Alejandro Canales Sánchez

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) opera con un déficit anual cercano a los dos mil millones de pesos y el Conahcyt enfrenta casi 700 juicios de amparo en su contra. Primera noticia. Son datos divulgados a través del Sistema Público de Radiodifusión (SPR). O sea, se trata de datos oficiales.

La situación es paradójica: tenemos información desbordada sobre las decisiones en el campo científico y tecnológico, pero conocemos poco, muy poco, acerca de lo que realmente está ocurriendo. Al menos no lo sabemos de forma precisa ni sistemática. La información oficial sobre la política científica reitera una y otra vez una extensa narrativa sobre aquello que ha combatido a lo largo de casi cinco años.

Sin embargo, a la hora de fincar responsabilidades, precisar casos, definir montos, desagregar procesos y mostrar los datos duros, sus coordenadas se pierden en esa narrativa épica y repetitiva de hazañas y números grandes. Por la misma razón resulta aleccionadora la reciente información que apareció en una nota de Ricardo Balderas en el sitio electrónico del SPR (22.08.2023).

El Sistema Público de Radiodifusión es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, instaurado desde el sexenio anterior, en julio del 2014, con el fin de difundir “información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional” (DOF 14.07.2014). Ahora, la titularidad del organismo la ocupa el periodista Jenaro Villamil.

Según la nota de Balderas en SPR, con datos obtenidos “vía Acceso a la Información”, el Conahcyt, al suspender el pago del SNI a 2 mil 16 investigadores de instituciones privadas, se ahorra 503 millones de pesos (en cifras redondas). No obstante, dice la misma nota, “se estima que anualmente existe un déficit de $1,862,572,073 (mil ochocientos sesenta y dos millones quinientos setenta y dos mil setenta y tres pesos 00/100m.n.)”, aunque, aclara, el monto no es preciso.

Los datos reveladores son el número de investigadores del sector privado, los 503 millones de pesos que les destinaba el programa del SNI y el déficit que arrastra el programa La nota de SPR no precisa el año de las cifras, pero cabría suponer que son del 2022 o incluso de este mismo año.

El caso es que las últimas cifras oficiales que se conocieron de investigadores del sector privado, las mostró el propio Conacyt —todavía se llamaba así—, a mediados del año 2021, cuando justificó ante la Conamer la eliminación del incentivo para ese sector. ¿Lo recuerda?

En aquella justificación, el organismo precisó que en el año 2020 los investigadores de universidades privadas sumaban mil 632, o sea representaban el 4.9 por ciento del total del SNI. Además, en sus proyecciones de ese año, indicaba que los nuevos ingresos estaba entre 128 y 180 investigadores del sector privado; calculaba que el presupuesto para otorgarles incentivos era de 124 millones 954 mil pesos (Conamer 05.04.2021).

Las cifras, como se podrá advertir, no son las mismas. Es cierto que dos o tres años después los números no pueden ser idénticos; el número de investigadores y presupuesto va al alza. Sin embargo, no deja de sorprender que hace dos años el ahorro por suprimir el pago a investigadores del sector privado era de 125 millones y hoy es de 500 millones de pesos, o sea se cuadruplicó. Poco, muy poco creíble. La falla está en una u otra información.

El otro dato revelador de la nota de SPR es el déficit del SNI: mil 863 millones de pesos. La cantidad es casi una cuarta parte del presupuesto actual de ese programa. Si el dato es correcto, mostraría por qué la autoridad ha intentado contener la expansión del programa.

También sorprende el número de amparos en contra del Conahcyt. La nota señala que suman 683 juicios de amparo y de ese total, 442 fueron promovidos por 1 mil 256 personas en contra del reglamento del SNI del 2021 (DOF. 20.04.2021); los restantes 241 amparos son en contra del reglamento del SNI del año pasado (DOF. 10.08.2022). En este último se ratificó la eliminación de investigadores de universidades particulares y se alargó el plazo para alcanzar el máximo nivel en el programa. Cifras y números que tampoco se conocían.

En fin, el caso es que al día siguiente de la nota de SPR, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal emitió un largo comunicado titulado “Oligarquía académica y política quieren invalidar nueva ley Conahcyt para mantener privilegios” (22.08.2023). Nuevamente apareció la narrativa larga, el invernadero de cifras grandes y sucesos de hace más de una década para justificar la importancia de la nueva ley general de ciencia. Sin embargo, no estaba ninguna cifra precisa, actual y relevante.

La narrativa del sector está más que difundida, pero lo elemental y más importante sería la oportunidad, precisión y transparencia de las cifras. La ley vigente dice que cada año el Consejo Nacional debe emitir un informe general del estado del sector (Articulo 63 fracción XXVII), aunque el más reciente es del año 2020.

Pie de página. En avances deslumbrantes: India y Japón se van a la luna. // La sucesión en la UNAM sigue su marcha.// Ya está el quinto Informe de Gobierno, el penúltimo del periodo. Atentos.