Alejandro Canales Sánchez

Después de un año y medio de zozobra, tal parece que paulatinamente serán cerrados en definitiva los expedientes judiciales de los 36 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Las recientes resoluciones no incluyen a todos los acusados, apenas va media docena, pero pronto podría concluir uno de los capítulos más lamentables y vergonzosos de la relación entre autoridad y comunidad científica.

El desencuentro entre unos y otros lleva lo que va del actual periodo de gobierno y ha sido ampliamente documentado en los medios. Sin embargo, otra fue su escala cuando en agosto del año 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ordenes de aprehensión para 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt; el fundamento era su participación en cinco delitos y los de mayor gravedad fueron operar con recursos de procedencia ilicita y delincuencia organizada.

Las acusaciones eran desproporcionadas porque ameritaban prisión preventiva oficiosa y el punto del conflicto era si el financiamiento que recibió en administraciones anteriores el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) había sido o no legal. Las autoridades del Conacyt, han sostenido que era ilegal, mientras que los acusados han dicho que la operación fue conforme el marco normativo vigente.

Los científicos o exfuncionarios, como cualquier otro profesionista, persona o servidor público, no están o no deben estar exentos de la aplicación de la ley. Si actúan de forma indebida o cometen ilícitos deben responder por sus actos y ser llamados a cuentas. La titular del Conacyt, la doctora Álvarez Buylla, en su momento, dijo que ella había cumplido con presentar la denuncia, pero lo grave fue que las indagatorias de la FGR parecían revelar otras motivaciones.

En efecto, precisamente, poco antes de presentar los cargos en contra de científicos y exfuncionarios de administraciones previas, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, después de una década de tratar de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue admitido en la actual gestión.

Una comisión especial designada por las autoridades del Conacyt resolvió que el fiscal “había recibido un daño reiterado y acumulado a lo largo de 10 años, por lo que éste debía ser reparado con la asignación del nivel 3” (Comunicado 12.06.2021). O sea, no solamente fue admitido, quedó en el nivel más alto del programa. La relativa coincidencia en el tiempo sobre el ingreso del fiscal general al SNI y el tipo de acusaciones en contra de exfuncionarios del Conacyt no pasó desapercibida, aunque no hizo variar el talante de las autoridades del sector y tampoco de la fiscalía.

Incluso, en septiembre del año 2021, a pesar de que un juez había rechazado por segunda ocasión las órdenes de aprehensión, el fiscal general volvió a la carga, dijo que no aceptaba el criterio del juez y anunció que solicitaría de nueva cuenta las órdenes de aprehensión (Comunicado 377/21. 22.09.2021). Además, la fiscalía general dobló la apuesta: amplió sus indagaciones a otras instancias e incrementó el número de científicos y exfuncionarios investigados. Si al inicio eran 31 personas, luego añadió cinco más, para sumar en total 36. El temor de los acusados a la ira del fiscal no era para menos y la probabilidad de terminar en la cárcel se incrementó.

Las indagatorias continuaron su curso, aunque no hubo mayor información en los medios. Sin embargo, recientemente hubo otra coincidencia relativa: precisamente cuando se ha especulado sobre la ausencia y el estado de salud del fiscal general Gertz Manero, han llegado las notificaciones de cancelación de expedientes judiciales de los científicos.

La semana pasada, el portal de noticias Animal Político dio a conocer que un tribunal federal había ordenado desde el 13 de enero cancelar los cargos en contra de Julia Tagüeña Parga, José Franco, Gabriela Dutrénit Bielous, Teresa de León Zamora y Marcial Bonilla Marín. Los abogados encagados de la defensa, según la misma fuente, comunicaron que: “En otras palabras: finaliza de forma permanente para estos cinco científicos la persecución que existía en su contra” (21.01.2023). Unos días antes también se anunció la exoneración de tres personas más: Luis Mier y Terán, Regina María Alarcón Contreras e Inocencio Higuera Ciapara.

No deja de sorprender que sea la “casualidad” y el azar el principal factor para inculpar o exonerar. Sin embargo, no debiera ser motivo de sopresa, tendría que ser objeto de reclamo. Por una parte, las fallas y arbitrariedades del aparato de procuración de justicia son evidentes; aparecen una y otra vez. También resulta inquietante que el fiscal se puede ausentar sin ninguna comunicación pública y sin rendir cuentas.

Por otro lado, cabe preguntarse qué procede en el caso de los científicos: una explicación pública detallada, un “ustedes disculparán” que nos equivocamos, una reparación del daño, el resarcimiento del esquema de financiamiento y del organismo motivo de la denuncia. Lo peor es que no pasará nada.

Pie de página: El plagio académico será la piedra de toque en la relación de la UNAM con el gobierno federal. Pendientes.