Alejandro Canales Sánchez

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) cumplirá medio siglo el año próximo, llegará con menor presupuesto, disputas sobre el rumbo que debe seguir y, según las últimas disposiciones normativas, tal vez ni voz tendrá su comunidad.

A pesar de que el Cide no es el Centro Público de Investigación (CPI) de mayor antigüedad, su fortaleza parecía innegable. Por cierto, en ese sistema, la institución de mayor antigüedad es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe) que fue fundado en 1971 y en el área de las ciencias sociales es el ahora Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología que, con otro nombre, fue instaurado en 1973.

Sin embargo, el CIDE sí era una de las instituciones emblemáticas de los CPI, un referente académico y contaba con amplio reconocimiento al interior y al exterior de México. La historia del Centro, los indicadores que exhibía y los testimonios de su comunidad eran su carta de presentación. Pero la imagen pública con la que llegará a su aniversario de 50 años ya es y será muy otra. Las cosas le pintaron mal desde el inicio del actual sexenio y después se pusieron peor.

Al inicio fue el factor de los recursos financieros. Una de las pinzas fue la Ley de Austeridad Republicana de Estado y el posterior memorándum del 3 de mayo del 2019 del presidente López Obrador. Las medidas que se pusieron en marcha recortaron el presupuesto de toda la administración pública, incluidos los CPI como entidades paraestatales, principalmente en el rubro de gastos de operación, el congelamiento de plazas y la restricción de servicios, entre otros aspectos.

La otra pinza fue la eliminación de los fideicomisos púbicos que limitó la operación de los CPI. El sector de ciencia y tecnología tenía el mayor volumen de estos instrumentos financieros —aunque ni de lejos la cantidad mayoritaria de recursos— y una buena parte correspondía a los CPI, el CIDE entre ellos. A la fecha, sigue pendiente la entrega de un informe sobre los fideicomisos.

Ni siquiera se sabe con exactitud el monto de recursos que estaban en esos instrumentos, las operaciones que siguen vigentes y mucho menos se han precisado los malos manejos que había ni qué corrupción se encontró. Sin embargo, dejó en vilo la operación de los CPI y de múltiples proyectos de investigación en marcha.

El CIDE, además, en agosto de 2021 enfrentó la renuncia de su entonces director, Sergio López Ayllón, cuando todavía le quedaban dos años de responsabilidad. El polémico doctor José Antonio Romero Tellaeche lo sustituyó como director interino hasta el final de noviembre de ese mismo año. Luego vino la huelga de estudiantes que se mantuvo hasta enero del año 2022.

Un breve interinato de Romero Tellaeche fue suficiente para mostrar la falta de entendimiento con los estudiantes y el personal académico. Luego, en un quiebre normativo que permanece en reserva, fue ratificado como director definitivo. Desde entonces los desencuentros han sido reiterados, sea por despidos injustificados, restricciones administrativas, el cambio de contenidos académicos, las acusaciones de plagio, la huida de su personal y, más recientemente, por la no renovación del convenio para prolongar las posiciones laborales del ex programa Cátedras Conacyt. Justo, cuando las Cátedras estaban próximas a cumplir 10 años.

Por último, la semana pasada, el Órgano Interno de Control (OIC, organismo dependiente de la Secretaría de la Función Pública), difundió un oficio para notificar a la comunidad cideíta que, conforme al Código de Ética y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deben abstenerse de “difundir mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona servidora pública de este Centro de Investigación”.

Lo irónico del caso es que las mismas normas que apelan a la ética y el respeto resultaron inoperantes para resolver el tema del plagio académico el año pasado al interior del Centro. En fin, la comunicación del OIC traspasó los muros institucionales y ha causado gran inquietud, tanto que la propia Secretaría de la Función Pública tuvo que emitir un comunicado para indicar, crípticamente, que no buscan “restringir la la libertad de expresión” sino garantizar ese derecho y respetar todos los derechos humanos (Tarjeta informativa 002/2023). Sí, así como se lee.

Desde los años setenta, el economista Albert O. Hirschman planteó tres posibilidades de consumidores y ciudadanos ante dificultades experimentadas con la organizaciones: salida, voz y lealtad. Las opciones se estrechan y el corte de los 50 años del CIDE nos mostrará cuáles prevalecieron.

Pie de página: La Universidad Autónoma de Querétaro invitó a su comunidad a adherirse a la demanda de amparo en contra de la nueva ley general de ciencia. // La directora del Conahcyt sigue su tour de presentación de la nueva ley, otra vez en la UNAM, ahora en la Facultad de Química.// La polémica sobre el maíz transgénico crecerá en las semanas siguientes; el presidente López Obrador ha dicho que habrá una investigación a ese respecto. Pendientes.