Alejandro Canales Sánchez

A mitad del sexenio aún es difícil anticipar el rumbo de los ámbitos científico y tecnológico

La agenda en el terreno científico y tecnológico tiene varios pendientes para la segunda mitad del actual periodo de gobierno. Todos son importantes, pero uno de los ineludibles en el corto y mediano plazo es el tema del dinero. A la fecha sigue sin aclararse la acusación de corrupción sobre los desaparecidos fideicomisos públicos del sector y son más las interrogantes que las respuestas sobre el destino y retorno de esos recursos.

El asunto tiene mayor relevancia por otras dos razones. En primer lugar, el presidente de la República, López Obrador, hace poco más de un año anunció que le había ordenado al entonces consejero jurídico que se hicieran las auditorias correspondientes y, frente a evidencias de corrupción en los fideicomisos extinguidos, habría denuncias penales en la Fiscalía General de la República. Y prometió: “Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses y vamos a estar informando a los mexicanos caso por caso” (21.10.2020).

La misma directora del Conacyt, participante en aquel anuncio del presidente López Obrador, mencionó casos de desvío de recursos y expresó: “tenemos ya un análisis bastante completo, lo iremos detallando y se irá haciendo del conocimiento público, como nos ha indicado el señor presidente”. Pues no, pasaron tres meses, un año completo y nada; seguimos sin conocer ningún informe ni análisis.

En segundo lugar, el ejecutivo federal también ha incumplido durante la primera mitad de su gobierno, uno de los compromisos que hizo antes de iniciar su periodo de gestión. ¿Usted lo recuerda? Fue el 22 de agosto de 2018, en el periodo de transición, en el Palacio de Minería, cuando la miel caía en las hojuelas y los desencuentros de hoy estaban lejos de aparecer en el horizonte.

El presidente, en aquel largo foro, les dijo a miembros de la comunidad académica y científica ahí reunida que su “planteamiento muy concreto” era procurar un aumento presupuestal en términos reales pero, en el peor de los casos, nunca habría “un presupuesto por abajo de la inflación”. Tampoco fue el caso durante los tres años anteriores. ¿Las cosas serán diferentes en los tres años restantes? Tal vez, pero es difícil anticiparlo.

¿Alza atípica?

Lo único cierto es que la propuesta de gasto de la actual administración para el año próximo, por primera vez en el periodo, considera un incremento relativamente significativo para ciencia y tecnología. Si los diputados no disponen otra cosa, en términos nominales, el total de gasto pasaría de 84 mil 517 millones de pesos que recibió en este año a 93 mil 544 millones de pesos para el año 2022. De esta última cifra, Conacyt recibiría 29 mil 600 millones, o sea, casi tres mil millones de pesos más de los que ahora tiene.

Un incremento notable, pero más importante será constatar si se trata de un alza atípica o es el inicio de una tendencia sostenida o ascendente para los años restantes. No podemos soslayar que si se confirman los números para el año próximo, de todas formas no alcanzan a resarcir el rezago acumulado y tampoco supera el aumento que experimentó el sector, en términos reales, entre 2011 y 2013.

La otra punta de la madeja son las aclaraciones y destino de los fideicomisos. Al parecer solamente desaparecieron para algunas actividades, entre otras las de ciencia y tecnología, pero siguen funcionando para otros ramos administrativos y entidades. Según la organización Fundar, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año próximo, se incluyen 30 mil 555 millones de pesos para fideicomisos de ocho ramos, como Salud, Pemex, Fiscalía General de la República, Turismo, entre otros (Fundar).

Si se aprueba el PEF como está, el Insabi recibiría el año próximo poco más de 17 mil millones de pesos de los recursos a fideicomisos (más de la mitad del total) y, según la organización Fundar, serían para atención a salud y medicamentos gratuitos. Pemex recibiría un mil millones de pesos para producción de energéticos y mantenimiento de instalaciones; la Fiscalía 750 millones de pesos para fortalecer la investigación de delitos.

La pregunta es por qué persisten los fideicomisos en unos ramos y en otros no. Por ejemplo, el mismo PPEF, todavía en el año 2020, consideró un mil 220 millones de pesos de fideicomisos para el Conacyt, pero a partir de este año ya no fueron incluidos. Los principales argumentos del gobierno federal para eliminar todos los fideicomisos era que no rendían cuentas, tenían un manejo discrecional de los recursos y eran una fuente de corrupción. Entonces ¿los argumentos solamente aplican para unos casos? ¿Qué criterios se utilizan o cómo se define a quiénes sí y a quiénes no?

El dictamen de la ASF

Por otra parte, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), ese órgano técnico de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de los recursos públicos, al final del mes pasado entregó su informe preliminar e incluye dictámenes sobre el Conacyt que muestran las dificultades que ha tenido el organismo con la concentración de recursos derivados de los fideicomisos hacia la Tesorería de la Federación, el manejo de fondos y la continuidad de proyectos.

Por ejemplo, se indica que: el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt-Pronaces) comprometió recursos después del plazo que había establecido el decreto de extinción del 6 de noviembre de 2020. O bien, “autorizó el pago anticipado de la segunda y tercera etapas de 13 proyectos por 129 millones 604 mil de pesos, así como la ministración de la totalidad de los recursos aprobados para otro proyecto, en una sola exhibición en un caso, por 3 millones 177 mil pesos, sin sustentar los argumentos que justificaran su decisión” (pág. 80).

La ASF también dictamina que el Conacyt, en lo referente a la extinción de los fondos mixtos (esos fondos que se integraban con aportaciones del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales) ha cumplido al respecto, pero también señala que no proporcionó los estados financieros de los fondos del estado de México, ni de los municipios de Puebla y de La Paz, Baja California Sur.

Algo similar también dictaminó para el caso de los fondos sectoriales, indicando que el organismo ha cumplido con la extinción en términos generales, pero de un total de 76 millones de pesos pendientes de ministrar (en cifras redondas), no acreditó la documentación del Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social (FOSISS) que justificara recibir 68 millones y tampoco una determinación del comité técnico del Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social para recibir poco más de siete millones de pesos.

En fin, la ASF todavía deberá entregar un informe general para el próximo mes de febrero, sin embargo, está claro que la eliminación de los fideicomisos trastocó el funcionamiento del sector, la operación de algunos Centros Públicos de Investigación y la continuidad de diferentes proyectos de investigación. El problema es que a la fecha no existe un informe que muestre porqué la extinción fue la mejor medida y menos porqué no ocurre lo mismo en otros sectores.

Si el presidente destacó la opacidad en el manejo de los fideicomisos como argumento principal para eliminarlos, también cabría resaltar que el proceso mismo de su extinción está muy lejos de ser transparente y todavía menos porque el PEF sigue haciendo excepciones. La segunda mitad del actual periodo de gobierno no solamente puede ser la ocasión para mostrar y explicar toda la información al respecto, el ejecutivo federal también puede cumplir sus promesas.