Alejandro Canales Sánchez

Si la información difundida la semana pasada por el Congreso es correcta, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, debe comparecer este día, 4 de agosto, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. El encuentro podría llevarse a cabo o tal vez no, porque las relaciones entre las autoridades del sector y los legisladores han sido, por decir lo menos, ásperas y accidentadas.

Seguramente el escaso entendimiento de unas y otros explica por qué, tras año y medio de retraso, todavía no hay una ley general del sector. La reforma del artículo 3° constitucional de 2019, en artículo transitorio, estableció que a más tardar en diciembre del 2020 debían expedirse las leyes generales de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología. No fue así para el sector.

Sobre la Ley General de Educación Superior se tendieron puentes de discusión y entendimiento entre autoridades, comunidad y legisladores; sin mayores dificultades quedó aprobada por consenso. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en el caso del sector científico; ni entonces ni ahora se aproximaron las posiciones y a la fecha no hay ley. La norma anterior no se respeta y las acciones presentes no tienen un marco normativo estable.

Ya sabemos que los legisladores, al menos una mayoría, no tienen buena prensa. Tampoco ayudan sus excesos, sus quebradizos principios o su manifiesta promoción personal por encima del interés público. No es nada fortuito que, en las mediciones de confianza de los ciudadanos, los senadores, sindicatos, diputados y partidos políticos, siempre aparecen en la posición más baja.

La Constitución dice que el ejercicio del supremo poder se divide en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Además, también añade que no se pueden reunir dos o más de estos poderes en una persona o corporación (artículo 49). O sea, un poder puede y debe examinar las acciones del otro, porque está normada la separación, las atribuciones de cada uno y las relaciones entre sí.

La composición de fuerzas políticas en el Congreso y la relación con el ejecutivo federal son variables a considerar en la división de poderes. Pero, en cualquier caso, la misma Constitución prevé que cada año el ejecutivo federal debe rendir al Congreso un informe sobre el estado general que guarda la administración pública del país.

A diferencia de lo que ocurrió con el Plan Nacional de Desarrollo y algunos programas sectoriales, los informes de gobierno han estado puntualmente cada primero de septiembre. No ha sido el mismo caso con las comparecencias o la solicitud de mayores datos a algunas dependencias, como la Sep y el Conacyt.

Aquí mismo hemos hecho notar las ocasiones en que la titular del Conacyt, Álvarez Buylla, ha declinado la invitación de comisiones de diputados y senadores (Campus No. 950). Nada menos, en mayo pasado, el senador Ricardo Monreal, declaró públicamente que no aceptarían un desaire de funcionarios de la administración pública.

Después de aquella declaración, la directora del Conacyt se ha reunido con algunas fracciones parlamentarias, pero no en el Congreso ni en comisiones. Todavía al final del mes pasado, la diputada Olga Luz Espinosa Morales y el diputado Juan Carlos Romero Hicks, promovieron un punto de acuerdo para manifestar un extrañamiento a la doctora Álvarez Buylla (Gaceta del Senado. 20.07.2022).

La semana pasada, finalmente, el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, informó que Álvarez Buylla sí se presentará este 4 de agosto (Boletín No. 2242. 28.07.2022). No está claro el formato y los temas que se abordarán, pero el mismo boletín recoge algunas expresiones de los legisladores y al parecer el interés está en precisar algunos casos de corrupción en el sector y el estatus legal que tienen.

Hoy mismo sabremos si la comparecencia tuvo lugar o no. Lo sorprendente es que persista el desencuentro con los legisladores, no solamente para informar sobre lo que se ha hecho o dejado de hacer en el sector, sino también para acordar los términos de lo que será la nueva ley general de ciencia.

Todavía en marzo de este año, diputados y senadores anunciaron que trabajarían en conferencia —una labor a la par de ambas cámaras, en vez de secuenciada— para sacar por consenso la ley general. Incluso dieron a conocer la constitución de cinco grupos de trabajo y programa de reuniones que debieron concluir al final del mes pasado.

Hoy, sin embargo, no tenemos una cuenta clara de lo que se ha hecho en el sector, tampoco un camino de negociación para la ley general y mucho menos los visos de un consenso para aprobarla. El mes próximo comienza el periodo de sesiones en el Congreso y lo peor sería aprobar sin más cualquier proyecto de ley. Aunque no sería nada extraño que eso ocurriera. Total, seguiríamos sin rendición de cuentas y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones se profundizará.

Pie de página: El Conacyt dice que su propuesta de nuevo reglamento del SNI tiene un impacto regulatorio moderado y se lo hizo saber a la Conamer el pasado 25 de julio. Todavía el 1 de agosto la Conamer no emitía su dictamen, pero seguramente lo aprobará y luego vendrá la convocatoria del programa. Atentos con la actuación del organismo regulador.