Alejandro Canales Sánchez

Hemos presenciado casi en tiempo real el enrarecimiento del clima institucional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como las arbitrariedades, el deterioro y los errores. Ahora, de forma diferida, nos enteramos de un cambio de régimen fiscal que no es reciente. El cúmulo de evidencias exhibe que las bases mismas de la institución están siendo socavadas, pero ¿será inexorable?

En realidad, en este periodo, el Centro es noticia constante y en ningún caso ha sido por los mejores motivos. El problema es doble. En primer lugar, todo parece contingente e improvisado, porque no se trata y no está a la vista un modelo institucional que intente reemplazar al existente, en cuyo caso se explicaría la resistencia a un cambio.

Lo evidente es que, en el CIDE, las iniciativas y las decisiones únicamente son comandadas por la grave restricción de recursos financieros. Y añadamos una dirección con escasa legitimidad y autoridad académica, inexperta e incapaz de comprender y encabezar a la comunidad que quiere gobernar.

Al comienzo, en mayo del 2019, cuando el presidente López obrador emitió su memorándum de medidas de austeridad, entre ellas la que más ruido causó fue la de justificar y solicitar por escrito al ejecutivo federal todo viaje al extranjero. Sin embargo, no fue la de mayores consecuencias.

Lo grave fueron las restricciones a la nómina y servicios personales, al igual que los recortes de 30 y 50 por ciento sobre el gasto operativo en diferentes partidas presupuestales. La aplicación de esas medidas en los Centros Públicos de Investigación (CPI) provocó que algunas de sus funciones se detuvieran, unos proyectos en marcha se truncaran y algo de incertidumbre para planear actividades.

Todavía en aquel momento, para el CIDE y para todo el subsistema de centros, la serie de restricciones parecía algo pasajero. Después de todo, los convenios de desempeño y los indicadores de su productividad ostentaban un blindaje institucional difícil de perforar.

La confianza, sin embargo, se disipó al poco tiempo. Un año después, en mayo del 2020, comenzó a tomar forma el dilatado y accidentado proceso de extinción de los fideicomisos. Uno de los instrumentos clave para la operación del CIDE, también de todos los CPI y el funcionamiento de los fondos sectoriales y mixtos de todo el sistema científico y tecnológico.

Luego vino la renuncia del anterior director del CIDE, un periodo de interinato, la irregular designación del titular actual, la huelga de estudiantes, los despidos y renuncias de personal del Centro, el quiebre de normas y un largo conflicto con los estudiantes y el personal que llega hasta hoy.

Ahora, por las notas de la revista Proceso y El Universal (23.10.2022) nos enteramos que, desde el pasado mes de abril, el CIDE cambió su régimen fiscal: de “persona moral con fines no lucrativos” a “régimen general de personas morales”. Al parecer es por asuntos contables, pero ahora tiene una deuda de 27 millones de pesos con el fisco y eso tendrá un impacto en la operación y futuro de la institución. La fortaleza de la institución ya no luce como hace tres años.

En segundo lugar, como es evidente, las dificultades no solamente las experimenta el CIDE, el problema es compartido por la veintena de centros públicos e incluso por otras instituciones de educación superior. Estas últimas tienen la presión de ampliar las oportunidades educativas en correspondencia con la gratuidad y obligatoriedad que ahora establece la Constitución, pero intentan hacerlo sin la existencia del fondo especial que se había previsto.

Los CPI, por su parte, son un conjunto de instituciones que comparte normas, identificados como entidades paraestatales, siempre han buscado un tratamiento diferente al de una dependencia de la administración pública, también a la defensa de su actividad académica y por impulsar un marco normativo que los ampare.

El subsistema de los CPI tiene alrededor de 30 años de funcionamiento, en un principio con algunos Centros y una escasa articulación entre sí. Luego, con varias reformas a su normatividad y diferentes intentos, muchos de ellos truncos, para proyectarlos como subsistema, el más reciente fue convertirlos en consorcios.

Los CPI están dedicados a la enseñanza de alto nivel en diferentes áreas del conocimiento, son o eran altamente productivos en el terreno de la investigación científica y tecnológica, tanto que sus indicadores ocupaban las primeras posiciones en el subsistema científico y tecnológico.

En fin, parece inevitable contrastar el esfuerzo para la instauración institucional de un sistema que se puede medir en décadas, la relativa rapidez de meses o años con la que se pueden carcomer sus raíces y la dificultad para edificar nuevas instituciones, como las universidades del bienestar. Pero, como también se sabe, una vez enraizadas, las instituciones académicas tienen una base pesada, un núcleo operativo que domina la organización desde abajo y pueden alcanzar una duración intertemporal. Ya lo veremos.

Pie de página: Ya está la ley de Ingresos y ahí viene la de Egresos, pendientes.