Alejandro Canales Sánchez

La valoración de los estudios de posgrado no será más una responsabilidad del Conacyt, ahora las propias instituciones estarán a cargo de la calidad de sus programas y la Subsecretaría de Educación Superior decidirá cuáles tienen o no validez. Eso dijeron, al final del mes pasado María Elena Álvarez y Luciano Concheiro, titulares de las mencionadas entidades, respectivamente, cuando anunciaron la creación del Sistema Nacional de Posgrado (SNP).

Sin embargo, desde hace un año los mismos protagonistas dieron por instaurado el SNP. ¿Usted se acuerda? Fue en ocasión del tercer foro nacional sobre posgrado, realizado en julio del año pasado. Ahí Álvarez-Buylla y Concheiro Bórquez presentaron lo que llamaron un nuevo SNP y mencionaron que sustituiría al vigente Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

La principal razón para suprimir el PNPC era que ese programa, como otras iniciativas neoliberales, dijo Álvarez Buylla, “priorizó la visión productivista y la competencia; el centralismo y la evaluación cuantitativa de los programas, además de que se desvincularon los posgrados de las prioridades de investigación en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que necesita el país” (Comunicado 226/2021 04.07.2021).

Además, añadió Álvarez-Buylla, en la actual administración “el SNP está alineado con el proceso de transformación estructural que vive el país y se complementa con los planteamientos sustantivos de la política científica del Conacyt”. No obstante, en ese entonces la sustitución fue una realidad virtual; nada cambió, la distribución de las becas y la organización del posgrado siguieron operando de la misma forma.

Luego, al inicio de este año, vino el revuelo mediático con un nuevo reglamento de becas del Conacyt, una de cuyas novedades era que se suspenderían las becas a mujeres embarazadas. En realidad no había tal, fue un error de redacción del reglamento, lo que sí incluyó fueron dos cambios importantes: las becas de posgrado serían entregadas directamente a los estudiantes y tendrían carácter universal.

El nuevo reglamento suscitó más interrogantes que certezas, pero como el inicio del ciclo escolar todavía estaba lejos, no causó mayores inquietudes. Ahora, con el próximo retorno a clases, volvió a cobrar fuerza el tema de las becas y la organización del posgrado. Y otra vez, de nueva cuenta, se dio por instaurado el SNP y también llegaron algunas explicaciones adicionales.

Una de las modificaciones importantes es que el PNPC queda definitivamente eliminado y serán “las universidades, las IES y los Centros Públicos de Investigación quienes asuman la calidad de sus programas y aseguren su excelencia académica” (Comunicado No. 12. 28.06.2022). Es decir, el Conacyt ya no tendrá la responsabilidad de evaluar la calidad de los posgrados, la tarea estará a cargo de las propias instituciones.

¿La autoridad federal ya no tendrá ninguna injerencia en la valoración de los posgrados? Algo parecido, pero no exactamente. Porque la validez de esos programas seguirá bajo la responsabilidad de la SEP y específicamente bajo el escrutinio de la Dirección General de Profesiones. Esta última entidad certifica la validez de un programa de posgrado y una vez validado, las instituciones lo pueden registrar en la plataforma del SNP habilitada por el Conacyt y los estudiantes matriculados podrán recibir, según criterios de prelación, la beca correspondiente.

O sea, ni el Conacyt ni la SEP evaluarán la calidad de los programas de posgrado, aunque la SEP conserva la atribución para decidir qué programas tendrán o no validez oficial. Según lo dijo Luciano Concheiro, el subsecretario de Educación Superior, el gobierno federal reemprenderá “los planteamientos conceptuales y procedimentales para generar un tránsito de la evaluación punitiva, mercantilizada y competitiva, que genera diferencias y segmentación entre las instituciones de Educación Superior, hacia procesos de autoevaluación y evaluación con fines diagnósticos, formativos e integrales”.

La idea no suena mal. La literatura sobre el tema ha mostrado la importancia de la evaluación formativa para algunas actividades, por la imprescindible retroalimentación que provee y la mejora del quehacer que produce, en comparación con la evaluación sumativa que solamente califica un desempeño para decidir si se aprueba, se recompensa o no (de ahí que le digan punitiva). Sin embargo, utilizar una u otra depende de la finalidad que se busque, porque será inevitable la evaluación sumativa de la SEP al rechazar o validar un programa.

También es correcto retornar a la confianza en las propias instituciones para el aseguramiento de la calidad de sus estudios, como ocurría antes de los padrones de excelencia o de calidad. El problema es que hoy las condiciones son distintas y muy otro el escenario. Actualmente existen alrededor de 11 mil programas de posgrado y solo el 20 por ciento de ese total forma parte del PNPC. Quizás el supuesto es que ese 20 por ciento o el doble no tendrá problema en afiliarse al nuevo SNP y asegurar una formación de alto nivel.

Pero ¿qué ocurrirá con el 80 o el 60 por ciento de programas restantes y los cientos de miles de alumnos matriculados? Tómese en cuenta que alrededor de la mitad son del sistema público. Seguramente no tendrán ninguna posibilidad ni condición para transitar a una evaluación formativa. ¿Usted ha intentado regresar la pasta dental al tubo que la contenía? Muy difícil. Y lo mismo podría ocurrir con la regulación del posgrado. O tal vez el camino inverso sí es posible, pero lo más probable es que el resultado no dejará satisfecho a nadie.

Pie de página: La joven organización ProCienciaMx enfrenta un conflicto interno y ha tenido una disociación; conserva el nombre y logo, pero existen dos perfiles en redes sociales.// El INAI ordenó al INSABI dar a conocer la información relativa a los ventiladores mecánicos que recibió del Conacyt. Atentos.