Alejandro Canales Sánchez

Quintana Roo es la primera entidad en armonizar su ley de ciencia a lo que ahora dispone la ley general en la materia. Una armonización relativa en finalidades, organización, financiamiento e incluso en la integración de fuerzas de seguridad en su órgano de gobierno. Lo notable es que ese marco de referencia, la ley general, como lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, enfrenta dos acciones de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia aún no resuelve el caso.

El jueves 21 de febrero de la semana pasada, en la sesión del Congreso de Quintana Roo, la diputada secretaria, Mildred Concepción Ávila, dio lectura al dictamen de proyecto de ley para expedir de Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación de la entidad (Versión estenográfica 21.02.2024). La iniciativa había sido enviada 15 días antes por la gobernadora María Elena Lezama Espinosa.

Seguramente es una estrategia política y deriva de una interpretación jurídica, los diputados y los abogados ya dirán lo que corresponde. Por lo pronto, los diputados de Quintana Roo, sin observación ninguna, con una votación de 23 a favor y cero en contra, aprobaron la citada ley.

Vale la pena recordar que la ley general de ciencia, la que debe orientar a las leyes estatales, entró en vigor el 8 de mayo del año pasado. Pero es un marco normativo impugnado e inestable. Al menos por ahora, no parece sensato tomarlo como marco de referencia.

Sin embargo, las entidades federativas tampoco pueden soslayar fácilmente lo que se indica en esa ley. El artículo ocho transitorio de la ley general dice que los estados tienen un año para armonizar las disposiciones legales y su respectiva ley de ciencia. El plazo comenzó a correr en mayo del 2023. O sea, su vencimiento ya está próximo.

No solamente es el factor tiempo, tal vez más importante es el contenido de la ley misma. Si la ley general de ciencia estableció lineamientos específicos sobre las finalidades del sector, un esquema de financiamiento o forma de integración de los órganos de gobierno de su Consejo, las entidades federativas deben seguir la misma pauta. La relevancia que tiene no es menor.

Por ejemplo, las disposiciones generales de la ley general de ciencia sobre fomento y financiamiento dicen que el Estado “proveerá de recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio constitucional de progresividad y no regresión” (artículo 29). Además, en el presupuesto de egresos, indica que el monto anual que se le destine al rubro no será “inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables” (artículo 30).

La ley de ciencia de Quintana Roo, en referencia a esas disposiciones, dice casi exactamente lo mismo sobre la provisión de recursos y estímulos suficientes (artículo 18). Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto al monto previsto en el presupuesto. Ahí solamente señala que la cantidad se “sujetará a las disposiciones, directrices y requisitos que en la materia disponga la Secretaría de Finanzas y Planeación (Artículo 19). Es decir, la armonización respecto a la ley general es relativa, porque nada garantiza que el presupuesto sea estable o creciente.

Algo parecido ocurre con la composición de la Junta de Gobierno, tanto del Conahcyt como del Consejo Quintanarroense de Ciencia. La Junta, en ambos casos, es presidida por la persona titular de los organismos respectivos e integrada por funcionarios de primer nivel. En el Consejo Nacional, suman más de una veintena de personas, entre ellas una docena de secretarios de Estado, incluyendo el de Marina y de Defensa Nacional (artículos 68 y 69). En su momento, quedó registrada la polémica y el desacuerdo sobre la inclusión de fuerzas de seguridad en ese órgano de gobierno, pero así quedó en la ley general.

La norma de la entidad federativa recuperó el mismo sentido de inclusión: estableció que la Junta de Gobierno del Consejo Quintanarroense se integre por 17 personas, nueve personas titulares de secretarías y entre ellos está el de Seguridad Ciudadana. Tal vez la incorporación de esta última Secretaría se debe a que no existe un equivalente estatal de Marina y Defensa. Aunque no hubo una explicación de esa inclusión en la iniciativa de ley y nada se dijo en la sesión de Congreso. De hecho, sobre ese punto ningún legislador intervino; ni a favor ni en contra.

En fin, la ley estatal está aprobada por su Congreso, pero a la fecha todavía no se publica en el Diario Oficial de Quintana Roo. En estas circunstancias, antes de que avance más la armonización de las leyes estatales, conviene destacar la necesidad de que la corte resuelva lo conducente sobre las acciones de inconstitucionalidad de la ley general de ciencia. Y, como se podrá advertir, el marco de referencia para el conjunto de leyes estatales no es nada menor.

Pie de página: La Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos planea, para el próximo mes de mayo, sugerir un cambio en uno de sus criterios para otorgar subvenciones a proyectos de investigación. Tal vez adopte como un criterio el de “beneficios sociales”. Atentos.