Alejandro Canales Sánchez

Hoy no estamos más cerca de alcanzar el uno por ciento de gasto en investigación, respecto al PIB, al contrario, nos hemos alejado. Tampoco parece haber intención de conservar una meta de gasto en lo que será la nueva ley general del sector. ¿Por qué?

Hace poco más de dos años, la actual administración, en su primer informe de gobierno, estimó que el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) era de 0.31 por ciento respecto al PIB (73 mil millones de pesos). El cálculo correspondía al año 2019 y quedó mencionado en un párrafo muy escueto (pág. 300).

El dato llamó la atención porque la administración anterior había cerrado ese mismo indicador, un año antes, en 0.47 por ciento del PIB (105 mil millones de pesos). Las centésimas de diferencia eran muchas para registrarse de uno a otro año e implicaba, en numeros redondos y absolutos, alrededor de 30 mil millones de más o de menos en términos nominales.

El GIDE se refiere al gasto que cada nación destina exclusivamente para la generación de nuevo conocimiento. Según el Manual de Frascati, ese documento metodológico de referencia y acuerdo internacional para las estadísticas del sector, la investigación y el desarrollo experimental (IDE) comprende “el trabajo creativo y sistemático realizado con el objetivo de aumentar el volumen de conocimiento (incluyendo el conocimiento del ser humano, la cultura y la sociedad) y concebir nuevas aplicaciones a partir del conocimiento disponible (pág. 47).

Por la misma razón, el GIDE, como proporción del PIB, es el indicador que refleja con más claridad el esfuerzo de las naciones en materia de investigación científica y también es el dato más utilizado en las estadísticas de comparación internacional. Seguramente, por eso el indicador ha sido recuperado como punto de referencia en la legislación mexicana.

El indicador apareció, por primera vez, en la reforma a la Ley General de Educación (LGE) en el 2002. Ahí, en el artículo 25, quedó establecido que el gasto en educación pública no podría ser menor al 8 por ciento del PIB y de esa proporción se destinaría: “al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas”. Además, especificó que el aumento sería progresivo y se cumpliría en el 2006.

Nótese que el uno por ciento del PIB era solamente para la investigación realizada en las instituciones públicas de educación superior, lo cual, si se hubiera llevado a efecto, habría significado incrementar cinco o más veces los fondos gubernamentales para investigación a las universidades públicas.

Luego, ante la desmesura de la legislación educativa, vino el artículo 9 Bis a la Ley de Ciencia y Tecnología en el 2004. Ahí quedó claro que el uno por ciento del PIB se refería a gasto nacional (público y privado) y sería para todas las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.

El caso es que ni en el 2006 ni ahora el GIDE llegó al uno por ciento del PIB. No obstante, la nueva LGE, la promulgada en 2019, conservó el mandato de destinar el 8 por ciento del PIB a la educación pública y de ese monto reservar el uno por ciento para educación superior e investigación científica. La gran diferencia es que ya no dice que el monto será únicamente para investigación ni solamente para aquella realizada en universidades públicas (artículo 119).

A su vez, la también reciente la Ley General de Educación Superior, la promulgada hace un año, se ciñe a lo que dice el mismo artículo 119 de la LGE, pero añade que “dicho monto no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior” (tercer párrafo del artículo 62).

En fin, la proporción del gasto respecto al PIB sigue siendo el indicador de la referencia en la legislación educativa y también debiera serlo en el ámbito científico y tecnológico. Sin embargo, por una parte, el anteproyecto de ley del gobierno federal que existe propone incluir solamente que el Estado proveerá los recursos suficientes de “manera irreductible y conforme al principio constitucional de progresividad y no regresión” (artículo 20). Otros anteproyectos proponen explicitar que será del 2 por ciento respecto al PIB.

Por otra parte, según las cifras del tercer informe de gobierno de López Obrador, ahora el GIDE está más lejos del uno por ciento del PIB de lo que dijo en su primer informe y también de lo que había registrado la administración anterior. La actual gestión dice que en el 2018 la proporción fue de 0.31 por ciento, en el 2019 de 0.28 por ciento y para el 2024 tiene como meta llegar a 0.33 por ciento.

O sea, para el 2019 serían tres centésimas menos de lo que el mismo gobierno había dicho inicialmente y casi 20 centésimas menos de lo reportado en el último año de Peña Nieto. Recordemos que cada centésima son millones de pesos.

Los números son muy cambiantes y aumentar unas centésimas de gasto es todo un desafío, pareciera que por eso gubernamentalmente es preferible omitir una meta de GIDE en lo que será la nueva ley general del sector. No obstante, queda la pregunta: ¿cómo o por qué disminuyó el indicador? Allá iremos en la próxima entrega. Anticipemos que la respuesta está en la forma de calcularlo y en la fuente de información.

Pie de página: Al final del mes anterior arrancó la primera sesión de trabajo conjunto de comisiones del Congreso de la Unión para avanzar en la nueva ley general del sector, pero seguramente será hasta septiembre cuando tengamos noticias.