco grandes’ editoriales comerciales —Elsevier, Wiley, Taylor & Francis, Springer Nature y SAGE— ascienden a miles de millones, y algunas tienen márgenes de beneficio asombrosos que rondan el 40 %, superando incluso a empresas como Google” (The Guardian 16.07.2024)

La solución del acceso abierto no es tan sencilla como parece. Alguien paga el costo en las revistas con fines de lucro, y las revistas que no tienen esa finalidad provocan desinterés en los investigadores. Es un problema de acción colectiva, porque, como afirma Arash Abizadeh, “queremos un nuevo modelo, pero cada uno de nosotros, individualmente, tiene fuertes incentivos para mantener el statu quo”. Veamos qué propone la nueva política.

Pie de página: Pendientes de la herencia de litigios y los resultados de la convocatoria para “Servicio en Materia Jurídica, Atención, Intervención, Asistencia y Defensa Legal de los 25 Centros de Investigación Sectorizados y la SECIHTI”.// Por primera vez, UNAM e IPN aplicaron, juntos, el examen a distancia para ingresar a la educación media superior del ECOEMS. Ya veremos los resultados.