Alejandro Canales Sánchez

Un relativo consenso se ha construido en torno a la idea de crear una nueva estructura administrativa para la ciencia y la tecnología. Los tecnólogos-empresarios, con ciertos matices, ahora también se han sumado a la propuesta. No obstante, el círculo no termina de cerrarse completamente.

La propuesta de una nueva secretaría para el sector lleva tiempo en los escritorios de algunos actores y cada tanto es desempolvada, casi siempre buscando la oportunidad de colocarse a la cabeza de la agenda pública.

Sin embargo, la idea no ha logrado una adhesión generalizada. En las vísperas de las elecciones federales anteriores, la sugerencia fue formulada principalmente por organizaciones del sector, como la Academia Mexicana de Ciencias o el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Posteriormente, la OCDE en su revisión de la política de innovación en México en el 2007-2008, destacó que era una posibilidad para el país la creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología (o de Educación Superior, Ciencia y Tecnología). Aunque, aclaró que la recomendación era “poco realista” para ese momento, pero que valía la pena conservarla como una opción para el futuro. Tal parece que a la vuelta de unos pocos años, ese futuro ya llegó.

Recientemente, en la actual coyuntura electoral, la propuesta volvió a reiterarse por anteriores y nuevos actores. Además de las organizaciones científicas que siempre se han mostrado proclives, senadores del PRD ingresaron una iniciativa en el Congreso desde septiembre del año pasado para crear un nuevo despacho. Es decir, al menos una fracción de legisladores simpatizan con la idea.

La ANUIES, otra de las organizaciones importantes del campo, pero que no siempre asume una postura clara sobre las líneas de política científica y tecnológica, también recomienda la instauración de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Al menos es parte de las propuestas que presentará a los candidatos a la presidencia de la República y seguramente con altas probabilidades de influir en la agenda y en un eventual programa de gobierno.

El pasado fin de semana se sumó otro actor relevante: la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (Adiat). Una organización que adquirió mayor notoriedad en la administración de Vicente Fox, cuando nombró a uno de sus fundadores como director de Conacyt, al ingeniero Jaime Parada Ávila.

Adiat concentra a un número importante de ingenieros y representantes institucionales. Es una voz con un peso relevante, puesto que tiene reservado un lugar en el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, el máximo órgano de política y coordinación sectorial, y en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

En el congreso más reciente de Adiat, se presentó la llamada “Declaración de Monterrey”, un documento con 11 propuestas localizadas principalmente en el terreno de la política científica y educativa.

La primera y más sobresaliente propuesta es la de un “nuevo marco normativo para el impulso a la educación superior, ciencia, tecnología e innovación”. En la cual recomienda tres acciones específicas: creación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; mantener a Conacyt como su órgano sectorizado y encargado de la operación de fondos, programas y proyectos estratégicos; y creación de un Gabinete Especial de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

En la propuesta de Adiat, resulta sorprendente la iniciativa de conservar a Conacyt y también la de crear un gabinete especializado, cuyas características son relativamente similares al existente Consejo General. Lo más notable es que en el marco del congreso, el pasado 23 de marzo, la Declaración de Monterrey y el conjunto de propuestas fueron presentadas a los tres principales contendientes a la presidencia de la República.

Según lo que reporta oficialmente Adiat, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota suscribieron la Declaración. En el caso de Enrique Peña Nieto solamente indica que: “felicitó a la ADIAT por el documento de la Declaración de Monterrey y mostró su apoyo para el contenido del mismo”.

Un nuevo marco institucional para el sector científico y tecnológico y su coexistencia con la educación superior no está decidido, como se puede advertir, pero seguramente su reforma será inevitable en la próxima administración.