Alejandro Canales Sánchez

A nivel internacional, desde hace más de dos décadas, se emitieron las señales más visibles de que el sistema de evaluación de la actividad científica no podía seguir de la misma forma. Sin embargo, ese mismo sistema, con su estructura de incentivos, un gran volumen de recursos financieros y la participación de grandes consorcios editoriales, ha mostrado una notable capacidad de adaptación. No obstante, el sistema enseña sus costuras y hoy lo muestra la principal agencia de evaluación en España.

Desde hace dos o tres años han ocurrido de forma sucesiva diferentes escándalos en la prensa española sobre irregularidades en la publicación de trabajos científicos, sea porque los datos de la investigación son inventados, las afiliaciones institucionales difieren de la adscripción principal, por autorías que no corresponden o por francos plagios académicos. Todos ellos tienen en común el afán de publicar la mayor cantidad posible en revistas especializadas. Y sí, la frase hamletiana de “publicar o perecer” se convirtió en la bandera para navegar en las aparentes aguas mansas del mar científico.

El mes pasado, el diario El País tituló una de sus reportajes como “Una mega fabrica de estudios científicos falsos salpica a un vicerrector español y a tres colaboradores”. El reportero Manuel Ansede daba cuenta de redes que operan para publicar estudios artificiales en números especiales de revistas reconocidas. Un servicio por el que los autores pagan entre dos mil y seis mil euros por publicar en acceso abierto. El medio son los números especiales de revistas reconocidas y ya no son excepcionales, se volvieron frecuentes e incluso esos ejemplares pueden publicarse varios al día (04.10.2023).

Las fisuras en ese sistema que impele a una alta y descontrolada acumulación de papers son cada vez más notables y no son recientes. El Congreso de Budapest en el año 2001, con su iniciativa de Acceso Abierto (Budapest Open Acces Initiative), marcó con mayor fuerza la posibilidad de un acceso abierto a las publicaciones académicas y científicas, dadas las tecnologías hoy disponibles que han superado las limitaciones del formato de papel impreso. También porque una buena parte de los productos de investigación son financiados con recursos públicos.

Desde el 2012, la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA, por sus siglas en inglés) advirtió las limitaciones en la forma de evaluación de la investigación científica. Recomendó enfáticamente no utilizar las métricas basadas en revistas, como el factor de impacto, e hizo una serie de recomendaciones dirigidas a las agencias financiadoras, las instituciones académicas, las revistas y los investigadores. A la fecha, se han adherido a esa declaración, más de 21 mil personas y más tres mil organizaciones en todo el mundo, muchas de ellas revistas especializadas. En México acumula más de medio millar de firmas, de ellas son 236 organizaciones, donde se incluyen revistas de casi todos los campos del conocimiento (DORA, 2023).

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) de España también se adhirió a DORA en este año y a la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). Esta última es una organización integrada el año pasado en Europa que también intenta una reforma de la evaluación de la investigación.

Por la misma razón no debe sorprender que la Aneca haya publicado el pasado 6 de noviembre el documento “Borrador de criterios de evaluación de la Convocatoria 2023 de Sexenios de investigación”. Un texto preliminar para el presente periodo de evaluación, sujeto a una consulta pública que finaliza este 19 de noviembre. La misma Agencia ha dicho que por primera vez sigue este procedimiento de consulta.

La Aneca es un organismo autónomo, instaurado en 2001, encargado de valorar, certificar y acreditar el sistema universitario español para adaptarlo al Espacio Europeo de Educación Superior y ahora se dispone a modificar sus normas de evaluación.

Algunos de los principales cambios que propone son: ampliar el tipo de aportaciones y los medios de difusión que se pueden someter a evaluación y que justifican la actividad de investigación; combinar métodos cualitativos y criterios de evaluación cuantitativos; favorecer el acceso abierto de los resultados de investigación, sea a través de publicaciones, datos o metodologías; y permitir la evaluación de investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria a través de la instauración de un nuevo campo, que lo denomina “Campo 0 Interdisciplinar”.

En realidad, son cambios graduales, rellenos en las fisuras más evidentes del modelo vigente de evaluación de España y del mundo. No son grandes modificaciones ni tampoco significan un giro dramático. Pero es indudable que cada vez resulta más difícil ocultar las grietas y todo indica que llegó la hora de discutir y poner en marcha un nuevo modelo de evaluación.

Pie de página: Los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación y no hay novedad en el ramo 38, el ramo destinado a ciencia y tecnología. Aquí lo veremos.// El tema de la Inteligencia Artificial sigue ausente en las políticas públicas, pero los diputados se aprestan a sancionar su utilización con una reforma al código penal. También lo veremos aquí.