Alejandro Canales Sánchez

Al inicio parecía una palanca inmejorable y sonaba contundente: el organismo rector de la política científica y tecnológica, siguiendo el principio del ejecutivo federal, establecería una relación directa con las comunidades del sector. Todas las iniciativas y todas las decisiones se localizarían únicamente en la ventanilla de la autoridad; una relación directa con los beneficiarios y usuarios.

Sin embargo, los conflictos se han desgranado un día sí y otro también, sea con investigadores, Centros Públicos de Investigación, Cátedras, proyectos, compromisos o el reciente episodio de los jóvenes aspirantes a becas de posgrado. Todos exhiben las dificultades de gestión en el organismo, los números opacos de sus programas y una batalla por la narrativa que se dirime en los medios.

El presidente López Obrador lo reiteró una y otra vez desde que comenzó su periodo: nada de intermediarios entre él y los gobernados. Incluso, en su conferencia de prensa del 29 de abril del 2021, habló de una reforma administrativa que buscaría “quitar todos esos organismos autónomos -entre comillas- independientes -entre comillas- que se fueron creando para simular que el gobierno estaba atendiendo al pueblo, cuando en realidad no era de esa manera, el gobierno protegía a las minorías, le daba la espalda al pueblo” (Aquí lo puede ver: t.ly/bQqVA).

En el terreno de la política científica y tecnológica, la medida de neutralización de organismos intermedios rápidamente fue puesta en práctica desde las primeras semanas del periodo, no con las mejores formas ni con los debidos procedimientos. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico era el organismo que más descollaba, su existencia estaba prevista en la ley sectorial anterior y esa misma ley establecía que debía recibir financiamiento público.

El desarrollo de los acontecimientos lo vimos en tiempo real y es conocido. La disputa entre la autoridad y el Foro llegó a los tribunales, apenas en mayo pasado quedaron canceladas las órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República en contra de una treintena de académicos y exfuncionarios del anterior Conacyt.

Sin embargo, el Foro no fue el único organismo intermedio en ser eliminado, la anterior arquitectura institucional del sector incluía Redes, distintas Academias de especialidades, el Consejo Consultivo de Ciencias, la Oficina de Ciencia de la Presidencia y la Conferencia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta última era la instancia de contacto entre el Conacyt y todos los titulares de los consejos y organismos de ciencia de las entidades federativas. El nuevo marco normativo prescindió del papel que tenían esos organismos. Ahora, como estaba anunciado, dice que el Conahcyt y su junta de gobierno concentrarán todas las decisiones.

Sin embargo, a pesar de que el sector es relativamente pequeño y con un presupuesto acotado, todo indica que el Conahcyt no ha logrado operar satisfactoriamente el conjunto de programas, procesos e iniciativas que transitaban a través de la arquitectura institucional anterior. Por un lado, están las limitadas capacidades de gestión del organismo mismo. Por el otro, los puentes de entendimiento en el sector quedaron rotos y no hay amortiguamiento entre la comunidad y la autoridad.

Las becas de posgrado ilustran el caso. Porque el sistema anterior de evaluación de los posgrados quedó derruido, también fue eliminada la mediación de las instituciones de educación superior y sus coordinaciones de posgrado para la entrega de las becas. El problema mayor es que ahora las decisiones de reclasificación de los posgrados y la distribución de apoyos quedó en manos de la junta de gobierno del organismo, pero no se conoce qué criterios utiliza, tampoco justifica sus decisiones y todavía menos explica sus rectificaciones.

El asunto es que muchos jóvenes no recibirán beca por la categoría asignada a su posgrado y, desde luego, expresan su malestar. Sobre todo porque la narrativa gubernamental insiste en la gratuidad de la educación y en que nadie se quedará sin beca. Pero en el contexto de una relación directa con la autoridad, sin intermediaciones, no debe sorprender que estalle el conflicto, porque se buscan respuestas y la exigencia de una solución se dirigen sin más a la cabeza del sector.

Por eso hemos presenciado manifestaciones públicas de rechazo, literalmente, a las puertas del organismo por la falta de becas. Las mismas protestas se replican en las redes sociales y en los medios directamente a la titular del Conahcyt. Las coordinaciones de los posgrados en las instituciones se han quedado sin saber bien a bien qué hacer o decirle a los aspirantes a una beca.

Desde el organismo se insiste en que el presupuesto para becas de posgrado sigue en aumento, ningún estudiante se quedará sin apoyo y que hoy entrega un mayor volumen de becas que en el pasado. Sin embargo, los hechos son tenaces, la realidad es refractaria a esa narrativa y ahí están los datos, a pesar de su opacidad.

Después de todo, el manejo de la relación directa con las comunidades precisa de algo más que la voluntad y las declaraciones.

Pie de página: El premio Nobel de medicina para Katalin Karikó y Drew Weissman por la vacuna contra el covid basada en ARN mensajero, muy merecido.