Alejandro Canales Sánchez

La relatoría puntualiza que: “comparte la preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil ante la insistencia en las solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de los investigadores por parte de la FGR, tomando en cuenta que las mismas han sido rechazadas en dos oportunidades por los tribunales y que los investigadores afirman haber cumplido con todos los requisitos de control económico ante el Conacyt” (CIDH-1179, 2021).

El párrafo previo es parte del reciente publicación del “V Informe anual de la Relatoría Especial sobre Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2021”. Y, como se podrá notar, se refiere al caso de México y la pertinaz demanda de la Fiscalía General de la República en contra de 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt.

La CIDH es parte de la compleja estructura administrativa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, con base en las normas suscritas por los países miembros, se dedica a promover la defensa de los derechos humanos en la región. La Comisión realiza visitas a los países —algunas veces a solicitud expresa—, monitorea el estado que guardan los derechos humanos y publica un voluminoso informe anual de varios tomos y anexos. El párrafo citado al inicio forma parte de uno de los anexos, elaborado por la Redesca, esta última es un órgano de apoyo de la Comisión.

Los informes de la Comisión ponen en el escaparate internacional el amplio inventario de problemas de la región, como la pobreza, las dificultades para el acceso a la justicia o la constante violación de los derechos económicos, sociales y culturales. O bien, la grave vulneración de derechos humanos en algunas naciones que ameritan investigaciones especiales. Por ejemplo, en México, como olvidar el papel de la CIDH en el ominoso y triste caso de los 43 estudiantes normalista desaparecidos, mismo que derivó en la integración de un grupo interdisciplinario de personas expertas para indagar lo ocurrido.

El documento sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, al que aquí nos referimos, es apenas un anexo de casi medio millar de páginas del extenso y complejo informe del 2021 de la Comisión. El apartado sobre México, de ese anexo, en particular el que se refiere al derecho a la educación, hace eco de la preocupación expresada en su momento a nivel nacional: la falta de acceso a internet de los estudiantes en el contexto
e la pandemia y el efecto que tuvo, aún por determinarse, en el abandono y aprovechamiento escolar.

También, en el mismo apartado, el reporte expresa su preocupación por las acusaciones de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado que formuló la FGR en contra de científicos y exfuncionarios del Conacyt y hace notar que esa investigación es desproporcionada y de carácter político.

A ese respecto, en el reporte se anota: “la Relatoría Especial observa que las personas imputadas habrían aclarado que todas las transferencias que se realizaron fueron hechas con base a la normativa vigente como parte de las investigaciones que se realizaron, y presentaron balances positivos en su gestión” (1178).

En realidad, la relatoría sintetiza lo que ciudadanos, la prensa y diversos expresiones de organizaciones nacionales e internacionales han reiterado sobre la actuación de la FGR: desproporción y discrecionalidad en sus acusaciones. Pero la relatoría de la CIDH tiene un peso relativo mayor, no solo porque se trata de un organismo internacional de defensa de los derechos humanos, también porque la Fiscalía, a pesar de todo, persiste en sus mismos afanes.

La FGR, después de que los tribunales le han negado en dos ocasiones las órdenes de aprehensión solicitadas, la última ocasión en septiembre del año pasado, lejos de abandonar el caso, duplicó su apuesta. Amplió la indagatoria sobre los 31 acusados a cualquier posible irregularidad del tipo que sea y añadió a la lista de indiciados a otras cinco personas más. Ahora suman 36.

Lo reprochable no es el temperamento del fiscal. Tampoco que la Fiscalía investigue y, si es el caso, sancione sea a quién sea. El problema es la opacidad de sus procedimientos, la selectividad de la justicia que imparte, las dudas sobre la utilización de las instituciones para fines personales, los arreglos en las filtraciones de las conversaciones privadas del fiscal, entre otras irregularidades.

La ventana que abre el informe de la CIDH muestra que hay razones para preocuparse por la política interior. Además de lo que ocurre con los investigadores, el reporte incluye el monitoreo general sobre los efectos de la pandemia en el derecho a la salud, las muertes del personal de salud, el porcentaje de muertes atribuidas a la mala calidad del aire, la vulnerabilidad del derecho a la educación en el periodo de contingencia sanitaria, la migración y la creciente violencia.

Pie de página: La inconformidad de la comunidad del CIDE es abierta y creciente, como lo expresó en su manifestación pública este sábado 4 de junio.// Mañana concluyen las jornadas del CLACSO: “Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Saberes Luchas y transformaciones”. Sí, en la UNAM.