Alejandro Canales Sánchez

Los legisladores podrían aprobar la ley general de ciencia en las próximas semanas, después de un retraso de más de dos años. Sin embargo, es posible que no haya discusión, análisis y ni siquiera intervención de los legisladores, porque uno de los proyectos de ley que están en el Congreso, el presentado por el gobierno federal, podría ser aprobado sin modificación ninguna.

Al menos eso es lo que podría concluirse de la respuesta que dio la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, el pasado 16 de marzo, en la sesión de trabajo con las comisiones unidas de Educación y de Ciencia y Tecnología de los diputados. Ahí dijo que sería un retroceso desintegrar la propuesta de ley del gobierno federal.

Vayamos por partes. En primer lugar, sin duda, aunque la ley general fuera aprobada en las próximas semanas, de todas formas ha sido y es una falta al mandato constitucional que marcó diciembre del año 2020 como fecha límite para tenerla lista. En fin, para el registro: a pesar de que se trata de la Constitución, el mayor ordenamiento jurídico nacional, no tiene ninguna consecuencia incumplirla, así sea por parte de los propios legisladores.

En segundo lugar, vale la pena notar lo paradójico del caso: la demora de dos años se resolverá en unas semanas. El lapso transcurrido no fue utilizado para buscar un consenso sobre un proyecto de ley o convencer a los directamente implicados, no, cada quién siguió en su propio carril.

Desde hace un año, los titulares de las comisiones de ciencia del Congreso anunciaron que trabajarían en conferencia, o sea, participarían de forma conjunta diputados y senadores para obtener una norma por consenso (Comunicado 23.03. 2022). No obstante, después del anuncio no hubo reuniones. Nada.

Ahora, apenas la semana pasada, la agenda del tema se reactivó, las juntas directivas de comisiones acordaron una metodología de trabajo, planearon foros de parlamento abierto, integrar el proyecto de dictamen y sostener una “reunión ordinaria permanente y en modalidad semipresencial”. Esta última a más tardar el 12 de abril de 2023.

O sea, apresurar todo para que el proyecto de ley esté listo en tres semanas, tómese en cuenta que la primera semana de abril será inhábil porque es la Semana Santa. En estas circunstancias ¿cómo puede hablarse de análisis o discusión de la ley general, o bien, de foros de parlamento abierto?

Los diputados acordaron siete foros de parlamento abierto con los siguientes temas: derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica; definición y diseño de la política pública y sus instrumentos; Sistema nacional de HCTI y bases de coordinación con entidades federativas y municipios; fomento y financiamiento público de HCTI; el Consejo Nacional; el Sistema Nacional de Centros Públicos; y la participación del sector privado y Sistema Nacional de Innovación.

El parlamento abierto, han dicho anteriormente los mismos legisladores, es una forma novedosa de encuentro entre ciudadanos y poder legislativo, un mecanismo de participación, apertura y rendición de cuentas parlamentaria. Sin embargo, en las condiciones previstas, no parece abierto ni que su realización pueda tener efecto alguno.

Finalmente, en tercer lugar, está lo ocurrido en la sesión de comisiones unidas la semana pasada. En la reunión, la diputada priista Sayonara Vargas Rodríguez, integrante de la Comisión de Ciencia, entre otras dudas, le preguntó directamente a la titular del Conacyt: “¿Usted estaría dispuesta a recopilar después del parlamento abierto de investigadores e investigadoras, junto con esta propuesta de ley (la del ejecutivo federal), a realizar una sexta ley?” (Sesión del 16.03.2023)

Es decir, la diputada Vargas preguntaba si Álvarez Buylla estaría de acuerdo en sumar diversas aportaciones y elaborar una nueva propuesta de ley, porque aparte de la iniciativa de ley del ejecutivo federal, en el Congreso hay otras cinco iniciativas y todavía se deben realizar los foros de parlamento abierto.

En su turno de respuesta, la directora del Conacyt corrigió algunas apreciaciones de la diputada Vargas y explicó que la propuesta del ejecutivo federal tomó en cuenta todas las iniciativas y es “una propuesta integral, ampliamente consensada y discutida”. Un ejercicio integrador que, dijo la directora del Conacyt, “ahora desintegrar y volver atrás cuatro años de trabajo… nos parece un salto para atrás”. Y lo dijo en la casa del legislador.

O sea, a pesar de las posiciones de diversos sectores, las apreciaciones críticas a la iniciativa de ley del ejecutivo federal y lo que pueda ocurrir en el parlamento abierto, todo parece indicar que la iniciativa presidencial va y podría ser aprobada sin modificarle una coma.

Si los legisladores aprueban sin discusión las iniciativas de ley, entonces la pregunta no solamente es cuál es el papel del Congreso y el desempeño de los legisladores en el diseño de las leyes, la interrogante también es para qué sirve el parlamento abierto. Poco y para muy poco, podrían ser las respuestas. Inquietante.

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