Alejandro Canales Sánchez

Tal vez la intención de descentralizar las secretarías de Estado ya no se recupere en el periodo actual. No forma parte de los planes anunciados, ni tampoco de los compromisos explícitos, como sí lo hizo el gobierno anterior. No obstante, la Administración Pública Federal (APF) sí se modificó de forma sustantiva en el periodo anterior y lo sigue haciendo ahora. Pero siguiendo el camino inverso: una mayor centralización de sus decisiones.

Seguramente usted recordará que el expresidente López Obrador se comprometió a trasladar las secretarías de Estado a diferentes entidades federativas. La SEP a Puebla, el CONACYT a Baja California, por ejemplo. Fue su compromiso número 54 de los cien que planteó.

Incluso se hicieron cálculos presupuestales, se presentaron planos y se localizaron zonas. Algunos funcionarios públicos hasta emitieron mensajes desde sus nuevos lugares de residencia. Sin embargo, al final del sexenio anterior, la descentralización no se llevó a efecto; el propio expresidente aceptó que se quedó como pendiente.

Desde el sexenio anterior cambiaron de nombre algunas secretarías y también lo volvieron a hacer en el actual, como la que se llamaba Secretaría de la Función Pública y ahora es Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque eso sería lo meramente nominal. Lo sustancial fueron las medidas de austeridad implantadas que persisten en toda la administración, los perfiles de los servidores públicos y la centralización de las decisiones.

Desde el decreto de austeridad y la Ley Federal de Austeridad Republicana del expresidente López Obrador, entre otros recortes, se redujeron al 75 % las partidas de servicios generales y de materiales y suministros (DOF. 23.04.2020). Una medida que incluyó a las secretarías y a los organismos descentralizados. También se cancelaron una decena de subsecretarías. La disminución de presupuesto y de estructura fue notable en el servicio público y no se modificó en el presente.

El concepto de alto funcionario público quedó establecido en el decreto de austeridad, aplicaba de subdirector hasta presidente (fracción I). La precisión tenía sentido no solamente para efectos de una disminución voluntaria de 25 % en los salarios de este tipo de funcionarios, sino también por los perfiles profesionales. El expresidente estableció que lo principal era: “noventa y nueve por ciento es honestidad y uno por ciento es capacidad” (conferencia de prensa del 13.08.2020).

Al cambio de gobierno, como en este mismo lugar lo anotamos, la estructura de la administración pública continuó modificándose. Aparte del cambio de nombre, la Secretaría de la Función Pública, se instauró la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; el CONAHCYT se transformó en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional de las Mujeres que pasó a constituirse como la Secretaría de las Mujeres.

Sin embargo, lo más importante es que en este mes, inició el proceso de ajuste de los organismos intermedios —autónomos o no—, algunas de sus funciones serán integradas o absorbidas en la estructura del gobierno federal y otras simplemente han sido canceladas. En este último caso están las finalidades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), cuyo personal de más de medio millar, simplemente fue liquidado y sus capacidades desaparecerán.

Otro caso polémico es la absorción de las funciones que realizaba el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que ahora desempeñará la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. O la reciente aprobación de los diputados para extinguir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y transferir sus funciones de evaluación y medición de la pobreza al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (MILENIO 23.06.2025).

La transformación de la estructura de la administración pública y la centralización de las decisiones son notables, lo que convendría precisar es si será un gobierno más eficiente y eficaz. En entregas posteriores examinaremos en detalle algunos de informes sobre desempeño gubernamental y los principales indicadores de la gestión pública.

Por lo pronto, anotemos que el más reciente Censo Nacional de Gobierno Federal y Estatal 2024, reporta que, al cierre del año 2023, precisamente cuando inicia el actual sexenio, la APF se integraba por 304 instituciones y laboraban en toda la administración pública un millón 621 mil personas. A su vez, en el año 2019, sumaban 312 instituciones y el número de personas era de un millón 575 mil; es decir, ocho instituciones menos y 46 mil personas más.

Pie de página: La SECIHTI, como parte de su agenda científica-tecnológica con Cuba, informó en redes sociales que conversó “sobre el impulso de una agenda bilateral farmacobiológica” (t.ly/kfvLK). // El exrector de la UNAM José Sarukhán, fue condecorado con el grado de Caballero en la Legión de Honor por el gobierno francés en reconocimiento a su destacada trayectoria al servicio de la ciencia y de la protección de la biodiversidad y de la naturaleza como bien común del planeta. // La polémica por la reelección de rector en la Universidad Veracruzana está en ascenso.