Alejandro Canales Sánchez

El presidente López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, el primer día de su periodo de gobierno, anunció como compromiso número 74 que protegería la diversidad biológica y cultural de México y no permitiría “la introducción y el uso de semillas transgénicas”. Ahí quedó registrado.

La medida no estaba incluida en el Proyecto de Nación 2018 -2024 que presentó el entonces candidato López Obrador en diciembre de 2017 y tampoco estuvo en la Plataforma Electoral del partido Morena registrada en el INE. ¿Cómo fue que apareció como un compromiso de gobierno? ¿Qué cambió entre las vísperas de las elecciones federales del 2018 y la toma de posesión?

Solamente el presidente sabe porqué sumó ese compromiso, pero públicamente, lo visible en ese lapso, fue que anunció quien se encargaría de dirigir el Conacyt. Seguramente usted recordará que en el marco del tercer debate entre los candidatos a la presidencia de la República, el 12 de junio del 2018, López Obrador dijo que nombraría a la doctora María Elena Álvarez Buylla como titular del organismo.

Por cierto, en ese mismo debate el hoy presidente también dijo que habría más recursos para el sector, porque en gobiernos anteriores no se cumplía lo que decía la ley de destinarle el 1 por ciento del PIB a la ciencia y solo se alcanzaba la mitad de ese porcentaje. Lo sorprendente es que hoy, cinco años después, estamos todavía más abajo: 0.33 por ciento.

En fin, el caso es que cuando López Obrador propuso el nombramiento de la doctora Álvarez, también dijo que era una reconocida biotecnóloga y Premio Nacional de Ciencia 2017, como efectivamente lo era. Lo relevante del caso es que a los pocos días de aquella mención, la futura directora también presentó el Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024).

El documento, como su nombre lo indica, era el plan con principios, lineamientos y medidas a poner en marcha en el Conacyt. Por cierto, en ese plan todavía no estaba la idea de añadirle una “h” al organismo, aunque sí fue el detonador de la inconformidad que llevó al cambio de nombre, porque ahí las ciencias sociales y las humanidades aparecieron como ciencias auxiliares (p. 5).

Pero volvamos al punto, el Plan de reestructuración, incluía entre varios aspectos, el fomento de la producción agroecológica de alimentos sanos y la evaluación de condiciones de crianza animal y el uso de químicos que afectan a la salud humana. De hecho, la doctora Álvarez Buylla, antes de ser funcionaria, era reconocida en el campo de la biotecnología por su defensa del maíz nativo y su oposición a los transgénicos. Entonces, si ella conduciría la política científica y los transgénicos eran un tema crucial, no parecía extraño que su prohibición apareciera como un compromiso del gobierno federal.

El tema tenía su complicación porque otros miembros del gabinete sostenían opiniones contrarias sobre los transgénicos y lo comentamos en su momento en este Acelerador de Partículas (Campus Milenio No. 880). Actualmente, la composición del gabinete ha cambiado, algunos de los que comenzaron ya no están, pero permanece el compromiso de rechazar los transgénicos y también continúa la titular del Conacyt. Todavía en al año 2020, cuando el ejecutivo federal hizo un corte de caja sobre su centenar de compromisos, lo consideró como meta cumplida y la evidencia era que “no había registro del uso de semillas transgénicas”.

Sin embargo, hoy, la medida salió del marco nacional y entró en colisión en el terreno comercial y político. El pasado 17 de agosto, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, notificó al gobierno mexicano su solicitud de instalación de un panel de resolución de controversias en el marco de Tratado de Libre Comercio (T-mec) para resolver las diferencias sobre la prohibición del gobierno nacional a la importación del maíz transgénico porque considera que viola el acuerdo comercial (Comunicado No. 032).

El gobierno de México y su Secretaría de Economía dicen que la regulación nacional sobre el maíz transgénico es compatible con el Tratado y no tiene afectaciones comerciales. Además, el presidente López Obrador dijo que se integrará un grupo de investigadores para saber a “ciencia cierta si se trata de maíz transgénico y si causa daño o no a la salud; nosotros sostenemos que sí” (Nota 18.08.2023).

Los resultados del panel podrían estar en medio año. Seguramente usted recuerda que en agosto del año 2022 México fue el solicitante de un panel para revisar las reglas de origen del sector automotriz y en enero de este año el panel le dio la razón. Ahora es Estados Unidos el que lo demanda, pero ¿también será favorable para México? Tal vez no.

El uso de los transgénicos es un tema controvertido, pero en el campo científico no hay evidencias duras sobre los daños que pueden causar, por lo menos no que sean concluyentes (Volveremos al tema en próxima entrega). Aunque las pruebas que se acumulen y lo que se resuelva en el panel le darán alta visibilidad a la discusión sobre los transgénicos.

Pero, sobre todo, el panel será un escaparate que mostrará esa intersección entre la política, el interés comercial y la actividad científica.

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