Alejandro Canales Sánchez

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, el Inai, resolvió que el Conahcyt debe entregar información relativa a los productos derivados de los estímulos fiscales a investigación y desarrollo tecnológico. Una resolución más ordena que también debe mostrar la información correspondiente a la afirmación de su titular, la doctora Elena Álvarez Buylla, sobre una presunta “red de intereses creados” alrededor del Cide.

La información sobre el sector de ciencia y tecnología, lo hemos dicho aquí mismo en distintas oportunidades, es repetitiva y con frecuencia confunde a quién intenta explorarla. Lo peor es que buena parte del mismo sector permanece opaco y en la anonimidad. Los números grandes sí están, en los informes de gobierno y en las declaraciones públicas, pero eso es insuficiente.

Todo se complica o se vuelve imposible a la hora de precisar una iniciativa o tratar de desagregar la información. Por ejemplo, muchos jóvenes aspirantes a una beca de posgrado siguen con dudas sobre la forma, número y distribución de las becas. Lo mismo ocurre con la forma de clasificar y reclasificar los programas de posgrado o la asignación de incentivos en el Sistema Nacional de Investigadores.

También lo hemos repetido en múltiples ocasiones: el informe general del estado del sector más reciente es del 2020, a pesar de que por norma debe ser publicado año con año. El sitio electrónico del Conahcyt, la fuente primaria de información, es un laberinto con salida a páginas que no están actualizadas o con información tan poco amigable que lleva horas sistematizarla. O bien, las ligas de una página a la otra estás rotas o aparecen en blanco.

Tal vez por eso el ejercicio del derecho de acceso a la información y el respaldo del Inai se han convertido en el mejor mecanismo para conocer la actividad del organismo rector de las políticas para el sector científico y para precisar el curso que tienen sus iniciativas.

Un caso: el Conahcyt respondió de forma extemporánea e incompleta la solicitud de información de un particular. Este último quería conocer los informes técnicos finales y los productos entregables de nueve proyectos derivados de estímulos fiscales que indagaron “el control y tratamiento de diversos padecimientos en la salud, tales como el síndrome metabólico, infartos agudos al miocardio, esclerosis múltiple, y enfermedades no transmisibles de mayor impacto a nivel nacional” (Nota informativa Inai 077/23).

El Conahcyt solamente entregó información sobre cuatro proyectos de los nueve solicitados y, como si no hubiera sido suficiente, clasificó como información confidencial los reportes y los productos entregables. Ante esta situación, el Inai le ordenó al Conahcyt que realizara una nueva búsqueda, exhaustiva, de reportes técnicos finales y proporcionara las versiones públicas de los mismos. El tema es relevante porque incluye los incentivos fiscales para los dos primeros años de esta administración y recuérdese que la distribución de estímulos fiscales ha sido otro de los cuestionamientos reiterados a administraciones anteriores.

Otro caso: Diego Micher hizo una solicitud al Conahcyt para que le proporcionara pruebas sobre las afirmaciones realizadas por la doctora Álvarez Buylla acerca de una presunta red de intereses creados por el Cide en la administración anterior, pero el organismo se negó. El Inai instruyó al Conahcyt para que responda y la información que se derive puede llevar a esclarecer de una vez por todas si el Cide incurrió o no en prácticas indebidas.

Las afirmaciones de la doctora Álvarez, como el mismo Micher lo explicó en “X”, antes Twitter (18.09.2023: t.ly/a0HGc), fueron pronunciadas en una conferencia de prensa del presidente López Obrador el pasado mes de mayo. Ahí, como parte de su exposición, ella proyectó en pantalla una lámina con el título “Redes de intereses creados”, la cual tenía colocado en el centro el logotipo del Cide y líneas que lo conectaban con diferentes nombres e instituciones.

La doctora Álvarez, frente a la lámina, afirmó en referencia al Cide: “Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época neoliberal, desviando sus funciones, que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, en economía y formar recursos” (03.05.2023: t.ly/VrfoT).

Ahora, el Inai ha resuelto que el Conahcyt debe entregar el expediente con la información correspondiente y si no es el caso, dijo Micher, el Inai “procederá con medidas de apremio y sanción en su contra”.

Si las entidades de la administración pública cumplieran con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información, no habria necesidad de recurrir a otros mecanismos para ejercer el derecho a la información. En las circunstancias presentes, sin embargo, se abren pequeñas ventanas, como claraboyas, para asomarse al desempeño administrativo y a datos elementales. Tal parece que el Inai resultará cada vez más necesario para ejercer el derecho a la información.

Pie de página: El hilo se rompe por la parte paraestatal: Un comunicado del Cinvestav, pero publicado en la página del Conachcyt, dice que ese Centro acordó “con el Conahcyt hacerse cargo de 20 por ciento de las becas otorgadas, a fin de garantizar que la totalidad de los estudiantes aceptados en alguno de los posgrados del Centro, incluido el colocado en la Categoría 3, cuente con ese apoyo” (11.09.2023: t.ly/c_9DP). Anotado. // El Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado se manifestó en la reunión de la Anuies y la inconformidad no amaina (12.09.2023). Pendientes.