Alejandro Canales Sánchez

Una ausencia fue notoria. El motivo de la sesión era anunciar el trabajo conjunto de diputados y senadores para expedir por consenso una nueva ley general de ciencia y tecnología. La foto de los legisladores fue elocuente, sentados a la mesa, el pasado 23 de marzo, estaban el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, la senadora Olga Sánchez Cordero y el diputado Sergio Gutiérrez, estos últimos titulares de las dos cámaras.

Además, estaba el diputado Javier López Casarín y el senador Jorge Carlos Ramos Marín, legisladores que encabezan las comisiones de ciencia y tecnología del Congreso. Completaban la mesa el rector de la UNAM, Enrique Graue, y la senadora Antares Vázquez, presidenta de la comisión de educación del senado. Sin embargo, a pesar de que se trataba de la principal norma del sistema, no estaba la titular del organismo cabeza del sector, la doctora Elena Álvarez Buylla. Algunos antecedentes explican la ausencia y también el reto de hoy.

El 14 de diciembre del año 2020, María Elena Álvarez Buylla, dijo que le presentó al presidente López Obrador un anteproyecto de ley y añadió que había sido resultado de un “amplio y prolongado proceso de consulta”, lo que incluía casi tres centenares de foros y una cantidad similar de propuestas recibidas (Comunicado No. 194).

El proyecto no se dio a conocer públicamente, luego fue filtrado en las redes sociales y, contrario a lo dicho por la directora del Conacyt, el primer señalamiento fue su elaboración al margen de la comunidad del sector. Lo segundo fue la enorme centralización de órganos, funciones e instrumentos que proponía la norma, así como su parcialidad y desestimación de otros organismos y sectores.

Aquel diciembre del año 2020 vencía el plazo para tener lista la nueva ley general de ciencia. No obstante, salvo un proyecto de 2019 de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera que la propia directora del Conacyt desconoció, no existía ningún documento base, solamente había crispación entre autoridades y comunidad del sector. En tales circunstancias, nadie esperaba que en diciembre del 2020 el anteproyecto del Conacyt estuviera en la agenda del Congreso, por esas fechas se discutía el presupuesto y otras reformas.

Sin embargo, parecía inminente que en el año 2021, al inicio del periodo ordinario de sesiones, el presidente ingresaría la iniciativa de ley. Lo sorprendente es que transcurrió el año y ni asomo del proyecto del gobierno federal, tampoco presentó nada la fracción del partido gobernante, a pesar de que el plazo constitucional ya estaba vencido.

No fue el mismo caso de otras fracciones parlamentarias. El senador José Alberto Galarza del partido Movimiento Ciudadano, en marzo del 2021, presentó una iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y dijo que el documento recuperaba “dos proyectos elaborados por la ciudadanía, específicamente dos grupos de comunidades científicas y actores en los procesos de investigación, toma de decisiones e innovación” (Gaceta LXIV/3SPO-102/115601). El senador se refería a la red ProCienciaMx y a la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt).

Unos meses después, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó otro proyecto de ley general y también especificó que lo hacía, según quedó anotado en la gaceta del órgano legislativo, a “solicitud de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), organismo que agrupa a los titulares de las áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación de los gobiernos estatales y que impulsa políticas públicas y mejores prácticas” (Gaceta LXIV/3SPR-27/119268).

Ahora, el pasado 23 de marzo, el mismo diputado Ramírez Marín anunció que senadores y diputados trabajarán “en conferencia”, o sea de manera conjunta, para elaborar un “solo producto legislativo, por consenso” (Comunicado – 961). Lo perturbador es que dos días después, el Conacyt ingresó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) otro anteproyecto de ley —con algunas diferencias respecto del presentado en 2020— y solicitó exención de Análisis de Impacto Regulatorio. O sea, como si el nuevo anteproyecto se dispusiera a entrar en operación. ¿Entonces?

El consenso no está a la vista, porque al menos hay tres o cuatro iniciativas de ley, pero los puentes de diálogo y entendimiento entre comunidad y autoridades están rotos. Tal vez de ahí que no estaba en la mesa el organismo rector de las políticas científicas. En cualquier caso, el peor escenario sería el que sugiere el abogado Jorge Espinosa Fernández, en la excelente entrevista realizada por la reportera Nelly Toche (El Economista 30.03.2022): el anteproyecto del Conacyt en la Conamer será enviado al Congreso y seguirá adelante.

Tal vez no sea tarde para buscar acuerdos y el legislativo podría ser el vértice de entendimiento en el sector. La tentación de imponer a toda costa una ley dinamitará las relaciones, cualquier intento de consenso y, peor, el sistema mismo.

Pie de página: Ya está el cuestionamiento sobre los recientes nombramientos de los investigadores eméritos del SNI. Y sí, otra vez, habrá que mirar cómo se nombró la comisión responsable y qué procedimiento siguió. Ahí vamos.