Alejandro Canales Sánchez

Tal parece que una demora de tres años no ha sido suficiente para aprender las lecciones de cómo no proceder y qué sí hacer para diseñar una nueva ley para el sector. Los ánimos de los sectores interesados siguen encrespados, poca o ninguna variación se registra en las posiciones y los errores se vuelven a repetir. Estamos en el pemúltimo año del sexenio, el mes próximo iniciará el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y ya sería hora de contar con una ley.

La idea de un nuevo marco normativo para el sector comenzó con el actual periodo de gobierno y, luego, con la reforma aprobada del artículo 3ro constitucional de mayo de 2019, quedó establecida la necesidad de una nueva ley general de ciencia. El artículo sexto transitorio de aquella reforma expresamente señaló que se deberían promulgar, a más tardar en diciembre del 2020, dos leyes generales: una de Educación Superior y otra de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sin embargo, como lo hemos dicho una y otra vez, solamente quedó lista la Ley General de Educación Superior. Una ley que fue aprobada por consenso, tras un trabajo sistemático con las agrupaciones del sector, la discusión colectiva sobre el diseño técnico, el convencimiento de las autoridades sobre las orientaciones básicas, la inclusión de los rectores y la labor de los legisladores, entre otros ingredientes. El caso mostró que sí es posible el entendimiento y la negociación en la elaboración de una ley general.

El sector de la educación superior y el de la ciencia y la tecnología no son iguales, aunque comparten áreas de interés y tienen puntos de convergencia, difieren en propósitos, organización, dinámica y regulación. También es verdad que el trabajo para elaborar una nueva norma para la educación superior venía de tiempo atrás, porque la ley a sustituir tenía un rezago de cuatro décadas, lo cual aceitó los acuerdos y facilitó el diseño.

En cambio, la ley de ciencia no solamente experimentó una reforma mayor hace dos décadas y múltiples modificaciones en los años siguientes sobre los que hay controversia, en este periodo se han acentuado las discrepancias entre la autoridad y comunidades del sector. Así que a la fecha todavía no hay una discusión en el Congreso y mucho menos un acuerdo sobre cómo debe ser esa ley.

El pasado 13 de diciembre el gobierno federal ingresó, por fin, su proyecto de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LHCTI) en la Cámara de Diputados. La iniciativa difiere, relativamente, de las versiones que se habían filtrado con anterioridad, pero conserva las bases y principios de lo que el gobierno ha expresado que busca para el sector.

La polémica y el desacuerdo con el proyecto de ley gubernamental ha sido visible en los medios. Las expresiones públicas de inconformidad de las comunidades y de diferentes academias y asociaciones han hecho patente que no cambió significativamente el contenido de ese proyecto, tampoco el procedimiento y los mecanismos de consulta de la autoridad. Imposible pensar que su aprobación es inminente.

La nueva ley debe regular las competencias y responsabilidades entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas porque es una ley general. También, entre otros aspectos, debe hacer efectivo lo que ahora dice el artículo 3ro constitucional sobre el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la tecnología; garantizar el acceso abierto a la información que se derive de la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica; y “proveer recursos y estímulos suficientes”.

A la fecha, junto con el proyecto de ley del gobierno federal, en el Congreso hay otros cuatro proyectos más, con diferencias sustantivas en la definición de competencias y responsabilidades entre la federación, los gobiernos estatales y las comunidades. También con otras bases de cómo integrar el sistema científico y tecnológico, quiénes y cómo deben participar en las decisiones del sector, así como cuánta inversión debe destinarse a la materia, entre muchos otros temas. Podrían incluirse aspectos relevantes de todas las iniciativas.

El próximo mes de febrero inicia el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y seguramente será el turno de discutir la nueva ley general. Lo hemos dicho en estas mismas páginas: los legisladores podrían no moverle ni una coma a la ley del gobierno federal y aprobar la iniciativa así como está (Campus No. 978). El partido gobernante tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobar cualquier ley secundaria.

Sin embargo, probablemente provocaría un encono mayor en el sector, con largas disputas a resolverse en los tribunales y casi nadie quedará conforme. No solamente. Lo más grave es que, nuevamente, diferiremos la oportunidad de conservar los avances que se han logrado en el sector y modificar lo que no ha funcionado. No será sencillo, pero todavía es posible construir un consenso para la nueva ley.

Pie de página: A pesar de que se han resuelto favorablemente cuatro de las 36 causas penales en contra de científicos y ex funcionarios del Conacyt, la mayoría de acusaciones sigue en pie.