Alejandro Canales Sánchez

La presente administración, como aquí mismo lo hemos dicho en las dos entregas anteriores, recalculó el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE). Retrocedimos como país porque en el periodo anterior estábamos cerca de la mitad del 1 por ciento respecto al PIB y actualmente las cifras oficiales dicen que el indicador está alrededor del 0.29 por ciento, una proporción que es casi la mitad del promedio que registra la región de América Latina (0.56 por ciento).

También dijimos que, en números absolutos y cálculos muy gruesos, la diferencia sería de más de 30 mil millones de pesos. La variación, suponemos, tiene que ver con el sector de ejecución del gasto, la procedencia de los recursos del GIDE y su distribución. El gobierno actual dijo que antes, al amparo de los cambios que permitió el Manual de Frascati en 2015, se añadió incorrectamente al GIDE todo el presupuesto de becas y una proporción de gasto en posgrado por parte de empresarios e instituciones de educación superior.

Según el primer informe general de este periodo, ahora solamente suman al GIDE “un proxi del pago a estudiantes de posgrado por su participación en proyectos de investigación” (pág. 29), el pago de becas nacionales a estudiantes de doctorado en programas de calidad y el pago a investigadoras e investigadores del ex programa Cátedras Conacyt.

El problema se localiza en la forma de contabilizar el trabajo realizado por estudiantes que participan en proyectos de investigación. Porque, efectivamente, el Manual de Frascati, el documento base para definir y recopilar las estadísticas a nivel internacional, planteó que a los montos directos para investigación, también se debería sumar ese trabajo de los estudiantes.

Sin embargo, la frontera se diluye entre becarios y estudiantes que reciben una remuneración por participar en proyectos de investigación. No es imposible, pero tampoco resulta nada sencillo desagregar actividades, sueldos y salarios de los estudiantes que realizan investigación y menos si lo hacen fuera del territorio nacional. Por la misma razón, el gobierno anterior prefirió sumar a todos los becarios y, por el contrario, el actual utilizó un “proxi” y se ajustó al gasto ejercido en el país.

El asunto es que los números no están claros y las explicaciones no parecen satisfactorias. El GIDE, como se sabe, se compone principalmente de financiamiento gubernamental y empresarial. La investigación científica en México –y en buena parte de América Latina– está financiada fundamentalmente por el gobierno.

El supuesto es que al sector privado no le interesa aportar recursos para ciencia porque es una inversión de alto riesgo, por la incertidumbre del proceso de descubrimiento, por los obstáculos para apropiarse de los beneficios de manera individual y porque, eventualmente, podría no tener ganancias e incluso perder lo invertido. Entonces, se justificaría una mayor intervención gubernamental en las actividades científicas. No obstante, en los países altamente industrializados, ocurre lo contrario, el sector privado tiene una mayor participación relativa en el GIDE.

En el caso de México, dice el informe presidencial más reciente, el gobierno aporta el 77 por ciento del financiamiento del GIDE y la industria solamente el 18 por ciento (el 5 por ciento faltante sería de instituciones de educación superior y fondos del exterior). La participación relativa de la industria ha sido variable a lo largo de la última década y cuando más ha alcanzado una tercera parte.

La recopilación de los datos sobre personal y aportaciones del sector empresarial al GIDE en México es relativamente reciente, comenzó a mediados de los años noventa a través de encuestas bienales, impulsada por el Conacyt y el Inegi.

Desde el año 2000 se denomina Encuesta sobre Investigación y Desarrollo de Tecnología (Esidet) y, aunque se le han señalado algunas críticas, sistemáticamente ha ampliado el rango de información que capta, tanto de empresas como de instituciones de educación superior, dependencias gubernamentales y componentes clave, a partir de la década pasada, como la biotecnología o nanotecnología. También sigue las recomendaciones del Manual de Frascati.

El problema es que la Esidet más reciente es del año 2017, a pesar de que debió aplicarse de nueva cuenta en 2019 y otra vez el año pasado. No hay información y menos explicación de por qué se interrumpió la medición. Y tal vez lo más grave es que ocurre cuando más importante resulta el registro de posibles variaciones en la participación de los sectores público y privado, por la confrontación que han protagonizado en los medios y porque han sido reiteradas las acusaciones sobre malversación de fondos o transferencias indebidas de recursos públicos a las empresas.

En fin, todo parece indicar que si ya era reducida la participación relativa de las empresas en el financiamiento del GIDE, tal vez ahora podría reducirse todavía más y ahí estaría parte de la respuesta a la baja del indicador. Sin embargo, la Esidet ha perdido continuidad y es el principal instrumento que permitiría precisar la dimensión que alcanza la inversión del sector privado.

Tampoco tenemos certeza sobre si los números de la administración anterior eran los correctos o, más bien, los de ahora son los buenos. Lo único claro es que hoy el gobierno se ha propuesto llevar el gasto en investigación al 0.33 por ciento, respecto al PIB, para el final del sexenio. La meta de las últimas dos décadas había sido llegar al 1 por ciento y no se logró.

Pie de página: El encono y el desencanto entre los profesionales de la medicina sigue en aumento.