Alejandro Canales Sánchez

Todavía la semana anterior, luego de posponer la reunión de la Asamblea General de Asociados, máximo órgano del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), parecía que el prolongado conflicto en esa institución podría tener arreglo.

Sin embargo, el lunes de esta semana sesionó la Asamblea y quedó claro que las autoridades no estaban dispuestas a moverse un milímetro de su posición inicial: los nombramientos de director y secretario académico van porque van y sí o sí las facultades del órgano interno de la institución quedan acotadas.

La Asamblea General está integrada por ocho asociados: la persona titular del Conacyt (preside la asamblea y es considerada como representante del gobierno federal); las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Energía y Economía; el Colegio de México; el Fondo de Cultura Económica, y el Banco de México.

El acta de la reunión no está públicamente disponible, seguramente en algún punto habrá de conocerse, pero el sentido de los votos rápidamente se conocieron. A favor cinco: Conacyt, Educación, Hacienda, Energía y Fondo de Cultura Económica; dos en contra: Economía y el Colmex; y una abstención: Banco de México.

Sin embargo, la solución probablemente se quedará en el papel, porque seguramente no será nada fácil recuperar la normalidad en la institución, tampoco será sencillo contener la inconformidad en la arena de los Centros Públicos de Investigación (CPI) y su repercusión en el campo académico.

Los cambios que se aprobaron, lo anotamos aquí hace un par de semanas (Campus No. 931), con formas y tiempos de operación política debidos, si acaso solamente habrían levantado cejas, porque se refieren a aquellos artículos de procedimiento para la designación del titular del Cide, también sobre los requisitos a cumplir por la persona que aspire a la secretaría académica de la institución y aquellos que otros que regulan las funciones del órgano colegiado interno del CIDE.

O sea, en realidad, se trata de modificaciones que corresponden al funcionamiento y gobierno de la institución, usualmente sólo serían de interés para su propia comunidad. No obstante, la reforma cobró otra dimensión porque cambia las reglas de juego para que cuadren con hechos consumados, así que los acontecimientos rebasaron el perímetro institucional, encresparon a estudiantes y profesores y la protesta estuvo al día siguiente de la aprobación en las primeras planas de los periódicos de circulación nacional.

El conflicto institucional ya forma parte de la agenda política nacional, porque no solamente incluye cerrar unas instalaciones académicas o bloquear una carretera, también se debe a que las decisiones en marcha parecen tocar el límite. Las medidas y el recorte presupuestal indiscriminado a los CPI del memorando de austeridad de mayo de 2019 están registrados y desde luego el Cide no fue la excepción. A pesar de que es una institución académica tampoco escapó a un injusto tratamiento como entidad paraestatal y menos a la eliminación de los fideicomisos que dejó en la incertidumbre la operación de múltiples proyectos.

O bien, la reciente oferta de becas para todos los alumnos de posgrado, incluyendo a los matriculados en los CPI. Ni hablar de la renuncia del anterior director del Cide en agosto del año pasado, el interinato que le siguió y lo que ocurrió en los meses siguientes hasta hoy. Pues sí, el tema está claramente en los pendientes del campo académico y en la lista de agravios.

Además, la problemática ha mostrado una amplia resonancia internacional. Probablemente, el respaldo de organizaciones y personalidades de diferentes partes del mundo a la comunidad cideíta se debe al pujante trabajo y vínculos que ha realizado más allá de las fronteras nacionales, pero también porque la arbitrariedad de las decisiones son inocultables.

El acta de la reunión extraordinaria de la Asamblea de Asociados del Cide no se conoce, pero la doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colmex, una de las instituciones asociadas, dio a conocer la posición que sostuvo en esa reunión (t.ly/6ySX). Los dos primeros puntos son impecables y suficientes para entender la injusticia del caso.

Por ejemplo sostuvo que no se podía aprobar una reforma al estatuto orgánico “dado que el procedimiento en sí mismo no cumple con lo que dicho Estatuto señala”. Lo hemos repetido en innumerables ocasiones: se ha configurado un patrón de cambio de reglas en el sector que quiebra o no respeta la jerarquía normativa.

La presidenta del Colmex también sostuvo que: “cualquier cambio a la normatividad requiere de la participación previa de los órganos colegiados, tal como está en el Estatuto actual”. Un principio elemental de cualquier organización académica.

En fin, tal parece que era completamente innecesario tanto desatino, crispación y encono, solamente hacia falta algo de sensibilidad académica y política, así como respeto a reglas elementales de juego. El conflicto no está zanjado.

Pie de página: ¿La sección “Quién es Quién en las Mentiras”, dependiente de la presidencia de la República utiliza un correo de Gmail y fue hackeada? ¿Por qué no tiene una cuenta institucional? Todavía hace un año el presidente López Obrador, a propósito de la censura en redes sociales decía que solicitaría al Conacyt diseñar una red propia. Pero…