Alejandro Canales Sánchez

La Fiscalía General de la República es un órgano público autónomo y el fiscal Alejandro Gertz Manero ejerce sobradamente esa autonomía. Nada parece afectar su responsabilidad ni su posición. No importa lo que sea, el ámbito de interés público al que se refiera o la dimensión que alcance, él permanece inmutable.

Si la reciente filtración de la conversación telefónica entre el fiscal general y uno de sus subordinados, Juan Ramos López, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en la que parece configurarse un grave quebranto a la ley, tampoco lo obliga a rendir cuentas, ya se podrá entender por qué los asuntos en el terreno de la actividad científica y tecnológica ni siquiera han merecido una explicación o rectificación.

No lo fue su nombramiento como investigador nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. A pesar de que tiempos, méritos y procedimientos fueron ampliamente cuestionados, la autoridad del Conacyt simplemente se limitó a indicar que el caso había sido valorado por una comisión especial —un procedimiento excepcional— para corregir evaluaciones previas que habían infligido daño al fiscal.

El Conacyt simplemente informó que, después de un análisis, la comisión determinó que “el agraviado, con tres doctorados en Derecho y autor de obras notables y con trascendencia significativa en el ámbito nacional e internacional, había recibido un daño reiterado y acumulado a lo largo de 10 años, por lo que éste debía ser reparado con la asignación del nivel SNI III” (Comunicado 12.06.2021).

Menos atención mereció la irregularidad de la obra académica presentada por el fiscal. Los méritos y libros de Gertz Manero, esos que le permitieron recibir la distinción de investigador nacional, fueron puestos en tela de juicio. Guillermo Sheridan documentó que el fiscal Gertz Manero había cometido plagio académico en dos de sus libros (El Universal 29.09.2021: 26). Un desapego a las normas éticas en la elaboración de textos obra se considera una falta grave en la academia. Sin embargo, el nombramiento del fiscal siguió como si nada.

La autoridad del sector también ignoró la solicitud de centenares de miembros del SNI para revisar la presunta falta de ética del fiscal. La carta de octubre del año pasado, dirigida a las autoridades del Conacyt y a la presidenta de la Junta de Honor del SNI, no fue atendida, ni entonces ni ahora. Ni una palabra; la Junta no se dio por enterada.

El fiscal tampoco se inmutó cuando se desestimaron los cargos a una treintena de científicos y exfuncionarios del Conacyt. Seguramente usted recuerda que un juez de distrito le negó la orden de aprehensión solicitada porque consideró que no se configuraba un hecho delictivo. La fiscalía se limitó a advertir que volvería “a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan” (Comunicado FGR 377/21). Otra vez quedó impasible.

El cargo de fiscal general, según la ley correspondiente, tiene una duración de nuevo años (artículo 8). La responsabilidad sobre su designación y separación de sus funciones es compartida por el ejecutivo federal y el Senado de la República. No obstante, el presidente es el único que puede removerlo por causas graves, el Senado puede objetar la remoción en los siguientes diez días hábiles y restituirlo sus funciones, solamente si no se pronuncia al respecto el fiscal puede ser removido (fracción IV del 102 constitucional).

¿Qué piensa el ejecutivo federal del desempeño del fiscal y lo indebido, como parte interesada, de que tuviera en sus manos un proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia? Esa misma pregunta le hicieron al presidente López Obrador el lunes 7 de marzo y él se limitó a decir que el poder judicial resolverá el caso.

El presidente López Obrador añadió que si el fiscal hablaba mal de los ministros era su visión de las cosas y además dijo que él tampoco les tiene confianza a los ministros ni a los jueces porque “no han demostrado actuar con rectitud y sobre todo no han entendido que deben hacer justicia pensando en todos”. Volvieron a insistirle si mantenía su confianza en el fiscal y el presidente respondió lacónicamente: “Sí, sí tengo confianza en el fiscal” (Versión estenográfica 07.03.2022).

A propósito del episodio más reciente protagonizado por el fiscal general, han aparecido evidencias y recuentos sobre las presuntas y diversas irregularidades que ha cometido, cada vez más graves, pero nada parece perturbar su posición ni su cargo. El ejercicio de sus funciones tiene un blindaje de máximo nivel, no está nada mal la amplitud de facultades que tiene, su régimen de autonomía y el sobrado respaldo presidencial.

Seguramente por eso el fiscal no se inquieta y permanece imperturbable, menos todavía sobre los mundanos asuntos del ámbito académico. Así continuará hasta que deje de estarlo.

Pie de página: El acuerdo secretarial 03/02/22 reagrupó a entidades paraestatales del sector educativo en unidades administrativas de la SEP. Por ejemplo, en la Subsecretaría de Educación Superior quedó el Cinvestav, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, el Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (POI) y el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Pronto advertiremos los efectos de esta reagrupación.