Alejandro Canales Sánchez

La protesta del sindicato del personal académico del CIDE por incumplimientos a su contrato colectivo es una más de las expresiones de inconformidad asociadas a la desaparición de los fideicomisos del Conacyt

El sindicato del personal académico del CIDE (Sipacide) hace pública su protesta por incumplimientos a su Contrato Colectivo de Trabajo. Y son problemas que derivan de la eliminación de los fideicomisos. Las consecuencias de la extinción de estos instrumentos financieros en el ámbito académico y científico son y serán una fuente de conflicto, larga y permanente, en algunas instituciones.

Si estuviera claramente documentada la corrupción, la opacidad o el uso discrecional de esos fondos, sería más sencillo aceptar que su desaparición es lo mejor que pudo ocurrir. Tampoco habría mayores dificultades si hubiera otro mecanismo financiero u otras estrategias que garantizarán la continuidad de las actividades. No es el caso o por lo menos no son del dominio público.

En cambio, cada vez se acumula un mayor número de expresiones de inconformidad asociadas a la desaparición de los fideicomisos. No es para menos, simplemente porque en muchos de los casos fue equivalente a un corte abrupto de recursos y no había forma de saber cuándo o cómo se resolverían las cosas.

Así ocurrió con los becarios del fondo Sener-Conacyt en el Reino Unido que se quedaron sin saber bien a bien si podrían concluir o no sus estudios, lo mismo pasó con la operación en distintos grados de algunos Centros Públicos de Investigación y con la continuidad de las ministraciones en curso de proyectos de investigación. Sobre estos últimos se trataba de los proyectos que dependían de los llamados fondos sectoriales, mixtos e institucionales.

El sector científico y tecnológico operaba el mayor número de fideicomisos públicos de todas las dependencias gubernamentales: alrededor de un tercio del total. No obstante, la cantidad de recursos financieros que involucraban no era tan significativa: alrededor de 3 por ciento del total. O sea, muchos fideicomisos para operar en el sector, pero un volumen de recursos relativamente pequeño.

¿De qué volumen estamos hablando? Los cálculos son relativamente similares e indican que los recursos implicados en los fideicomisos eliminados en el sector es de alrededor de 21 mil millones de pesos. Tómese como referencia que este año el Conacyt, el organismo cabeza de sector, recibió 26 mil 600 millones de pesos y para el año próximo se tiene previsto autorizarle 29 mil 600 millones de pesos.

La comparación de cifras nos puede dar una idea de la importancia que tenían los recursos de los fideicomisos en la operación de las instituciones académicas y actividades científicas y tecnológicas. Seguramente, por la misma razón, poco antes del decreto de extinción, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, según lo reveló el propio presidente López Obrador, le había solicitado que por lo menos le permitiera conservar un fideicomiso para que ahí pudiera concentrar y distribuir los recursos (Versión estenográfica. 06.04.2020). No fue el caso; todos los fideicomisos desaparecieron en el sector.

Sin embargo, no todos los fideicomisos públicos se integraban únicamente con aportaciones del gobierno federal. De hecho, los fondos mixtos eran recursos de los gobiernos estatales —y algunos municipales— y el gobierno federal. Otros incluían recursos provenientes del extranjero.

El caso de la protesta sindical del CIDE por incumplimiento del contrato colectivo de trabajo es un ejemplo (04.11.2021). El manifiesto público del Sipacide incluye tres puntos. Uno de ellos se refiere a la remoción de Alejandro Madrazo, como titular del CIDE Región Centro, lo cual constituyó, en opinión del sindicato, una falta a una de las cláusulas de su CCT. Las otros dos puntos tienen que ver con la extinción de los fideicomisos. Por un lado, dice el sindicato, existe un retraso en el pago de estímulos a la publicación y desempeño docente que debió hacerse al final del mes pasado. Por otro lado, hace notar el retraso en el pago por “el trabajo realizado para proyectos con financiamiento externo”. Y sobre este último indica que el retraso es de un año.

El organismo sindical aclara que los retrasos e incumplimiento es consecuencia de la eliminación del fideicomiso del CIDE. Debido a que “la gran mayoría de recursos que había en ese fideicomiso eran propios o de terceros”, o sea, no eran del Estado mexicano, por lo cual fueron reintegrados al propio departamento de tesorería del CIDE. Sin embargo, precisa el Sipacide, el Centro “no puede ejercer esos recursos propios porque las nuevas reglas de operación están detenidas en Conacyt y falta la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

En fin, aunque el caso parece una minucia burocrática que pudiera autorizarse pronto, lo relevante para el sector es si retornará o no el mismo volumen de recursos que había en los fideicomisos. Otro asunto, igual o más importante, es qué mecanismo o nuevas reglas de juego sustituirán a los fondos competitivos. Lo veremos.

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Pie de página: Sorpresa: a punto de rebasar la primera mitad del periodo de gobierno parece que siempre sí habrá un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021 – 2024. Bueno, por lo menos este 9 de noviembre apareció un anteproyecto de decreto en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Atentos.