Alejandro Canales Sánchez

El proceso electoral del próximo 2 de junio no solamente tendrá, por primera vez, como principales protagonistas a dos mujeres, también serán dos perfiles académicos relativamente distintos. Tal vez la profesión de las aspirantes no será la variable decisiva al momento de emitir. Sin embargo, sí será uno de los factores clave a la hora de integrar el gabinete y de gobernar.

Las dos principales aspirantes a ocupar la presidencia de la República tienen estudios de licenciatura diferentes, pero comparten un cierto vínculo con la ingeniería. Una profesión inclinada a la eficacia, al pragmatismo y solución de problemas. Xóchitl Gálvez, candidata del bloque opositor, estudió ingeniería en computación en la UNAM. No cursó estudios de posgrado. Su trabajo profesional lo ha desarrollado en automatización de procesos y telecomunicaciones, así como en edificios inteligentes y ahorro de energía.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata del partido gobernante y de dos partidos coaligados, también es egresada de la UNAM, pero ella obtuvo su licenciatura en Física. Por la misma institución tiene una maestría y un doctorado en ingeniería energética. De hecho, en la campaña del 2018 por el gobierno de CdMx, se identificó principalmente como científica que busca soluciones.

La trayectoria y especialidad profesional de las personas, incluidas las del servicio público, se asocian con determinadas habilidades o, por el contrario, con la incompetencia. La formación profesional, como lo reporta la literatura correspondiente, se compone de un cúmulo de conocimientos propios de la especialidad, pero también por los mecanismos de socialización de esa profesión, por eso las identidades son tan diferentes entre la abogacía, la ingeniería o la medicina.

Los abogados desde el inicio del siglo XX, lo hemos dicho ya hace dos semanas, ocuparon las primeras posiciones en el gobierno federal y tuvieron la mayor participación relativa. No obstante, desde la última década de ese mismo siglo, las cosas cambiaron en la burocracia federal, comenzaron a descollar los egresados de escuelas privadas, los economistas y los estudios de posgrado en el extranjero.

Luego, entre el 2006 y 2018 volvieron los abogados al poder ejecutivo federal con Felipe Calderón y Peña Nieto, ambos de escuelas privadas. Pero ¿la profesión de la persona titular del poder ejecutivo federal es representativa o se replica en el gabinete? No.

Actualmente, en total, suman casi 300 titulares de instituciones de la Administración Pública Federal, entre secretarías de Estado, organismos desconcentrados y otras dependencias. No siempre ocurre, pero se necesitan especialidades y competencias profesionales muy variadas. En conjunto, los servidores públicos suman alrededor de un millón y medio (Inegi, 2022).

Sin embargo, como decía Cosío Villegas, en el sistema político mexicano el presidente es pieza principal y sus facultades lo llevan a gobernar personalmente. Así que no carece de interés la composición profesional de los cuadros de primer nivel del gobierno federal.

Sebastián Garrido construyó una base de datos de titulares de la administración pública desde el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) hasta el de Peña Nieto. Incluye a mil 448 mandos de alto nivel, los llamó los mandarines mexicanos y el rango va desde presidentes hasta directores generales.

Los datos precisan qué disciplina estudiaron, cuál es su formación académica y en dónde estudiaron. El trabajo fue publicado en la Revista Mexicana de Investigación Educativa y muestra que “66 por ciento o más de los funcionarios estudiaron tres disciplinas a nivel licenciatura (Derecho, Economía e Ingenierías), cinco de maestría (Economía, Políticas públicas, Administración de empresas, Ciencia política y Derecho) y tres de doctorado (Economía, Derecho y Ciencia política)” (Garrido, 2017). O sea, derecho y economía son las profesiones mayoritarias.

También muestra que las instituciones públicas, a lo largo del periodo, han sido los principales lugares, a nivel licenciatura, de la formación profesional de los funcionarios (67 por ciento del total). Pero no es una tendencia sostenida y el papel de la UNAM ha venido declinando, con altibajos, desde la administración de Salinas de Gortari.

A su vez, la participación de las instituciones públicas disminuye notablemente en los estudios de posgrado (dos de cada diez que cursan maestría o doctorado). La estafeta la toman mayoritariamente las instituciones en el extranjero.

En fin, las relaciones no son directas entre la profesión y el desempeño como servidor público. Además, falta incluir los datos del periodo actual y asomarnos a las instituciones educativas, porque es tan relevante la disciplina que estudiaron los altos mandos de la burocracia como la institución formadora de sus identidades profesionales.

Seguramente presenciaremos un giro en el género y especialidad profesional de los funcionarios de primer nivel.

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