Alejandro Canales Sánchez

El diseño de la nueva ley general de ciencia ha sido muy accidentado y así continuará, sea aprobado o no en el Congreso. Todavía esta semana estaban por realizarse cinco foros de parlamento abierto, como acuerdo de los legisladores antes de que las respectivas comisiones emitan su dictamen. Grave será si perdemos la oportunidad para mejorar la norma que tenemos o, peor, si retrocedemos en lo ya alcanzado.

La intención de regular nuestro sistema científico y tecnológico, en la escala de un sistema, en realidad tiene poco tiempo. A mediados de la década los años ochenta, la promulgación de la “Ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico” fue el primer intento para diferenciar y precisar las estructuras, las actividades y los componentes de lo que se denominó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Después, en 1999 vino la “Ley para el Fomento de las Actividades Científicas y Tecnológicas”, una norma que delineó el sistema y le otorgó mayores capacidades al Conacyt, como la responsabilidad plena para elaborar el programa sectorial que denominó “especial”, información consolidada sobre sus recursos financieros, nuevas instancias e instrumentos para impulsar la actividad como los fondos competitivos y, sobre todo, la intención de poner en marcha políticas de Estado en la materia.

La ley vigente, sobre la base de la norma previa, ajustó los instrumentos en marcha, instauró un Consejo General como órgano máximo de política, un ramo de gasto propio para el Conacyt en el Presupuesto de Egresos de la Federación, creó un órgano de coordinación con las entidades federativas para promover la descentralización y estableció una red para articular los grupos de investigadores de diferentes instituciones y de distintos sectores, entre otros aspectos.

Después ocurrieron diversas reformas a la ley vigente del 2002, pero conservando la intención de consolidar un verdadero sistema nacional y la idea de políticas de Estado en el sector. Una modificación importante fue en el 2004, cuando se añadió el artículo 9 Bis a la ley para establecer que el gasto nacional en el rubro no podría ser menor al 1 por ciento del PIB y que debía cumplirse en el 2006. Y pues no, ni en ese año ni después se cumplió.

Ahora, con la reforma al artículo 3ro constitucional de mayo del 2019 abrió la ventana para diseñar una nueva norma. A diferencia de las normas anteriores, y es un avance muy importante, debe ser de carácter “general”, o sea, tiene que regular un verdadero sistema nacional, al igual que las competencias y responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno (federal y estatal).

Además, esa ley general debe hacer efectivo lo que ahora dispone el artículo 3ro constitucional sobre el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la tecnología; garantizar el acceso abierto a la información que se derive de la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica; y “proveer recursos y estímulos suficientes”.

El problema es que no hay un consenso sobre el diseño que debe tener la nueva ley y así llevamos más de dos años. Por un lado, no se ve la suma de los cinco proyectos de ley en el Congreso. Por otro, la iniciativa del gobierno federal, presentada el pasado 13 de diciembre y con mayor probabilidad de ser aprobada, prácticamente propone “tirar al bebé junto con el agua sucia de la bañera”, porque omite los avances de las normas anteriores —como la participación de los consejos de ciencia de las entidades federativas—, deposita la conducción exclusiva de la política nacional en el organismo federal cabeza de sector y lo equipara con el sistema nacional.

O sea, la iniciativa gubernamental no solamente sería un punto de inflexión en la edificación de un efectivo sistema nacional de ciencia y tecnología, también es el abandono a la idea de una política de Estado para el sector y el retorno a una concentración en un organismo federal. De hecho, a pesar de que se trata de un proyecto de ley general, se ocupa de inlcuir la personalidad jurídica de ese organismo, el Conacyt, tanto como sus funciones y atribuciones.

El financiamiento también podría ser otro punto de inflexión. Una larga búsqueda de respaldo para las actividades científicas y tecnológicas culminó, como ya lo mencionamos, con la meta de gasto en el artículo 9 Bis en la reforma del 2004. Ahora, el proyecto de ley del gobierno federal, no incluye ningún compromiso cuantificable de inversión, aunque suscribe que proveerá los recursos “conforme al principio constitucional de progresividad y no regresividad”.

Sin embargo, ese principio en materia de financiamiento no necesariamente garantiza que habrá una mayor inversión, porque sostener el mismo nivel de gasto resulta suficiente para cumplirlo. El problema es que el actual 0.31 por ciento respecto al PIB es un porcentaje muy bajo para cualquier sistema nacional, incluso en el estándar de América Latina es casi la mitad del promedio de la región. No es fortuito que el año pasado España y Argentina reformaran sus respectivas leyes y se comprometieran a duplicar y triplicar, respectivamente, su nivel actual de gasto en la materia.

El diseño de una nueva ley general, no federal, presagiaba un promisorio y mejor marco normativo para el sector, lo mismo que garantizar el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia. No obstante, esa posibilidad ya no es inminente, se mueve en la pemumbra de los intercambios en el Congreso, la indolencia y la impronta de la disciplina partidaria. Por lo pronto, esperemos los cinco foros restantes del parlamento abierto y la posibilidad de acuerdos mínimos, tanto como sensatez y mesura en las fracciones parlamentarias.

Pie de página: Las becas Elisa Acuña sin fondos gubernamentales y la omisión puede causar estragos. // En este periodo de gobierno fueron acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada una treintena de científicos y exfuncionarios del Conacyt, acaban de exonerar a nueve y otros tantos lo fueron desde el inicio del año. Sin embargo, la fiscalía general es impredecible. Pendientes.