Alejandro Canales Sánchez

Todavía no hay números definitivos, porque apenas se trata del proyecto de paquete económico del gobierno federal, pero la mayoría de analistas han hecho notar que las cifras de crecimiento económico e inflación presentadas, factores básicos para calcular los ingresos y los egresos, son demasiado optimistas y no serán el escenario más probable. Disculparán la obviedad: antes también ocurría, pero hoy ocurre más.

El paquete entregado al Congreso el 8 de septiembre incluye proyecciones de comportamiento macroeconómico, así como lo que piensa recaudar y lo que gastará la federación en el año 2023. Los legisladores tienen la facultad de ratificar o rectificar el paquete económico porque de ellos depende la aprobación, aunque es más probable que ocurra lo primero porque en la actual legislatura se debate si le mueven o no una coma a las iniciativas del gobierno federal.

La Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) solamente es responsabilidad de los diputados y el plazo límite de aprobación es el 15 de noviembre. Pero, ¿qué de malo tiene un paquete económico gubernamental que sobrestima sus posibilidades? Lo elemental es que no tendrá los recursos financieros calculados, por lo tanto, no podrá gastar lo que dice que gastará. Una proyección que no escapa al entendimiento del gobierno federal.

Los analistas financieros, por su experiencia con la sobrestimación de recursos, han destacado que se trata de una estrategia de negociación, porque el debate y aprobación del paquete resulta más fácil cuando la propuesta no limita los recursos. El problema viene después, cuando es evidente que no hay los recursos financieros disponibles para cumplir con el gasto proyectado.

Entonces entra en operación el ajuste al presupuesto, o sea, disminuir lo que ya se había autorizado. Un camino con el que estamos muy familiarizados porque son los famosos recortes al presupuesto de antes; ahora es el hábito de la pobreza franciscana. El agravante es que el gobierno federal decide qué conservar y en dónde recortar; ya sabemos cuáles son unos y otros.

La sobrestimación del gobierno federal se advierte en las posibilidades de crecimiento de la economía. Para el año actual había calculado un crecimiento del PIB del 4.1 por ciento, ahora más bien estima que cerraremos el año con un crecimiento del 2.4 por ciento (pág. 19). Sin embargo, los observadores prevén que será menor al 2 por ciento; menos de la mitad. Lo mismo ocurre con las proyecciones para el año próximo: el gobierno dice que para el 2023 el crecimiento del PIB será de 3 por ciento. No obstante, todos los cálculos estiman que no se alcanzará ni la mitad de ese indicador, porque cuando más será de 1.4 por ciento.

Otro tanto pasa con la inflación, el gobierno calcula que al final de este año llegará a 7.7 por ciento (pág. 45) y para el año próximo será de 3.2 por ciento (pág. 63). Es decir, como apunta Enrique Quintana, “La inflación prevista por el gobierno es de 11.1 por ciento para los dos años, mientras que los analistas estiman un 13 por ciento” (El financiero 09.09.2022).

Si el paquete económico se conserva tal y como está, las presiones se reflejarán en el presupuesto y lo más probable es que no haya recursos financieros suficientes. Por ejemplo, el sector de ciencia y tecnología (Conacyt y todas las dependencias gubernamentales que destinan gasto al sector) este año tuvo una asignación de recursos fiscales, en términos nominales, de poco más de 93 mil millones de pesos y para el año próximo se propone que reciba 108 mil millones de pesos. O sea, 15 mil millones de pesos más, lo cual representa un incremento de 16 por ciento de un año al otro. No está mal.

¿Qué dependencias en el sector de ciencia y tecnología tienen el mayor incremento en la propuesta? Lo notable es la Secretaría de Energía, este año tuvo poco más de mil millones de pesos (mmdp) y para el año próximo se propone que sean más de 8 mmdp; luego Relaciones Exteriores que le restituirán alrededor de 3 mmdp que le habían suprimido; después Conacyt, la cabeza del sector, pasaría de 30 mmdp a 32 mmdp; y, finalmente, Salud, de 8 mmdp a 10 mmdp. El resto tiene incrementos modestos.

Así que probablemente donde están los mayores incrementos podrían ser las opciones para operar un recorte. Además, el aumento nominal para Conacyt (el ramo 38) de poco más de 2 mil mdp para el año próximo, en términos porcentuales es un incremento de 7.1 por ciento respecto de este año, pero si se considera la inflación acumulada de este año y el próximo, en realidad no será tal.

Todavía falta desagregar cómo se distribuyen los 32 mmdp del conacyt en los programas en marcha del Conacyt y en los Centros Públicos de Investigación (CPI). Allá vamos. No obstante, lo más importante es que falta la resolución de los legisladores, pero tomemos nota de dónde están los aumentos y también de que las presiones al alza del Sistema Nacional de Investigadores serán menores por las limitaciones que ha impuesto su nuevo reglamento, los CPI tienen un incremento de 6 por ciento y continúan con un régimen de austeridad.

Pie de página: El comité de ética del CIDE confirmó el plagio académico cometido por Romero Tellaeche, director de ese Centro, pero no la separación de su cargo. Luego vino la renuncia de Jordy Micheli, secretario académico del mismo Centro. El enredo no para.