Alejandro Canales Sánchez

Todavía hace unas semanas nadie parecía tener presente ni se hablaba de un orden de prelación para recibir el incentivo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Después de casi cuatro décadas de un sedimentado proceso de evaluación del programa, lo rutinario para los aspirantes era ceñirse a cumplir con los requisitos para ser aceptado. Nada más.

Sin embargo, en el proceso de evaluación en curso, no todos los que reciban una evaluación favorable podrán recibir el estímulo económico previsto. Algunos solamente tendrán el nombramiento, pero no el incentivo. La responsabilidad para decidir quién sí y quién no será beneficiario, ha sido atribuida a las novedosas comisiones dictaminadoras del SNI, aunque estas últimas no parecen dispuestas a asumir esa carga.

No está claro qué estrategias seguirán o están siguiendo el casi millar de integrantes de las comisiones dictaminadoras, menos qué ocurrirá una vez que entreguen sus valoraciones y mucho menos cómo procederá el Consejo General del SNI, instancia que tomará la decisión final. Vale la pena recordar que ese Consejo es la máxima autoridad del programa y lo integran una docena de personas: lo preside la directora del Conacyt y cinco funcionarios más del mismo organismo; tres representantes del SNI que públicamente no se conocen; dos representantes de la Sep; y el titular de la Anuies.

La prelación, sin embargo, solamente es uno de los avisos de que la marcha del SNI ha encallado o está a nada de hacerlo. Lo hemos dicho en estas mismas páginas, estamos ante un punto de inflexión en el extendido crecimiento del SNI que se había prolongado durante casi cuarenta años y llegó por el implacable vértice de la restricción de los recursos financieros (Campus Milenio No. 955).

El orden de prelación no es el primer dique a la expansión del programa, lo fue la suspensión del incentivo económico a los investigadores de las instituciones particulares en este periodo. Las motivaciones explícitas parecían fundadas en principios ideológicos de fomento a lo público, pero lo cierto es que principalmente se debió a las dificultades con la caja registradora y el volumen del SNI.

Las sucesivas modificaciones al reglamento del SNI de los últimos dos años han buscado establecer nuevos lineamientos para contender con las presiones del crecimiento del programa y los recursos financieros limitados. La primera fue, precisamente, el cambio en la composición del Consejo General del programa, luego la eliminación del estímulo económico para personal de instituciones privadas, después los equilibrios para ajustar la pertenencia de funcionarios públicos, los posdoc, el personal de cátedras, las mujeres embarazadas, entre otros.

No obstante, después de varias modificaciones, no exentas de equívocos y tropiezos, vino la reforma amplia del reglamento y un cambio en las bases mismas de funcionamiento del programa, es la versión más reciente publicada el pasado 10 de agosto en el Diario Oficial de la Federación.

El problema no solamente era el crecimiento de miembros del SNI —un promedio de mil a mil seiscientos se suma anualmente y va en ascenso—-, la dificultad mayor es que los ritmos de los que ya están en el sistema son cada vez más veloces, alcanzan rápidamente los niveles más altos del programa y la presión sobre los recursos financieros es creciente.

El presupuesto del programa se había mantenido entre los cuatro y cinco mil millones de pesos en los últimos años. Todavía en el 2021 su presupuesto fue de poco más de 5 mil 555 millones de pesos. No obstante, para este año pasó a 7 mil 278 millones de pesos y para el próximo tiene previsto destinar 8,100 millones de pesos. En cambio, en los últimos cuatro años, se sumaron poco más de seis mil nuevos miembros del SNI.

Por eso, aunque el nuevo reglamento establece lineamientos muy variados y es más sintético, lo principal es el cambio en las reglas de juego. El programa modificó las formas y los periodos de evaluación de los integrantes: un Consejo General que tomará la decisión final, evaluaciones cada cinco años para todos los niveles y un recorrido mínimo de alrededor de 24 años para alcanzar el máximo nivel en el sistema.

Actualmente las comisiones dictaminadoras evalúan alrededor de 15 mil solicitudes (63 por ciento para ingresar o reingresar y el resto para permanecer). Pero una buena parte de integrantes de las comisiones no están conformes con asignar un orden de prelación a sus evaluaciones favorables. Las redes sociales rápidamente registraron los testimonios y el rechazo es parecido a lo que ocurrió hace unas semanas con ponderar el número de colaboradores por publicación.

Según lo reporta la nota de Israel Sánchez, la autoridad no ha dicho qué hará sobre la prelación, algunas comisiones dictaminadoras se han negado a efectuarla y otras no saben cómo proceder (Reforma 03.10.2022: 8). Las expresiones de inconformidad van en aumento, la activa red ProCienciaMx emitió un pronunciamiento, en el cual señala que la prelación no debe ser competencia de las comisiones y “solicita enfáticamente al Conacyt que exija y defienda los recursos necesarios para sostener el sistema científico mexicano” (03.10.2022).

En fin, pronto sabremos qué hará la dirección del Conacyt y el Consejo General del SNI. Pienso que al menos en esta convocatoria no se hará efectiva la prelación, tanto por el proceder de algunas comisiones y el rechazo que podría alcanzar, como por el presupuesto solicitado para el año próximo, pero los diques de contención del programa ya están afianzados.

Pie de página: El Panorama de la educación 2022 de la OCDE trae información interesante. Por ejemplo, muestra que en México la tasa de empleo para hombres con educación superior es dos puntos porcentuales más baja que para aquellos que solamente tienen educación secundaria superior (86 y 88 por ciento, respectivamente). Por el contrario, esa misma tasa es 20 puntos porcentuales más alta para las mujeres con educación superior en comparación con las que tiene educación secundaria (74 y 54 por ciento).