Alejandro Canales Sánchez

La variable de género no era ni es el cambio más amplio y profundo en el reglamento de becas de posgrado. El vuelco que ahora está en marcha con el nuevo reglamento, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación (16.03.2022), tendrá hondas repercusiones en la formación de los futuros científicos y lo más probable es que no sea para bien.

Al inicio de este año, el proyecto de nuevo reglamento de becas de posgrado, en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), recibió fuertes críticas porque incluía el retiro de apoyo a becarias embarazadas. La enredada redacción inicial fue modificada y ahora explícitamente indica que la suspensión de beca procederá: “Cuando la persona Becaria la solicite con motivo de alguna situación de caso fortuito, de fuerza mayor o cualquier otra situación que lo amerite, incluyendo enfermedad, embarazo, parto, puerperio o labores de crianza, entre otras” (DOF. 16.03.2022: 81).

Además, el nuevo reglamento, aparte de errores y prisas, tiene novedades que no estaban en la primera versión. Una de ellas es la serie de considerandos que fundan su modificación. Sobresalen acusaciones muy graves al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). ¿Usted recuerda esa iniciativa? Surgió al comienzo de los años noventa como Padrón de Excelencia y una década después su denominación cambió a PNPC y fue básicamente una medida para discriminar la calidad de los programas de posgrado que comenzaron a proliferar por aquellas fechas. La pertenencia al padrón aseguraba becas para los estudiantes matriculados, entre otras cosas.

Ahora, la nueva norma acusa que el PNPC: “toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística o científica, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer ‘clientes’ que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por concepto de inscripción, colegiaturas o análogos” (DOF. 16.03.2022: 72)

Añade que ese mismo padrón ha sido incapaz de evaluar cualitativamente “el rigor epistemológico” porque se limitó a dar “acreditaciones y sellos de distinción de algo que mal llamaron ‘calidad’, construida a partir de criterios de evaluación cuantitativos y tecnocráticos, con estándares ajenos a nuestra realidad y alejados de los intereses nacionales” Además, dice, promovió la privatización y el lucro en las instituciones públicas.

Todavía más relevante, señala que la intermediación en la selección de los becarios “promovió la formación de cotos de poder que pervirtieron los principios estrictamente académicos” e incluso motivaron “favoritismos, discrecionalidad y ‘mercados de favores’, así como terreno fértil para el acoso y abuso de toda índole en perjuicio de las y los estudiantes”. Grave, muy grave.

En consecuencia, dice el nuevo reglamento, la actual reforma, en el contexto de un nuevo Sistema Nacional de Posgrados (SNP), ya no concebirá la evaluación de programas mediante “indicadores abstractos, cuantitativos y aislados”. Por el contrario, serán: “criterios cualitativos imbricados en una red sistémica que suma, integra y articula las capacidades nacionales para atender prioridades reales”.

El reglamento, dividido en ocho capítulos, desglosa 28 artículos y cuatro transitorios. Y ahora incluye un artículo (el número tres) que no estaba en la versión del pasado mes de enero y se refiere a los principios que regirán la asignación y administración de las becas. Ahí se enumeran, por ejemplo, el de “austeridad republicana”, el de “autonomía académica” de las instituciones para establecer sus mecanismos de admisión y operación de sus programa de posgrado, o bien, el de “acceso universal”, con la puntualización de que incluye la colaboración y corresponsabilidad de las instituciones de educación superior (IES).

Todavía hay dos principios aún más decisivos para la operación del programa de becas: el de “colaboración” y el de “no intermediación”. El primero anuncia que se integrarán las instituciones de educación superior para aprovechar de forma más eficiente las capacidades nacionales. El segundo, la no intermediación, anticipa que la entrega de las becas será directa “sin la intermediación de coordinaciones, asociaciones, fundaciones o instituciones académicas o de la sociedad civil de ningún tipo”. ¿Estos cambios no ameritaban un nuevo dictamen de la Conamer? Probablemente sí.

Los considerandos y los principios de la nueva norma plantean más interrogantes que seguridad en la operación de las becas. Porque, otra vez, estamos ante un ordenamiento que tiene adjetivos floridos para allanar su puesta en marcha y motivar los cambios, pero carece de un diagnóstico, serio, con datos y evidencias, para sostener sus afirmaciones y los cambios. ¿Cuántos programas fueron o son simulaciones? ¿Cómo opera ese “mercado de favores”? ¿Cómo funcionará la evaluación cualitativa para el nuevo SNP? ¿De verdad las becas serán universales?

Discutir el PNPC o el posgrado nacional es imprescindible, pero improvisar medidas llevará al caos y hará añicos los procesos de formación. Volveremos al tema con algunos datos. Pero, solamente en términos de logística, anticipemos: ¿se imaginan a los servidores y la página web del Conacyt atendiendo a casi 240 mil alumnos del posgrado nacional? Más fácil: ¿dando respuesta únicamente a los 122 mil alumnos del posgrado público? Ni eso, ¿registrando los datos de alrededor de 40 mil jóvenes de primer ingreso del sistema público que tocan la ventanilla cada año? Preocupante.