Alejandro Canales Sánchez

El presidente López Obrador cerró su conferencia de prensa en la Ciudad de Oaxaca, el 14 de febrero del 2021, con estas palabras: “Y, con todo respeto, en su momento, en su momento, porque son iniciativas de Conacyt, de centros de investigación públicas, pero también de empresas privadas, les vamos a sugerir que la vacuna nuestra se llame Patria, ya apartamos el nombre” (versión estenográfica 14.02.2021). Después de casi dos años de aquella sugerencia, seguimos solamente con el nombre.

Por aquellas fechas cruzábamos la tercera ola de contagios y estaba en marcha el plan nacional de vacunación. La adquisición de vacunas en el mercado global estaba muy competida y países en desarrollo, como México, no estaban a la cabeza de la lista. El canciller Marcelo Ebrard tenía colgadas algunas medallas por sus logros en las negociaciones realizadas. El anuncio del presidente sobre el desarrollo de una vacuna nacional, sin duda, parecía una buena noticia, la confianza en la infraestructura científica del país y los grupos de expertos nacionales parecía retornar.

Un par de meses después de la conferencia de Oaxaca, el presidente invitó nuevamente a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, para que explicara en qué situación estaban los trabajos del biológico y cuándo estaría listo. Ahí dijo que el grupo de trabajo comenzó desde el año 2019 y reunía a destacados expertos, tanto nacionales como internacionales. Una de las empresas más relevante en el grupo de trabajo era Avimex, así como instituciones del sector salud.

En realidad, lo que la mayoría de analistas de la salud comentaron en su momento fue que la base del trabajo era la “tecnología desarrollada por la Escuela de Medicina Icahan en Monte Sinaí, en Nueva York, y la proteína HexaPro, de la Universidad de Texas, Austin” (Milenio 13.04.2021). O sea, el gobierno mexicano únicamente adquirió la licencia correspondiente que le permitiría producir la esperada vacuna. No es un invento ni un trabajo de científicos nacionales.

La directora del Conacyt, en su explicación del desarrollo de la vacuna, en abril del 2021, mencionó algo muy esperanzador: el inicio de la fase preclínica y el comienzo del reclutamiento de voluntarios para las siguientes tres fases. Parecía inminente la fabricación de la vacuna. De hecho, la doctora Álvarez Buylla dijo: “Ahí están las fechas aproximadas y, si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la Cofepris para su aprobación en uso de emergencia” (versión estenográfica del 13.04.2021). Es decir, tendríamos vacuna al concluir el año 2021.

Los tiempos parecían apretados, pero dado que el ejecutivo federal presionaba con la iniciativa y el esfuerzo estaba comandado por el Conacyt, su organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, no era imposible. Ahora vemos que no, desafortunadamente concluyó el año pasado y está a punto de terminar el actual y la vacuna no está lista.

Un banner en la página electrónica inicial del Conacyt hoy sigue llamando a voluntarios de Cdmx, Morelia y Oaxaca para que participen en los ensayos de la fase tres y se requieren miles. Por cierto, según revelaron los documentos filtrados en los Guacamaya Leaks, Conacyt intentó que personal de las fuerzas armadas participaran como voluntarios en la fase dos, pero la Defensa Nacional se negó.

El plazo comprometido para tener lista la vacuna no fue lo más notable de la explicación de la directora del Conacyt. Lo sorpresa fue cuando la misma titular se refirio a los costos: “va a ser en promedio hasta 855 por ciento menor que la vacuna más cara en el mercado ahorita, esto les da una idea” (versión estenográfica del 13.04.2021). La desmesura y la imposibilidad del porcentaje fue lo que se quedó en los medios, pero no los plazos comprometidos.

Tal vez el error en el porcentaje de costos revela más de lo que parece, porque muestra que el tema de los recursos ha sido clave para que esté o no lista la vacuna. No es fortuito que el Conacyt haya clasificado como información reservada lo referente a la distribución del presupuesto y los ensayos de las pruebas.

Es cierto que la indagación científica tiene un componente azaroso que no siempre permite tener los resultados esperados en el tiempo calculado. Sin embargo, el proceso tampoco es de ahí se va, de una improvisación constante, esperando que sea producto de la casualidad. Dos años de retraso, en la escala de una investigación científica, cuando ya estaba la licencia de la tecnología base, parece indicar otro tipo de dificultades. La voluntad, la ideología y los discursos son insuficientes; se requiere de esfuerzos colectivos y de políticas para el sector.

La prestigiosa revista The Lancet publicó el pasado mes de septiembre los resultados de su comisión sobre el covid-19, ahí en medio centenar de página hace una evaluación de la pandemia y expresa: “A pesar de muchos ejemplos de investigación de excelencia durante la pandemia, también ha habido investigación de baja calidad, sujeta a sesgos y con resultados engañosos” (The Lancet Comissions: 1258). Sí, no es solamente un tem de voluntad

Pie de página: Ahí viene el panel del T-MEC para resolver la controversia sobre el maíz transgénico.