Alejandro Canales Sánchez

Una vez transcurrida la primera mitad del periodo de la actual gestión, cuando los compromisos están más que perfilados, el futuro ya fue y las presiones financieras por venir pueden ser mayores, podría ser la hora de examinar la caja registradora. Después de todo, la distribución del presupuesto es el componente inocultable de cualquier esfuerzo gubernamental y, además, el capítulo sobre financiamiento será asunto obligado en las negociaciones de la próxima ley general del sector.

El alza prevista en el programa de becas de posgrado para el año 2023, respecto del año actual, se calcula en 3.8 por ciento en términos corrientes y lo mismo se prevé para el Sistema Nacional de Investigadores. Ambos programas son los únicos que se consideran principales, en el sector, para la proyección presupuestal de la Hacienda Pública y también lo han sido en los tres años anteriores; seguramente así continuarán en lo que resta del periodo.

A pesar de que el 3.8 parece un incremento, en términos reales, está lejos de serlo. Tómese en cuenta que el año pasado el nivel de inflación cerró en 7.36 por ciento; la primera quincena de marzo de este año alcanzó 7.29 por ciento y se estima que cerrará el 2022 con un porcentaje similar. O sea, si no es un porcentaje por arriba de la inflación no es aumento.

Todavía no estamos hablando de cifras consolidadas, el porcentaje de incremento mencionado corresponde al inicio de las negociaciones presupuestales entre el gobierno federal y el Congreso de la Unión. Recuérdese que al inicio de este mes, por norma, Hacienda debe remitir el documento denominado “Pre-criterios 2023”, en donde proyecta cómo será el cierre financiero de este año y cuáles serán las perspectivas del próximo. Falta que entregue el paquete económico definitivo y la aprobación de los legisladores al final de este año.

No obstante, el documento de Hacienda anticipa la distribución de los recursos. El año pasado había previsto un incremento para las becas de 3.1 por ciento y casi se ajustó de manera exacta. En cambio para el SNI previó un incrmento de 11 por ciento y al final fue de 24 por ciento. Este año el programa de becas tiene 12 mil 442 millones y para el año próximo prevé asignarle 12 mil 931 millones de pesos; el SNI tiene 7 mil 278 millones y para el 2023 podría tener 7 mil 563 millones de pesos. El incremento, en ambos casos, es de 3.8 por ciento, pero lo más seguro es que al final el SNI otra vez reciba un aumento mayor.

El financiamiento, para el sector, tiene importancia no solamente porque las becas y el SNI son emblemáticos de la actividad del Conacyt y absorben la mayor proporción de recursos del organismo (alrededor del 70 por ciento), también hay razones adicionales que vale la pena considerar en el actual contexto.

En primer lugar, la asignación de becas, ya lo había adelantado la directora del Conacyt desde el 2021 y en este año fue establecido en la norma correspondiente, se regirá bajo el principio de “Acceso universal”. Así que podría duplicarse o triplicarse la demanda de becas. Según las reglas, habrá un orden prelación por áreas de conocimiento y tipo de institución, lo mismo que corresponsabilidad de las instituciones de educación superior. Pero la necesidad de mayores recursos será inevitable, a no ser que la universalización de las becas sea una mera fantasía.

Por otro lado, el SNI sigue una tendencia creciente, en la última década, cada año, en promedio, se añaden alrededor 1 mil 600 miembros y el énfasis es mayor en el actual periodo. El año pasado sumaban 35 mil 160 integrantes; la presión financiera también irá en aumento. Seguramente un incremento presupuestal de 3.8 por ciento para este programa será insuficiente, porque los recursos comprometidos van más allá de un año fiscal y al final habrá que asignarle un mayor volumen o todo quedará en una ilusión.

Luego, hay otra parte sustantiva del sector: la investigación en ciencia básica o ciencia de frontera, como le llama la actual administración. Aquí se trata de uno de los indicadores más utilizados en las comparaciones internacionales: el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE). Un indicador que, como proporción del PIB, expresa el esfuerzo nacional, exclusivamente, en la generación de nuevo conocimiento.

Las mediciones nacionales en el terreno del GIDE, por decir lo menos, son inquietantes. El último informe de gobierno de la administración anterior decía que en el año 2016, el GIDE de México era de 0.45 como proporción del PIB. La presente gestión dijo que le habían sumado dinero que no correspondía, recalculó el indicador para la última década y para ese mismo año dice que la cifra correcta es de 0.39. Tiene como meta para el 2024 alcanzar el 0.33.

La siguiente entrega de este Acelerador de Partículas estará dedicada a los detalles de los nuevos cálculos del GIDE, por ahora tomemos nota de que nos encontramos más lejos de alcanzar el 1 por ciento respecto al PIB que dice la todavía vigente ley. ¿Qué dirá la próxima ley general sobre el tema? El anteproyecto del Conacyt ni siquiera incluye un porcentaje y otros anteproyectos proponen que sea del 2 por ciento. También allá vamos en la siguiente entrega. Sí, la ilusión o la realidad también viajan en la ley.

Pie de página: Ahora los conflictos se trasladan al Instituto Nacional de Astrofísica y Óptica Electrónica (INAOE). Pendientes.