Alejandro Canales Sánchez

Después de dos años de incertidumbre, el programa se encuentra rodeado de limitantes y precariedad

Lo que ocurre con el programa Cátedras Conacyt –ahora denominado Investigadoras e investigadores por México— permite entender el creciente malestar en el sector científico y tecnológico e ilustra el peculiar estilo de conducirlo.

El programa, como se sabe, fue diseñado por la administración anterior como opción laboral ante la creciente demanda de jóvenes doctores que no encontraban ni encuentran fácil acomodo en el mercado de trabajo. Básicamente, propuso la instauración de cátedras conforme temas y proyectos de investigación de las instituciones; los solicitantes se inscribían en la convocatoria correspondiente y si resultaban seleccionados eran comisionados a una universidad o centro de investigación.

Conacyt funge como patrón y el lugar donde se desempeñan es la institución de adscripción. Los contratos son por diez años, pero pueden ser prorrogables tantas veces como sea necesario, aunque la idea era que las instituciones abrieran plazas y los jóvenes concursaran por las mismas. Muy pocas se abrieron.

El problema recurrente son los recursos financieros. El programa arrancó en 2014 con la aceptación de poco más de medio millar de doctores y se suponía que anualmente aceptaría un número relativamente similar. No obstante, en 2015 la cifra se redujo a la mitad y en los años siguientes la cantidad de aceptados fue parecida, hacia el 2018 los catedráticos sumaban poco más de 1,500. El presupuesto fue el obstáculo para su expansión.

Al inicio del actual periodo gubernamental, en febrero del 2019, seguramente usted lo recuerda, vino un primer desencuentro con los jóvenes del programa. Otra vez, en el centro del problema estaba el asunto de los recursos financieros. En aquella ocasión, la directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, dijo que se encontró con un programa insostenible porque había alrededor de 1,500 catedráticos “colgados” de la nómina de Conacyt y eso tenía que cambiar sí o sí.

Las apreciaciones sobre el desempeño de los catedráticos encendió los focos de alarma. Obviamente los jóvenes no permanecieron impasibles y rápidamente montaron una campaña para difundir la normatividad que amparaba su trabajo y, sobre todo, para divulgar sus logros. Apareció el germen de su organización. La directora del Conacyt tuvo que rectificar y decir que, en realidad, intentaría ofrecer verdaderas alternativas laborales.

No obstante, ninguna alternativa se formuló; tampoco hubo convocatoria del programa en 2019 ni en 2020. Los catedráticos, por su parte, se organizaron en un sindicato (Siintracátedras) y buscaron la negociación de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Precisamente, cuando estaban en el proceso de negociación y como también ha ocurrido con otros programas u organizaciones en el sector, la autoridad modificó los lineamientos y nombre del programa. Un patrón que se ha repetido en otros casos.

En general, el programa conservó el principio de funcionamiento y evaluación laboral, pero endureció algunos requisitos y condiciones (por ejemplo, el cambio y permanencia en el SNI). Nuevamente vinieron las protestas y las aclaraciones, las cosas se tranquilizaron cuando la autoridad dijo que las nuevas normas no serían retroactivas.

En fin, todavía no hay una resolución definitiva sobre el CCT, pero la Junta de Conciliación y Arbitraje consideró que no procede el derecho de huelga ni la firma de un CCT. El caso es que en ese contexto, el Conacyt emitió la nueva convocatoria del programa, ahora con nombre nuevo.

La variación principal del actual programa, como ya lo puntualizamos en estas mismas páginas (Campus No. 919), es una nueva modalidad de institución receptora. Ahora los jóvenes doctores, además de instituciones de educación superior, también pueden optar por dos o tres dependencias gubernamentales como entidades de adscripción.

Los resultados de la nueva convocatoria se publicaron en el mes de noviembre y otros más la semana pasada. Lo inquietante no solamente es el escaso número de jóvenes seleccionados, en ambas fechas suman 81(mitad para instituciones académicas y mitad para la administración pública), más grave es que, se especula en redes sociales, se adjudicaron 12 plazas a seis grupos de investigación (@ObreroFuturista 2021, 13 de diciembre). O sea, pocas oportunidades laborales y encima sesgadas.

En resumen, después de una incertidumbre de dos años, seguimos con el mismo programa pero más recortado, con criterios más endurecidos y sin resolver la precariedad laboral de los jóvenes. Claro, aparte, estuvo la amenaza de suprimir el programa, el cambio de reglas a la mitad de las negociaciones con el sindicato y la negativa firmar un CCT. Una secuencia de hechos que no podía generar más que desconcierto y malestar. ¿Había necesidad? No.

Además, el caso muestra la importancia de la transparencia, rendición de cuentas y vigilancia social de los programas gubernamentales, sobre todo para desmentir o confirmar si la distribución de plazas favorecen o no a determinados grupos de investigación. Muy importante.

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Pie de página: El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que citarán a comparecer a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, para buscar solución al conflicto del CIDE. El respaldo hacia el Centro sigue en aumento.