Alejandro Canales Sánchez

El acuerdo para desechar la acusación de plagio académico en contra del fiscal Gertz Manero y su polémico nombramiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), exhibe las dificultades en la dirección del sector y, algo que parece más grave, un resquebrajamiento sistemático de instancias colegiadas que compartían o comparten buena parte de las responsabilidades en el funcionamiento del sector.

Porque, otra vez, aparecen lo tropiezos con las palabras y las normas, pero cada vez más la credibilidad y honorabilidad de los organismos o personas involucradas queda resentida, cuando no en abierto cuestionamiento. Si usted pensaba que los errores y agravios de los primeros tres años en el sector quedaban atrás, todo indica que continuarán en esta segunda mitad.

Todavía la semana pasada, lo dijimos aquí mismo, ninguna respuesta oficial había sobre la carta abierta que enviaron miembros del SNI en octubre del año pasado, una solicitud dirigida a las autoridades del Conacyt y miembros de la Junta de Honor del SNI para que revisaran posibles faltas del fiscal Gertz Manero. En especial, llamaron la atención a una posible “falta de ética” del fiscal porque exhibió “como documentos probatorios de su trabajo académico al menos dos libros con abundantes plagios”. Las autoridades no se dieron por enteradas y en todos estos meses no hicieron ningún pronunciamiento.

Sin embargo, la misma semana pasada, circuló el oficio de respuesta a la solicitud, firmada por el maestro Andrés Triana Moreno, encargado de despacho de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt y también secretario ejecutivo del SNI, en la que hacía saber el acuerdo de la Junta de Honor.

¿Qué dice la notificación oficial? Pues que una vez revisadas todas las pruebas y aplicada la normatividad correspondiente, la Junta de Honor “acuerda por unanimidad, desechar la queja presentada en contra del Dr. Alejandro Gertz Manero”.

¿Y cuál era la razón? El acuerdo simplemente enunció: “En virtud que, ninguno de los quejosos es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas, por lo que no hay interés directo en la verificación o rectificación de las obras señaladas”.

Además, como los acuerdos y recomendaciones de la Junta de Honor no son de aplicación directa, sino que deben turnarse al Consejo General del SNI para lo conducente, el mismo oficio informa que el Consejo resolvió adoptar el mismo acuerdo, punto por punto. Y fin de la polémica. No.

La discusión pública se ha centrado en lo descabellado que parece el acuerdo tomado por la Junta de Honor porque, como está redactado, ocurre que si no está presente el autor afectado o no se demuestra que se poseen los derechos de propiedad de una obra plagiada, entonces no se puede denunciar o demandar el esclarecimiento de un caso.

El acuerdo de la Junta de Honor ha sido calificado como una tragedia y, ante la gravedad del caso, una buena parte de investigadores han solicitado reponer el proceso y otros lo han ridiculizado. Porque si la Junta de Honor sólo le concede importancia a los derechos de propiedad y una acusación de plagio solamente procede con la presencia de los autores plagiados, entonces algunos académicos han dicho que se anotarán como creadores de obras clásicas de autores ya fallecidos y las presentarán como propias para promoverse.

Sin duda el tema del plagio académico es un problema creciente, tiene muchas aristas, amerita un debate amplio y medidas para contenerlo, lo mismo que el problema ético involucrado. Sin embargo, el acuerdo de la Junta de Honor pone en tela de juicio su propio papel, tanto como su ámbito de competencia, responsabilidad y honorabilidad de las personas que lo integran. Porque al menos una de sus integrantes ha dicho que no fue convocada a la reunión. La Junta falta a la verdad. No solamente.

El acuerdo de la Junta de Honor alcanza al Consejo General del SNI, este último es la máxima autoridad del SNI, instancia que también ratificó el acuerdo y estaría validando algo incorrecto. Añadamos que ese órgano anteriormente se denominaba Consejo de Aprobación, tenía el mismo número de integrantes, pero una composición distinta. Las últimas reformas añadieron un representante de la ANUIES y la elección de tres investigadores de forma directa. El problema es que cambió sin respetar la todavía vigente ley del sector y sin dar a conocer públicamente procedimientos y resultados.

Algo similar ocurrió con los cambios en el otro Consejo General, el correspondiente a todo el Conacyt, el que preside el ejecutivo federal y participan varios secretarios de Estado, cuya composición también se modificó sin más. Y otra tanto pasó con la modificación e integración de las comisiones dictaminadoras del SNI o de sus comisiones especiales. O bien, con el impugnado reglamento de becas o el estatuto académico para el personal ex cátedras Conacyt.

En fin, los cambios arbitrarios en las normas, tanto como su libre interpretación, están causando estragos en las distintas instancias que permiten el funcionamiento del sistema científico y tecnológico. La pérdida de credibilidad no solamente se refleja o reflejará en los diferentes órganos, también alcanza al organismo rector y a la reputación de las personas que participan en una u otra posición. Pronto habrá vacantes en diversos organismos que nadie desea ocupar.

Pie de página: El horno no está para bollos, pero el fiscal Gertz Manero adelantó que sí procederá de nueva cuenta en contra de los 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt. Al final de este mes vence el plazo para presentar la acusación. Atentos