Alejandro Canales Sánchez

La controversia sobre las becas de posgrado se ha centrado en si hoy se otorga un mayor volumen o, por el contrario, más bien han disminuido. La cantidad es relevante y vale la pena tener certeza, pero también está en marcha una nueva forma de distribución que podría representar un cambio de mayores proporciones.

Tal vez usted recuerde que hace poco más de un mes, en este mismo espacio, dijimos que no cuadraban las cifras de becas para estudiantes de posgrado y para investigadores (Campus No. 975). Una cosa era lo que decía el presidente de la República, otra la que reportaban los anexos estadísticos de los informes de gobierno y otra más la que indicaba el propio Conacyt, aunque todas ellas podían considerarse como fuentes oficiales.

El ejecutivo federal anunció que en el año 2022 se habían entregado, en cifras redondas, 129 mil becas para posgrado e investigadores; alrededor de tres mil becas más respecto del año previo. El problema es que los datos del mismo anexo estadístico del informe de ese año, no respaldaban ese volumen de apoyos.

A su vez, el Conacyt reiteró, especialmente a partir del comienzo del año 2022, que de ninguna manera se entregaban menos becas de posgrado, pero sí habría un cambio relevante en su otorgamiento: se harían llegar directamente a los beneficiarios; no habría más intermediarios.

El mismo Conacyt anunció que sustituiría el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) por un Sistema Nacional de Posgrados, aunque no precisó cuáles serían sus características. Las coordinaciones de posgrado de las instituciones tampoco supieron bien a bien qué tanto debían intervenir con el cambio de reglas y en dónde terminaban sus responsabilidades. Eso ocurrió el año pasado y se supone que este año las cosas deben estar más claras.

Veamos primero las cifras. Para efectos prácticos, la fuente con datos más desagregados y mayor exactitud debe ser el propio Conacyt, no solamente porque es el organismo rector de la política que concentra y distribuye los apoyos, principalmente porque, como lo dice la norma vigente, debe elaborar anualmente un informe general sobre el estado del sector.

El problema es que ese informe casi nunca está a tiempo. El mes pasado el Conacyt publicó el informe más reciente, aunque corresponde al año 2020 (Aquí lo puede ver: t.ly/nHLW). Ahí están los datos sobre las becas. Bueno, es un decir.

Porque algo sigue sin cuadrar con el número de becas: el informe reporta que los apoyos han disminuido por una estrategia deliberada (pág. 185), pero la información está incompleta. El apartado sobre becas del año 2020 muestra una clara disminución respecto del 2019, las becas al extranjero disminuyeron casi a la mitad (pasaron de 1,254 a 621) y muy ligera para las becas nacionales (de 22 mil 710 a 22 mil 481).

El problema es que no está la serie histórica ni la desagregación de becas por tipo, nivel educativo (maestría y doctorado) ni entidad y país. La información debería estar en el anexo estadístico del informe general, aunque, si usted la busca, notará que las tablas correspondientes no están, la seriación de tablas simplemente se saltan esos números (tablas IV.6 y de la IV.9 a la IV.16). ¿El informe es una versión preliminar y luego será sustituirá o es un error deliberado? Mala señal.

Sobre el cambio de reglas para el otorgamiento de becas, el mismo Conacyt ha expresado que el PNPC es un mecanismo que ha favorecido una distribución opaca de los apoyos y una privatización del posgrado. Así que, ha dicho, está en marcha un convenio de colaboración entre ese organismo y la Secretaría de Educación Pública para una transición hacia un nuevo Sistema Nacional de Posgrado.

Efectivamente, el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), ese nuevo espacio de encuentro de titulares y representantes de la educación superior, en su sesión de septiembre del año pasado presentó una propuesta de política nacional de evaluación y acreditación para el nivel.

Una de las acciones fue la creación de un comité técnico del Sistema de Evaluación y Acreditación Nacional, instancia responsable de elaborar los lineamientos para la operación del sistema, una de cuyas tareas será la formulación de “orientaciones e indicadores para la acreditación de los posgrados por parte de la SEP”.

El planteamiento de mejora, han establecido, incluye la simplificación de procesos, indicadores cualitativos y protocolos de ética. Además, proponen, consolidar “los procesos de transformación de los posgrados que incorporen formas de colaboración con los diferentes sectores de la sociedad, la pluralidad epistémica y el diálogo de saberes”.

Según las fechas previstas, la transición de un sistema a otro todavía se llevará este año, así que, propiamente, una evaluación y acreditación tal vez la veremos hasta el año próximo. El cambio es de proporciones mayores y la responsabilidad se traslada de entidad administrativa. No está nada mal que siga un proceso terso y gradual.

Sin embargo, la mesura no es suficiente, también se necesita información completa y precisa, tanto como una discusión pública amplia sobre nuevas reglas. No es mucho.

Pie de página: la agenda del sector para este año estará centrada en la promulgación de su nueva ley general. Atentos.