Alejandro Canales Sánchez

Las relaciones entre el Conacyt y el Congreso de la Unión, a lo largo de este periodo gubernamental, han sido ríspidas y poco fructíferas. El primero no debería olvidar que los diputados son los que aprueban el presupuesto anual y menos que, con año y medio de retraso, sigue pendiente la aprobación de la ley general del sector.

Los malos entendidos comenzaron desde el inicio del 2019. ¿Usted lo recuerda? Todavía ni siquiera aparecía la reforma del 3º constitucional de ese año, pero la fuerza política del partido gobernante, con señales cruzadas en ambas cámaras, no acordaron el mejor procedimiento para presentar un proyecto de ley del sector.

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera de la fracción parlamentaria de Morena, pero no de la comisión de ciencia, presentó en febrero de 2019 una iniciativa que seguía los lineamientos que había difundido el Conacyt. Lo inexplicable fue que la titular del organismo, María Elena Álvarez Buylla, días antes había anticipado que más bien sería la comisión de ciencia de los diputados, en ese entonces presidida por la también morenista Marivel Solís, la que presentaría el proyecto de ley.

Luego, la propia Álvarez Buylla se dijo sorprendida, desconoció la iniciativa y dijo que la propuesta no formaba parte de la agenda legislativa del presidente. Al final, añadió que la ley se trabajaba con Julio Scherer, el entonces consejero jurídico de la presidencia. Ni uno ni otro proyecto se conoció. Un enredo, sencillamente.

Después vino la controvertida decisión presidencial de eliminar los fideicomisos públicos y el papel del Congreso para formalizar su desaparición en el año 2020. Otra vez, al interior de Morena, después de acercamientos y de sesiones de parlamento abierto, algunos legisladores se mostraron sensibles a las expresiones de inconformidad de las comunidades que no estaban de acuerdo, aunque las posiciones no eran unánimes. El último acuerdo parecía ser, en el periodo de receso legislativo, que no se eliminarían en su totalidad los fideicomisos.

Sin embargo, el presidente López Obrador reprochó públicamente al diputado Mario Delgado y al senador Ricardo Moreal, entonces líderes del Congreso, por no agendar el punto y apresurarse con la extinción de todos los fideicomisos (22.07.2020). Así que al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones del mismo año y a pesar de los compromisos, una iniciativa del diputado Delgado propuso eliminar solamente 10 fideicomisos, luego los incrementó a 60 y al final fueron más de un centenar, o sea, casi todos.

Solamente quedaron a salvo unos cuantos fideicomisos, entre ellos algunos para Salud, para Pemex y para la Fiscalía General del República. Las dificultades para buena parte de las entidades que dependían de esos instrumentos financieros han sido inocultables; hoy siguen arrastrando pendientes para su funcionamiento y su futuro. Los casos no se limitan a los Centros Públicos de Investigación, también alcanza a instituciones culturales e instancias deportivas.

Las expresiones públicas de inconformidad con las decisiones del gobierno federal han sido diversas y crecientes. Tal vez lo más grave es que no intenta justificar las acciones ni explicar por qué proceder de una forma u otra. La autoridad federal simplemente pone en marcha sus iniciativas y ya, por más irracionales o descabelladas que parezcan.

En estas circunstancias no es ninguna sorpresa que buena parte de las comunidades estén tocando las puertas del Congreso. Después de todo, con funciones de contrapeso, el poder supremo de la federación se divide en el poder legislativo, judicial y ejecutivo e incluso, como lo establece la Constitución, no se pueden reunir dos o más de esos poderes en una sola persona o corporación (artículo 49).

Ciertamente, los legisladores no gozan de un aprecio social, diputados y senadores sistemáticamente aparecen en las posiciones más bajas en el índice de confianza ciudadana. Sin embargo, en la coexistencia de poderes de la Unión, la ley le otorga facultades, a las dos cámaras, para convocar a los titulares de las dependencias gubernamentales para que informen lo correspondiente a sus ramos o actividades e incluso cuando se discute una ley sectorial.

La doctora Álvarez Buylla, directora del Conacyt, ha sido invitada al Congreso en este año en dos ocasiones. La primera por la Comisión de Ciencia de los diputados en marzo de este año y la más reciente por la comisión similar de senadores el pasado 25 de mayo, pero en ambos casos declinó a última hora la invitación.

El senador Ricardo Monreal, titular de la Junta de Coordinación Política, como lo destacó la reportera Leticia Robles de la Rosa, ante la segunda cancelación, ha dicho: “Tiene que venir y no vamos a aceptar un desacato, tampoco desaire o desprecio a uno de los poderes, por una funcionaria, aunque sea muy importante” (Excélsior. 26.05.2022).

En fin, probablemente el retraso de una ley general del sector que debió estar lista en diciembre del año 2020 se debe, en parte, a esas relaciones poco edificantes entre el Conacyt y el Congreso. Tal vez solamente por mero pragmatismo, ni siquiera por lo que dice la ley, el organismo rector de la política científica y tecnológica debería considerar que el primer filtro del eventual proyecto de ley será en comisiones con los legisladores y esos mismos son los que aprueban anualmente el paquete económico de la federación. Sí, esos a los que ignora.

Pie de página: Por disposición de Hacienda, en todos los organismos desconcentrados, como los Centros Públicos de Investigación, desde el 31 de mayo no se pueden adjudicar plazas permanentes, ni eventuales ni por honorarios.