Alejandro Canales Sánchez

La falta de un Plan Nacional de Desarrollo seguramente tiene a las dependencias gubernamentales enfrentando múltiples complicaciones para decidir qué acciones pueden poner en marcha y con qué recursos financieros

Una auténtica novedad: sí habrá Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) en el actual periodo de gobierno. El pasado nueve de noviembre apareció un proyecto de decreto en el portal electrónico de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y es el paso previo para su existencia oficial. Aunque, si fuera el caso, solamente será para la segunda mitad del sexenio.

Según la Ley de Planeación, todas las entidades de la Administración Pública Federal deben elaborar sus respectivos programas con las acciones de gobierno que se pondrán en marcha en el periodo. De hecho, esos documentos son la base para informar anualmente al Congreso sobre avances y pendientes de la administración. Pero, previamente, debe conducirlos un Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Los plazos también están anotados en la misma norma: el PND debe ser enviado al Congreso para su aprobación a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a la toma de posesión del presidente (artículo 21). El Plan lo elabora el ejecutivo federal, pero participa la Secretaría de Hacienda porque debe calcular ingresos y gastos para la ejecución del Plan y programas.

Una vez recibido el Plan, el Congreso tiene dos meses para aprobarlo y si no se pronuncia, se da por aprobado. Después, dentro de los siguientes 20 días debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El Plan es legalmente existente. O sea, aproximadamente en el mes de mayo del año siguiente al inicio del periodo de gobierno.

Sin embargo, esos plazos se cumplirán a partir del año 2024, porque la reforma a la Ley de Planeación de 2018 estableció, en artículo transitorio, que el gobierno cuyo mandato comenzaba en el 2018, tenía hasta el último día hábil de abril del año siguiente para remitir su proyecto de plan a los diputados, así que el resto de plazos se recorrieron.

Seguramente usted recuerda, por ahí de mayo o junio del 2019, las tribulaciones de los diputados para decidir qué debían hacer. Tenían en sus manos dos versiones de PND: una elaborada por el presidente López Obrador y otra preparada por Carlos Urzúa, entonces titular de la Secretaría de Hacienda.

Al final, la decisión no tuvo ninguna complicación y, sin más, los diputados aprobaron la versión del PND de López Obrador. Sí, es la que aparece publicada en el DOF del 12 de julio del 2019. Sin embargo, tres días antes de esa publicación, el Secretario de Hacienda renunció al cargo e hizo públicos los motivos de su renuncia. ¿Los tiene presente? Fue una dura crítica al gobierno federal. Por ejemplo, dijo que se habían “tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. También señaló que la política económica no se estaba conduciendo con base en evidencia y calificó como inaceptable la imposición de funcionarios que desconocían el funcionamiento de la Hacienda Pública.

Incluso Urzúa hizo público lo ocurrido con el PND. Por ejemplo, claramente dijo que no se podía “escribir a vuela pluma un Plan Nacional de Desarrollo” y que él le comentó al presidente que su documento “no era un plan, sino más bien un manifiesto político y que como tal podría constituir un largo prefacio del otro” (El Universal 29.07.2019). No era un plan, pero fue el plan que aprobaron los diputados.

¿Qué tiene que ver esto con los programas sectoriales y el Peciti? En primer lugar, se supone que El PND es la base para elaborar lineamientos, estrategias y acciones de los programas de gobierno de todas las dependencias, porque desdoblan los grandes objetivos nacionales planteados en aquel y se calculan los recursos financieros.

El Peciti, lo hemos repetido una y otra vez, es especial porque se refiere a “prioridades del desarrollo integral del país” y porque incluye actividades relacionadas con dos o más dependencias. Conacyt es la cabeza del sector, pero debe coordinar y encauzar las actividades científicas y tecnológicas que realizan otras dependencias gubernamentales. El presupuesto federal se distribuye siguiendo esa misma estructura.

En segundo lugar, la mayor dificultad con el PND actual es que, como lo había anticipado, Carlos Urzúa, no tiene una estructura de plan, con objetivos generales y específicos, mucho menos indicadores o previsión de recursos. Por ejemplo, para el sector de ciencia y tecnología lo único anotado es un párrafo de tres líneas para decir que promoverá las actividades, apoyará con becas y estímulos y el Conacyt coordinará un Plan Nacional para la innovación (pág. 18). Eso es todo.

Otro aspecto es que el PND, por ley, debe indicar qué programas sectoriales, nacionales especiales, regionales e institucionales deben elaborar las dependencias gubernamentales. En general, suman casi medio centenar, pero en el plan actual, con excepción de nueve programas prioritarios que anunció el presidente López Obrador desde el comienzo de su gestión, no hay más.

Seguramente todas las dependencias gubernamentales han enfrentado múltiples complicaciones y un reto mayúsculo para decidir qué acciones pueden poner en marcha y con qué recursos financieros contarán. No lo saben. Tal vez ahí está la explicación de la inexistencia o el retraso en los programas sectoriales y especiales. Veremos qué dice el Peciti.

Pues sí, “el plan es que no hay plan”, como dijo, ante la inexorable catástrofe, uno de los personajes de la película coreana Parásitos.

_______

Pie de página: Poco a poco se van conociendo más detalles de las denuncias en contra de los 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt.// Felicitaciones: Julia Tagüeña recibió el premio “The Public Understanding and Popularization of Sciencie Award 2021” (Premio a la Comprensión Pública y la Popularización de la Ciencia 2021) otorgado por la Academia Mundial de Ciencias (TWAS, por sus siglas en inglés).