Alejandro Canales Sánchez

Tal vez ahora, por las dudas recurrentes sobre la probidad y credenciales académicas de personalidades del sistema judicial, se ha reparado en la formación de los licenciados en derecho. El tema es de interés público, pero no es una novedad.

La información del segundo trimestre del año 2023 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostró que, de los 11 millones de profesionistas ocupados en México, tres áreas de especialidad eran las de mayor volumen de ocupación: administración y gestión de empresas; derecho, y contabilidad y fiscalización.

A su vez, los datos del Inegi de 1990 (Atlas de los profesionistas en México), indicaban que, en ese entonces, había casi 1 millón 900 mil profesionistas y 56 por ciento del total se concentraba en una decena de profesiones. El primer lugar lo ocupaba contaduría, después medicina y en tercer lugar derecho.

En realidad, el área de las ciencias sociales y administrativas, desde hace décadas, y casi las mimas profesiones, han estado a la cabeza de la lista. Una parte de la explicación tiene que ver con la transformación, cada vez más acelerada, de su campo de desempeño, pero otra parte está en el desarrollo histórico de las profesiones y en la instauración de las instituciones educativas encargadas de su enseñanza.

Los abogados, esos profesionales del derecho, la defensa en los tribunales y la aplicación de la ley, se han desenvuelto con naturalidad en el poder judicial, uno de los ámbitos que requiere un conocimiento del sistema jurídico y dominio sobre la problemática de la procuración de justicia, pero no se han limitado al terreno judicial.

Desde el inicio del siglo XX, en la época prerrevolucionaria, era notable la proporción de abogados en el nivel superior de la élite. Según los niveles de ocupación de esas élites, documentados por Peter H. Smith (citado en Arce Gurza, Francisco, et al. Historia de las profesiones en México), los abogados tenían una participación relativa de 44.4 por ciento, la mayor proporción; le seguían en proporción los maestros de escuela y los profesores universitarios. El dominio de los abogados en la política y la burocracia continuó, no fue así con otras profesiones.

La influencia de los abogados se extiende a diversos ámbitos, porque también se han desempeñado y desempeñan con soltura en el poder legislativo, en la administración pública federal, así como en los sectores privado y social. A menudo, incluso, sin mayor regulación, combinando su labor en varias esferas, el borde o en un claro conflicto de interés.

No por nada en el mundo de la política y de la vida pública, casi quedó reservado el título de “licenciado” para referirse a los abogados, con independencia de los grados académicos que acumularan o de que el título de licenciatura fuera el mismo para otras especialidades profesionales. No todo es reconocimiento social, a muchos abogados se les llama leguleyos, para hacer notar su formación improvisada, sus trapacerías y descrédito.

Según los anuarios estadísticos de la Anuies, en 1970 había 209 mil estudiantes de licenciatura en las instituciones de educación superior en México. De ese total: 41 por ciento estaba matriculado en alguna carrera de las ciencias sociales y administrativas; otro 32 por ciento en ingenierías y tecnologías; 19 por ciento en ciencias de la salud; luego, con porcentajes de tres por ciento o menos, estaban otras tres áreas.

En el ciclo escolar 2022-2023, la matrícula se ha incrementado de forma notable, suman 4.5 millones de alumnos en la licenciatura universitaria y tecnológica (modalidad escolarizada y no escolarizada). Las áreas de especialidad (campos amplios de formación) se han ajustado, ahora un área la integra administración y negocios con una matrícula de 989 mil alumnos y otra es la de ciencias sociales y derecho con 832 mil alumnos. Si se suman ambas áreas representan el 40 por ciento del total.

Si únicamente se considera la licenciatura en derecho y criminología, en total suman 432 mil alumnos. O sea, la carrera concentra 9.6 por ciento de la matrícula total del nivel. La proporción es alta, aunque agregada no es muy ilustrativa.

Actualmente el sistema de educación superior, respecto de hace cincuenta años, es muy distinto. Los campos profesionales se han diversificado, tanto como las habilidades y paquetes de conocimiento necesarios para el ejercicio profesional. Lo mismo ocurrió con el servicio público y el perfil de sus cuadros profesionales. No obstante, es de notar la persistente concentración de las preferencias vocacionales.

Vale la pena aproximarse con mayor detalle a lo que ocurre en las instituciones formadoras de los profesionales y el comportamiento del mercado profesional. Por ejemplo, en el caso de los abogados, a los esquemas de regulación, a la enorme cantidad de programas e instituciones que ofrecen esos estudios, las modalidades educativas que se han ensayado, o bien, a la brecha de prestigios entre instituciones públicas y privadas o a los mecanismos de reconocimiento de validez oficial de estudios. Allá iremos.

Pie de página: Nuevamente, la manifestación de inconformidad llega a las puertas del Conahcyt, ahora por la demora en el pago de becas a los posdoc.