Alejandro Canales Sánchez

La legalidad de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) ha estado en vilo desde su entrada en vigor en mayo pasado. Sin embargo, es posible que cambie la situación. Un juez otorgó una reciente suspensión definitiva en la aplicación de la ley y el ahora ex presidente de la Mesa Directiva de los diputados, Santiago Creel, realizó una solicitud a la Corte para que atienda el asunto de forma prioritaria; ambos componentes podrían espolear la solución de la controversia.

Las dificultades con la nueva ley general de ciencia, como aquí hemos dado cuenta, fueron con el contenido, las formas y los tiempos. Porque las fallas no solamente tuvieron lugar en el diseño de la ley y en la ausencia de consenso entre los sectores implicados, también se hicieron presentes en el proceso legislativo.

El Congreso aprobó la ley al final del pasado mes de abril, justo antes del cierre del periodo, pero sin realizar los foros de parlamento abierto acordados y con premura injustificada. Al final, pasó la ley general en una maratónica sesión, junto con un paquete de reformas a razón de 10 o 15 minutos por iniciativa, en ausencia del bloque opositor y sin observar las reglas legislativas.

Las irregularidades fueron muchas y evidentes, pero de todas formas la nueva LGMHCTI apareció en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo. Sin embargo, grupos organizados de científicos y legisladores de oposición no se cruzaron de brazos, interpusieron amparos y acciones de inconstitucionalidad en contra de la nueva norma.

El expediente está en la Suprema Corte de Justicia y ahí se declarará la validez o no de la nueva ley. Sin embargo, no hay plazo para que eso ocurra y en esas estamos. Cabría suponer que hay elementos suficientes para que la Corte diga que la ley es inválida, así que el Congreso tendrá que reponer el proceso y, al final, lo más probable es que quede la misma ley.

No obstante, por ahora, estamos en una situación peculiar: la autoridad sigue tomando decisiones al amparo de la LGMHCTI, la inconformidad es creciente y no hay certeza de cuáles cambios serán permanentes y cuáles no. Ahí está la clasificación de los posgrados o la distribución de becas que hace la Junta de Gobierno, por ejemplo. Entonces, como se puede notar, son muchas las implicaciones de la indefinición jurídica de la nueva ley.

La resolución de la Corte lleva su tiempo e implica que la situación se podría prolongar un año o más. Sin embargo, la semana pasada un juez federal otorgó una suspensión definitiva con efectos generales, a los amparos promovidos por las organizaciones “Uniendo Caminos México” y “Ciencia Plural MX”.

Las organizaciones mencionadas informaron que la suspensión definitiva implica que a partir de la notificación a las autoridades, “no podrán realizar procesos administrativos en tanto no se resuelva de fondo el asunto, así también la autoridad podrá realizar las impugnaciones que por ministerio de ley les corresponde” (14.08.2023).

Una diferencia importante, respecto del mes pasado, cuando las mismas organizaciones obtuvieron otra suspensión, es que ahora es “definitiva” y la vez anterior era “provisional”. De hecho, en aquella ocasión la autoridad raídamente sacó un comunicado para informar que no había recibido ninguna notificación al respecto y seguiría aplicando la ley (Comunicado 406/2023). Ahora no ha dicho nada, pero lo más seguro es que impugnará la determinación judicial y el proceso se alargará.

A su vez, el diputado Santiago Creel, en la víspera de su salida como coordinador de la Mesa Directiva de la cámara baja, informó que había solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “con carácter de atención prioritaria” la revisión y resolución sobre el “asunto relativo al Sistema de Investigación Científica que está impugnado con acciones legislativas y amparos” (11.08.2023 Boletín No. 4777).

A la vista de las presiones crecientes, la Corte podría resolver el asunto de la ley impugnada en un plazo menor al esperado. Sin embargo, tomará su tiempo y su ritmo, porque el máximo tribunal tiene una enorme cantidad de expedientes sobre la mesa, todos demandan atención prioritaria y son altamente sensibles para distintos sectores.

El camino de los tribunales es intrincado, costoso, dilatado y casi nadie queda conforme con el resultado. Por eso siempre se aconseja: más vale un mal arreglo que un buen pleito. En este caso, aunque cabía la posibilidad de evitar el laberinto de los tribunales y diseñar una ley por consenso, las posiciones se volvieron irreconciliables. Ahora solo queda esperar los tiempos de la Corte.

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