Alejandro Canales Sánchez

La reforma electoral comienza por lo más sencillo y, claro, lo que aglutina el beneficio e interés de todos los partidos políticos. Ahí está el caso de las sanciones monetarias a los partidos políticos por sus violaciones a la ley. Los recursos derivados de esas multas son destinados a las actividades científicas y tecnológicas, solo que ahora los partidos políticos quieren disminuir el porcentaje de descuento, así que los recursos se dilatarán más en llegar, si es que llegan.

El monto por concepto de multas ha sido variable, pero la cantidad es creciente y se ha vuelto más significativa para el sector, sobre todo en un contexto de austeridad. El recurso extra seguirá siendo relevante, como lo es desde el 2005, cuando se instauró por primera vez la medida. Lo paradójico es que es que se trata de un beneficio debido a las irregularidades cometidas en el ejercicio de los recursos en las contiendas electorales, como rebasar topes de campaña, no reportar o no comprobar parte de los egresos, entre muchos otros.

El Instituto Nacional Electoral (INE) es el encargado de fiscalizar el proceso electoral y sancionar a los partidos. Si la irregularidad fue cometida por un partido político nacional, el recurso va para el Conacyt, si la cometió un partido local entonces se destina a los respectivos organismos estatales de la actividad científica y tecnológica (art. 458 fracción 8 de la LGIPE).

Desde que se puso en vigor la medida y hasta el 2014, el Conacyt recibió mil 660 millones de pesos. Los funcionarios de entonces indicaron que poco menos de la mitad de esos recursos fueron canalizados a los Centros Públicos de Investigación y la parte restante la distribuyó directamente el organismo (La Jornada 29.05.2015).

El monto ha ido en aumento en los años recientes. El INE informó que para el 2018, con una cuarentena de irregularidades de los partidos políticos, aprobó sanciones por 586 millones de pesos (Comunicado No. 319); para el 2019 la cantidad fue de 563 millones de pesos y para el 2020 casi alcanzó los 600 millones de pesos (Comunicado No. 404).

Además, al concluir la fiscalización del proceso electoral 2020 y 2021, tanto de las elecciones federales como de las locales, en septiembre del año pasado, el INE informó que aprobó sanciones por más de mil 203 millones de pesos a la decena de partidos nacionales y otros locales (Comunicado No. 361). O sea, un monto casi equivalente al recibido en la primera década. Los partidos políticos más grandes cometen más irregularidades y a los que se penaliza más.

La cantidad precisa de la sanción se conoce tiempo después, porque generalmente los partidos políticos recurren al Tribunal Electoral para impugnar la penalización y es hasta el fallo definitivo cuando se sabe de qué tamaño en es el castigo. Así que los montos pueden variar de lo que aprueba el Consejo General del INE y la multa tampoco es cobrada en una sola exhibición.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción a los partidos políticos puede alcanzar “una reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución” (artículo 456) y así ocurre hasta alcanzar el monto de penalización.

Los diputados quieren que el INE, en todos los casos, les reduzca máximo el 25 por ciento, salvo cuando esté implicada la violencia política hacia las mujeres, en cuyo caso la reducción sí podrá llegar hasta el 50 por ciento de la ministración mensual que les toca. Es decir, no buscan reducir o anular el monto de la multa, lo que quieren es pagarla en “cómodos descuentos” porque, argumentan, la autoridad electoral incluso ha recurrido a la retención total de sus remanentes. Obviamente, menores descuentos implica un periodo más largo para liquidar sus deudas.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el dictamen favorable lo elaboró la Comisión de reforma político-electoral y la reforma quedó aprobada la semana pasada con 466 votos a favor, 27 abstenciones (25 de MC, uno del PAN y otro del PRI) y solamente un voto en contra de la diputada morenista Inés Parra Juárez.

En el pleno nadie se registró para hablar en contra, la media docena de oradores argumentaron a favor. El mismo diputado Gutiérrez Luna dijo: “Este consenso en torno a una reforma electoral genera buen ánimo, genera expectativas hacia futuro en el trabajo que tenemos y que se ha planteado en esta legislatura para reformar otras disposiciones de la materia”. Pues sí, la dinámica de las reformas en las cámaras será impredecible, pero cuando la iniciativa es en beneficio de los partidos políticos los acuerdos y el consenso asoma rápidamente.

Tal vez la participación más ilustrativa fue la del diputado Benjamin Robles Montoya del Partido del Trabajo, el legislador dijo: “La verdad es que sí podría parecer a simple vista una reforma a modo para los partidos políticos, pero hay que decirlo con mucha claridad: no es así”. Ajá.

Si la penalización se reduce por infringir las normas en las contiendas electorales, el incentivo es mayor para la transgresión. Las violaciones a la ley no solamente podrían continuar, ahora tal vez se incrementen de forma ostensible. Lo peor es que las malas prácticas se fomentarán y el volumen de recursos extra para el sector científico y tecnológico llegará a cuenta gotas.

Todavía falta que la reforma sea aprobada por la Cámara de Senadores, pero seguramente ahí también habrá consenso.

Pie de página: Las Universidades del Bienestar no son universidades y están generando un malestar creciente.// Siguen las derrotas del Conacyt en los tribunales, ahora fue el turno del científico Antonio Lazcano Araujo.