Alejandro Canales Sánchez

El caso del sector de ciencia y tecnología, a propósito del reciente quinto informe de gobierno, muestra un marcado contraste entre lo que mencionó el presidente de la República en su discurso y las expresiones públicas de integrantes de la comunidad.

Las palabras del presidente López Obrador, su mensaje político le llaman, desgranaron un recuento de cifras, tanto sobre el año que corre como las acumuladas, destacó principios, avances y grandes logros. También, como es frecuente en estos mensajes, no hay mención a los errores y tampoco a lo que falta.

Según lo dicho por el ejecutivo federal y para efectos prácticos, la transformación marcha sobre rieles, literalmente. El año de gobierno que resta, como dijo el presidente, será cosa de seguir con la misma estrategia y seguir caminando “hacia los sublimes ideales de la democracia, la democracia verdadera…” (01.09.2023).

Al mandatario le llevó una hora y media pronunciar su mensaje y casi a la mitad de ese tiempo, dijo sobre el sector: “Hemos reorientado los objetivos del Conacyt, el cual estaba al servicio de las grandes empresas y ahora de manera prioritaria promueve la investigación para vacunas y equipos médicos, busca opciones para sustituir el glifosato y otros agroquímicos dañinos para la salud. Trabaja el Conacyt en conocer los daños que puede ocasionar a la salud el maíz transgénico y desarrolla nuevas tecnologías para explotar el litio, que ya es propiedad de la nación”.

No es todo lo que se ha hecho en el sector, pero la mención fue más extensa a lo dicho en años anteriores y se entiende que el mensaje político del presidente enfatiza lo más relevante de su periodo. Puede considerarse como una síntesis de lo más notable, cuando ya entregó el bastón de mando y comienza la hora de hacer corte de caja.

¿Los objetivos del organismo fueron reorientados? Sí, sin duda. En un universo, el ahora Conahcyt ha reiterado que gobiernos anteriores transfirieron cuantiosos recursos públicos a grandes empresas e instauró una narrativa que exalta lo público, la soberanía científica, la independencia tecnológica, los saberes ancestrales, la justicia epistémica, la equidad, el bienestar social, entre otros elementos.

Al mismo tiempo, el organismo se limita a apoyar algunas iniciativas del sector público, a recortar programas y a eliminar el respaldo a programas dirigidos a instituciones o investigadores del sector privado. El problema es que, como lo hemos advertido aquí mismo (Campus Milenio No. 900 y 901), la reorientación parece más forzada por la escasez de recursos financieros que no alcanzan para impulsar a todo el sector, más que por motivaciones ideológicas o un plan de desarrollo estratégico.

Tampoco hace falta mucha documentación para precisar si el Conahcyt se ha dirigido prioritariamente a promover la investigación para las vacunas o para sustituir el glifosato. Tal vez sería suficiente recordar que la titular del organismo había dicho que la vacuna Patria estaría lista al final del año 2021, pero concluyó ese año, el siguiente, casi estamos por terminar el actual y todavía no hay ninguna vacuna.

La fabricación de vacunas no se puede improvisar y no es un asunto sencillo de resolver. Sin embargo, en un universo paralelo a la retórica oficial, cabe hacer notar que la vacuna Patria no es propiamente un esfuerzo público, en todo caso es una alianza público – privada; tampoco es resultado de una tecnología nacional, el gobierno mexicano adquirió la licencia correspondiente para producirla, la tecnología fue desarrollada por la Escuela de Medicina de Icahan en Monte Sinaí (Nueva York) y la proteína HexaPro de la Universidad de Texas.

Sobre el glifosato y los transgénicos, como también lo hemos mencionado en estas páginas, son temas controvertidos y no hay evidencias duras al respecto. El caso es que por la posición del organismo rector de la política científica ahora tenemos en marcha un panel de resolución de controversias en el marco de Tratado de Libre Comercio (T-mec), el panorama no es alentador y los resultados los conoceremos al inicio del año próximo.

Por otra parte, los reclamos de miembros de la comunidad científica aparecen un día sí y otro también. Ahí están las acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley general, los casi 700 amparos en contra de las decisiones del Conahcyt o las inconformidades por las decisiones de la Junta de Gobierno del mismo organismo.

También están las protestas de miembros del SNI por los criterios de evaluación, las fallas en la operación de la plataforma informática o la supresión de incentivos para investigadores del sector privado. Y todavía no aparecen los resultados de la convocatoria más reciente. Igualmente, está la inconformidad de los jóvenes del ex programa Cátedras Conacyt por el cambio de lineamientos o el reclamo creciente por la nueva clasificación del total de programas de posgrado, la cual dejará como no elegibles a casi la mitad de los programas y un volumen de casi 10 mil estudiantes sin beca.

En fin, todo indica que en el sector científico y tecnológico coexisten dos universos paralelos. No, no los crea un dispositivo tecnológico o una fantasía. Ahí están las evidencias.

Pie de página: El descontento crece por la nueva clasificación de los programas de posgrado y el volumen de los estudiantes de posgrado que se quedaron sin beca del Conahcyt. Puede ser el punto de inflexión de las decisiones en el sector. // El diputado Romero Hicks, en su cuenta personal de “X”, antes Twitter, informó que será el ministro Arturo Zaldívar quien resolverá si procede o no atender de forma prioritaria la acción de inconstitucionalidad sobre la ley general de ciencia. Pendientes.