Alejandro Canales Sánchez

Al final del sexenio anterior, la Administración Pública Federal (APF) ni se descentralizó ni se desconcentró, aunque fue un compromiso presidencial. Por el contrario, una fuerza centrípeta caracterizó a la gestión: prescindió de los organismos intermedios, concentró las capacidades en la estructura del gobierno federal y recortó de forma notable los gastos de operación.

Los lineamientos y las restricciones sobre la estructura administrativa se sostienen en el actual periodo de gobierno, sea por una continuidad de principios o por recursos escasos. De hecho, su reforma a la Ley Orgánica de la APF planteó una reingeniería, pero conservó el principio de austeridad y añadió el principio de gobernanza digital (Gaceta Parlamentaria 01.11.2024). La estructura, como lo anotamos la semana pasada, tuvo pocas modificaciones.

¿Cambiaron los datos de la APF? Según la información del Censo Nacional de Gobierno Federal 2019, al inicio del gobierno del presidente López Obrador, la administración se integraba por 316 instituciones y laboraban un millón 476 mil 478 personas en total. De estas últimas, 50.8 por ciento eran mujeres y 49.2 por ciento hombres.

El 72 por ciento del total era personal de base o sindicalizado, 22 por ciento de confianza, un seis por ciento era eventual y la proporción restante estaba por honorarios. Los sectores con mayor participación en el presupuesto de la APF fueron: 17.4 por ciento para Energía; 17.3 para Seguridad Social; y 5.3 por ciento para educación. El resto contaba con proporciones menores.

En aquel año, la mayoría de personas que laboraban en la APF tenían la licenciatura como máximo grado de estudios: 49.6 por ciento las mujeres; 39.5 por ciento los hombres. Proporciones muy menores estaban por encima de ese nivel escolar: tres por ciento con maestría y menos del uno por ciento con doctorado. La proporción restante contaba con bachillerato o educación básica.

Las diferencias más notables estaban en los tres centenares de personas titulares de las dependencias. Los datos para 2018 indicaban que más de tres cuartas partes eran hombres y el resto eran mujeres. La diferencia más sobresaliente estaba en el grado de estudios de las personas titulares. Los hombres: 48 por ciento tenían licenciatura; 19 por ciento maestría y 33 por ciento doctorado; las mujeres: 39 por ciento, 23 por ciento y 39 por ciento, respectivamente. Es decir, había un menor número de mujeres, pero contaban con mayor grado de escolaridad.

¿Cambió la APF en los últimos seis años? El censo más reciente, publicado en diciembre del año pasado, muestra que, en total, existen 304 instituciones de la APF, laboran un millón 620 mil 828 personas y la proporción de hombres y mujeres prácticamente no tuvo variación. Es decir, lo significativo es que, respecto a 2018, son una docena de instituciones menos, pero 144 mil 350 personas más.

También, respecto a 2018, disminuyó dos puntos porcentuales el personal de base o sindicalizado y seis puntos el de confianza. Pero el régimen de eventuales duplicó su participación relativa y el de honorarios subió a dos por ciento.

Desafortunadamente, la presentación de los resultados generales del último censo no incluye el grado de estudios del total de personal de la APF, ni la participación de los sectores (la función principal) en el presupuesto, y combina los datos de las administraciones federal y estatal. Sí están los “tabulados” y los “datos abiertos”, pero… difícil, muy difícil encontrarlos.

¿Y las personas titulares de las dependencias? Los datos del Censo 2024, respecto de los de 2018, muestran que la proporción de hombres solamente disminuyó dos puntos porcentuales: pasó de 76 a 74 por ciento. Los directivos tampoco variaron de forma notable por grado de estudios: 39 por ciento tiene licenciatura; 27 por ciento maestría; y 25 por ciento con doctorado. Es decir, aunque la información no está desagregada por sexo para el censo de 2024, el grado de licenciatura se mantuvo con la mayor proporción, la maestría se incrementó ligeramente y las personas con doctorado disminuyeron.

Información disponible muestra que el número de instituciones de la APF disminuyó ligeramente, pero aumentó el número de servidores públicos. El régimen laboral cambió: un menor número de personal de confianza y mayor proporción de eventuales. Pocas, muy pocas variaciones por nivel de escolaridad o por sexo. Los datos del censo de 2024 no desagregan la información, así que no permiten conocer cómo se distribuyen los servidores por función principal, ni su participación en el presupuesto.

El actual contexto es desafiante para la administración gubernamental, y lo será aún más la relación con los ciudadanos. La percepción pública es que cambió la administración pública, pero no está claro en qué sentido lo hizo y cuál es su nivel de confianza que genera. Allá iremos y tal vez una aproximación a uno de los sectores —educativo o científico y tecnológico—, nos permita una mejor apreciación.

Pie de página: Muy ilustrativo lo que ocurrió con la renovación del Consejo Directivo del CIDE. Mal por el lado que sea: por la operación del nombramiento, por la desinvitación a Sergio Aguayo, por la imagen de autoridad de la secretaria de ciencia y por la pluralidad del CIDE mismo.