Manuel Gil Antón

Así como vivir mata (sólo quien vive puede morir) el pensar, escribir y publicar llevan consigo la certidumbre del yerro y mucho más de una vez. Morir y equivocarnos es harina de nuestro costal humano. Por ética del oficio hay que reconocer la pifia cuando es nuestra, y ofrecer disculpas por ello a los afectados: es el caso del escribidor de este texto. Suya es la primera errata. A su vez, considero necesario solicitar al Presidente de la República que reconozca un error, y lo haga del conocimiento público. Ésa es la segunda.

En mi artículo publicado hace dos semanas (4/02/2012), atribuí de manera errónea a la SEP haber declarado que en lo que va del sexenio se ha incorporado a la educación superior tal cantidad de alumnos, que “hasta el momento, 32 jóvenes de cada 100 en edad de ir a ese nivel educativo lo pueden hacer”. El doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior, al que mi escrito implicaba como emisor de tal frase, me escribió para manifestar su sorpresa ante esa aseveración. Cita textualmente lo que en realidad expresó en su mensaje. Habló del crecimiento de la matrícula en el sexenio, así como del esfuerzo que en ese logro han jugado las instituciones públicas. En ningún momento de su discurso dice lo que, al poner entre comillas, mi texto indica como sus palabras. Solicita, apelando a mi honestidad intelectual, una aclaración pública. No sólo porque la pide, sino porque así debe ser, lo hago ahora y le ofrezco una disculpa por no cuidar debidamente mis fuentes. Procuro hacerlo, pero esta vez fallé. También pido perdón a los lectores por este descuido.

La aclaración es más importante aun, pues el doctor Tuirán suele ser cuidadoso al referirse a estos asuntos. Por ejemplo, en febrero de 2011, en el Suplemento Campus Milenio, escribió: “(…) la cobertura total de la educación superior (de nuevo sin el posgrado) alcanzó el equivalente a más de 30% de los jóvenes de 19 a 23 años…” Aunque en apariencia sea sutil, es adecuado y preciso afirmar que la cantidad total de estudiantes, sin importar su edad, es “equivalente” a una cierta proporción del grupo etario que se usa como parámetro. Otra cosa es el porcentaje real de los jóvenes que en el rango de edad que va de los 19 a los 23 años están inscritos en una modalidad de educación superior previa al posgrado. Es diferente y menor: 22%. El subsecretario, al emplear el término “equivalencia” en su artículo, no incurre en la común o interesada confusión de la tasa bruta de cobertura con la tasa neta.

Vamos ahora a la segunda errata. Doy fe, debidamente documentada, que en el mismo año en que el subsecretario publicó lo antes dicho, el Presidente de la República en el V Informe de Gobierno —documento oficial por antonomasia— afirma que: “En los últimos años se elevó la cobertura total de la educación superior (escolarizada y no escolarizada) de 25.2%, de la población de 19 a 23 años, en el ciclo 2005-2006 a 30.9% en el ciclo escolar 2010-2011, alcanzando ya la meta propuesta para 2012 de 30%, establecida por el Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, se seguirá trabajando para continuar elevando la cobertura total”. Página 463.

No hay lugar a duda: el licenciado Calderón no indica equivalencia, sino que predica las proporciones para ese grupo de edad específicamente. Es falso lo que afirma. Contradice lo que el subsecretario sostiene. Es un error. De esto se siguen dos consecuencias a mi entender: del mismo modo que en mi caso, apelando a la honestidad intelectual, me solicitan, con toda razón, que enmiende mi error dando la cara, pido como ciudadano que, por elemental responsabilidad política, se anexe una fe de erratas al V Informe reconociendo el dislate cometido, de tal manera que se afirme lo que es cierto y se mantenga la claridad en el subsiguiente y último de esta administración; por otra parte, es conveniente que la coordinación entre la SEP y la Presidencia en materia de información oficial exista, mejore o sea la propia de un gobierno que da a conocer con transparencia el estado de cosas que guardan los asuntos públicos, no de un Poder Ejecutivo que difunde, confunde y luego presume datos sesgados, equívocos, de acuerdo a su conveniencia.