Alejandro Canales Sánchez

El 28 de diciembre del 2021, dos años después de cuando debió ser, apareció el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) de la actual administración. La publicación del programa en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue una de las últimas novedades al cierre del año y ya es, oficialmente, el documento que regirá la política del sector para la segunda mitad del periodo de gobierno.

Lo dijimos una y otra vez en este Acelerador de Partículas: imposible entender por qué legalmente no existía el Peciti 2021-2024 si las autoridades decían que su elaboración ya estaba concluida. La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, desde el 2019 dijo que el programa estaba aprobado por las instancias correspondientes y, sin embargo, no se difundía oficialmente.

De hecho, la titular del Conacyt expuso formalmente el programa ante legisladores, las mismas láminas de presentación también las dio a conocer en las conferencias de prensa del presidente López Obrador e incluso en actos diplomáticos. Pero el documento simplemente no estaba en ningún lado.

¿El Pectiti tiene importancia legal o es completamente irrelevante? Si se trata del programa que contiene, en blanco y negro, los objetivos estratégicos y las acciones a llevarse a efecto para un determinado sector de la administración pública, no hay duda de que tiene un lugar sobresaliente en los deberes de la planeación.

Después de todo, en su momento, cuando quedó en la ley sectorial de 1999 que el programa para ciencia y tecnología debía ser considerado especial, lo que resaltó fue la posibilidad de integrar y coordinar intersecretarialmente los objetivos y el gasto público para esas actividades, puesto que diferentes entidades destinaban parte de su presupuesto a ese efecto.

La Ley de Planeación, como aquí mismo lo hemos apuntado, destaca que se denominan programas especiales a aquellos que refieren prioridades de desarrollo integral del país y que incluyen dos o más dependencias coordinadoras del sector. El Conacyt es el organismo rector, pero participan de las actividades muchas otras secretarías y entidades.

No obstante, la fuerza legal y capacidad vinculante del Peciti, como de muchos otros programas de la administración pública, ha sido relativamente escasa desde hace tiempo. Al término de cada periodo gubernamental los resultados siempre quedan por debajo de las expectativas y siempre hay razones para justificar la falta de logros. Pueden ser las cíclicas crisis económicas, otras prioridades nacionales, el limitado presupuesto, la abulia gubernamental e imponderables, como la pandemia en curso. El futuro se vuelve a diferir para una siguiente administración.

Las perspectivas todavía eran más inciertas en la actual administración. La flexibilidad de las normas se ha extendido al máximo, incluso la omisión de diferentes ordenamientos secundarios o de una nueva ley general para el sector que estableció la reforma del artículo 3º constitucional de 2019.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (DOF 17.07.2019), en el cual debió estar incluido el sector como prioridad para el desarrollo integral de la nación y destacar los lineamientos que darían lugar al Peciti, solamente hizo una mención en un párrafo de tres líneas.

El mismo Plan tampoco indicó que programas (sectoriales, institucionales, regionales o especiales) debían ser elaborados. Solamente quedaron enlistados los nueve programas de política social que continúan como prioridad de la actual administración. El Plan no era un plan ortodoxo y el primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, lo calificó como un manifiesto político.

¿El problema queda resuelto con la existencia del Peciti? Parcialmente. Ahora está plasmado de forma explícita el diagnóstico del sector, los grandes objetivos que se propone la presente administración y las acciones que pondrá en marcha. Lo sorprendente es que no hay ninguna explicación pública del retraso en su publicación o si la demora tendrá implicaciones en las metas.

La autoridad simplemente comunicó que el programa entró en vigor a partir del pasado 29 de diciembre y que es “un instrumento de observancia obligatoria y es resultado del trabajo de diseño y coordinación interinstitucional” (Comunicado 274/2021. 29.12.2021).

Los programas, antes de los años 2000, eran un elocuente ejercicio de retórica y de pocos números. Un elemento positivo es que, en las últimas dos décadas, los programas sectoriales y especiales, incluyen metas cuantitativas y una serie de parámetros que permiten valorar la ambición y esfuerzo de cada administración. El Peciti 2021 – 2024, aunque con sobredosis de componentes ideológicos, no fue la excepción y también incluye un apartado de metas con los indicadores respectivos.

Posteriormente examinaremos en detalle el programa y habrá oportunidad de contrastar lo realizado en la primera mitad del ejercicio de gobierno con las metas autoimpuestas. Al final sabremos si el futuro prometido, otra vez, quedará diferido para un siguiente periodo.

Pie de página: el año 2021 concluyó y, por primera vez en la historia del programa, los resultados de la convocatoria del SNI no estuvieron listos.// ¡Un año de lo mejor para todos ustedes!