Alejandro Canales Sánchez

El órgano rector de la política científica y tecnológica en México, el Conacyt, sumó más desencuentros en el sector, ahora sobre las becas de posgrado y los posdoctorantes. El asunto tuvo amplia resonancia mediática y la polémica se concentró sobre la veracidad o falsedad de lo que intenta poner en marcha la autoridad. Lo preocupante, sin embargo, es que, otra vez, se trata de fallas en la modificación, procedimientos e interpretación de las normas.

El tema fue desencadenado por una nota del periódico El Universal sobre el nuevo proyecto de reglamento de becas del Conacyt, básicamente sobre su artículo 20, referido a la suspensión de beca para las embarazadas, en parto o puerperio (27.01.2022: A4). Y ahí comenzó la escaramuza.

Algunas posiciones destacaron que era una nota periodística dolosa porque, en realidad, la “suspensión” referida en el proyecto de reglamento intentaba respaldar a las becarias en esas condiciones. O sea, el periodo de suspensión no estaría contabilizado en los estudios, la beca se reanudaría posteriormente y las becarias tendrían mayor y mejor oportunidad de cumplir con todos sus compromisos.

Por el contrario, otras posiciones hicieron notar la arbitrariedad de los cambios normativos de la administración y que la palabra suspensión en un reglamento no era la mejor, porque implicaba más bien un castigo. En su lugar, han dicho, bien se pudo utilizar el término “extensión”, así no habría lugar a equívocos y le otorgaría a las mujeres verdaderas facilidades para continuar o concluir sus estudios.

¿Y para qué o por qué cambiar el reglamento de becas de posgrado? Lo hemos dicho aquí en diferentes oportunidades: cada administración gubernamental modifica las normas según sus lineamientos de política sectorial y frecuentemente siguiendo su Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti).

El Peciti de este periodo, lo anotamos en este Acelerador de Partículas hace dos semanas, nada dice de un cambio en la política de becas, tampoco sobre una reforma a los estudios de posgrado. ¿Entonces? La directora del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, desde el año pasado anunció su intención de sustituir el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y, más específicamente, el mes pasado, dijo que habría becas para todo estudiante de posgrado inscrito en una institución pública de educación superior.

Así que un cambio en el reglamento de becas seguramente corresponde a esas intencionalidades. El problema, otra vez, es el quiebre de normas, el diseño improvisado, los procedimientos atropellados y la escasa articulación con el resto de los programas e instrumentos de política.

Si el tema de género no fuera tan relevante y la protesta no se hubiera generalizado, seguramente, la norma habría sido aprobada sin más por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Después publicada en el Diario Oficial de la Federación y finalmente aplicada según interpretación de la autoridad.

No es ninguna exageración. El portal electrónico de la Conamer tiene el registro de las múltiples y variadas críticas a diversas modificaciones normativas propuestas por el organismo rector en la actual administración. No necesitamos ir muy lejos, ahí están, en la Conamer, centenares de opiniones sobre las modificaciones al estatuto orgánico del Conacyt o a las distintas reformas del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Los proyectos no cambiaron ni una coma.

¿Por qué la Conamer desestima las críticas o sugerencias? Fundamentalmente porque solamente analiza el impacto regulatorio de la norma (AIR), no juzga ni se pronuncia sobre la legalidad, contradicción o competencia de la misma, únicamente considera si sus beneficios son superiores a sus costos.

Algo parecido ocurrió con los posdoctorantes. La reforma al reglamento del SNI, en su artículo 62, referida a los requisitos para recibir el incentivo, señala que debe “ser personal activo, remunerado y vigente” en alguna Institución de Educación Superior. El asunto es que muchos posdoc no cumplen con ese requisito y, además, no recibieron el incentivo de enero en la fecha prevista. Ahí comenzó la organización de la protesta de los posdoc en las redes sociales.

Nuevamente. la autoridad tuvo que aclarar que los apoyos del SNI no serían cancelados o suspendidos y que si no llegaron cuando debían, serían regularizados de forma retroactiva en la primera semana de este mes (Comunicado). Otra vez, dependiendo de la interpretación de la norma.

Tal vez si las modificaciones normativas se hicieran considerando la participación de comunidades y órganos colegiados —válido tanto para un reglamento como para una ley general—, seguramente tendríamos mejores resultados. Si la autoridad se empeña en ignorar las circunstancias, terminaremos con una inservible maraña de normas, salidas improvisadas y la repetición de fallas y arbitrariedades.

Pie de página: ¿Cómo resolverá el Conacyt las sugerencias para cambiar su reglamento de becas? Pendientes. Por cierto, ¿la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt sigue en suspensión o qué hace?