Alejandro Canales Sánchez

El nombramiento en el organismo puede ser el punto de quiebre en la gestión del sector de ciencia y tecnología.

Todavía no concluye el plazo para la designación de titular en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), vence el próximo 29 de noviembre, pero se especula que Juan Antonio Romero Tellaeche, director interino y aspirante a quedarse como definitivo, ya tiene la aprobación del Grupo de Auscultación Externa y solamente aguarda su ratificación.

Usualmente un cambio de titular en una institución de educación superior es un paso rutinario en la vida académica. Sin embargo, hoy el nombramiento en el CIDE está fuera de los muros institucionales y puede ser el punto de quiebre en la gestión de todo el sector de ciencia y tecnología.

Poco se puede añadir a la crónica de hechos y disputas que han protagonizado Enrique Cabrero y María Elena Álvarez Buylla, titulares del Conacyt en la pasada y en la actual administración, respectivamente. En estas mismas páginas ha quedado registro de los desencuentros desde la transición de gobierno en 2018 y siguen hasta hoy. Nada menos, Cabrero, también exdirector del CIDE, esta misma semana compareció ante la Fiscalía General de la República para conocer las imputaciones en su contra.

También poco cabe especular sobre la renuncia del anterior director del CIDE, Sergio López Ayllón, en agosto pasado; le restaban dos años para concluir su periodo cuando dedició separarse del cargo. Nada hay que agregar a los conocidos errores de José Antonio Romero Tellaeche, en poco más de dos meses. Los medios han reseñado de sobra la tensa relación con los estudiantes, los malos e injustificados modos de destitución de Alejandro Madrazo, director de la Sede Región Centro del CIDE, lo mismo que de Catherine Andrews, hasta hace poco secretaria académica del Centro.

Lo que ocurre entre el CIDE y autoridades del Conacyt repite un patrón que recientemente hemos presenciado en instituciones, programas y agrupaciones: comienza con descalificaciones o acusaciones graves, prolongadas en el tiempo y sin evidencia de respaldo; sigue una etapa de inestabilidad e incertidumbre; y concluye con cambio de reglas y fuertes restricciones presupuestales.

Las cosas pintaban mal para el CIDE y para todos los Centros Públicos de Investigación (CPI) desde mayo del 2019, cuando el gobierno federal emitió su memorándum de austeridad. El privilegio y el dispendio fueron componentes de la narrativa.

A pesar de que los CPI no son, en sentido estricto, una dependencia de la administración pública, también les aplicaron la norma que limitó gastos de operación y recortó su presupuesto para el año 2020, en el rubro de viáticos y pasajes aéreos (nacionales y al extranjero), así como en congresos, estudios e investigaciones. La pandemia evitó la salidas para todos, pero a los CPI les redujo el gasto.

Posteriormente, en el año 2020, vino la extinción de los fideicomisos, uno de los instrumentos financieros que más importancia tenían para el sector y especialmente para la operación de los CPI. Otra vez, primero, aparecieron las acusaciones de corrupción, opacidad y malversación de fondos como justificación.

Lo notable es que después de múltiples reuniones y sesiones de parlamento abierto, secretarios de Estado y legisladores quedaron convencidos de que, al menos, debían conservar los fideicomisos de los CPI y otros dos o tres que resultaban indispensables para el funcionamiento del sector.

Luego resultó que siempre no, el presidente López Obrador recriminó públicamente a los legisladores, ellos rápidamente se desconvencieron y de un plumazo desaparecieron todos los fideicomisos de ciencia y tecnología. Aunque siguen los de Salud, Pemex, Sedena y la Fiscalía General de la República, entre otros. Nuevamente, el sector se quedó sin recursos y con reglas de juego diferentes.

Algo parecido ocurrió con otras iniciativas: la transferencia directa de recursos públicos a las empresas; el funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; el reglamento del SNI y la participación de miembros de instituciones de educación superior privadas; o el Programa Cátedras Conacyt (ahora investigadoras e investigadores por México). Eliminación, limitación de recursos o reglas distintas

El cambio de normas no tendría nada de raro en un nuevo periodo, casi todas las administraciones buscan la trascendencia y diferenciarse de las anteriores. El mayor problema es que ahora los cambios se sostienen en una narrativa que no ofrece evidencia y, peor, en ausencia de un marco normativo (la ley general del sector tiene un año de retraso y el programa especial es la hora que no se publica).

No obstante, a diferencia de los conflictos anteriores, ahora hay un pliego de exigencias de estudiantes del CIDE a las autoridades del Conacyt y del Centro, cuyo emplazamiento es para este 29 de noviembre. Y sí, tal vez podría ser un punto de quiebre en el recurrente patrón de la actual administración del sector.

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Pie de página: Ya están los resultados del programa “Investigadoras e investigadores por México” (antes Cátedras Conacyt), lo malo es que solamente salieron 39 plazas (10 para instituciones de educación y 29 para la administración pública). Lo grave es que hay dudas sobre los resultados y el mecanismo de asignación.