Manuel Gil Antón

Las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas podrán deducir, en 2012, una fracción del costo de las colegiaturas de este año cuando paguen sus impuestos. El tema tiene muchas aristas, y genera preguntas. Aporto algunas a las ya enunciadas.

Dijo Calderón que esto será en beneficio de más de tres millones de niños y jóvenes en el país. Expresó que es una medida largamente esperada por miles de familias que "se esfuerzan por sacar adelante a los suyos". Fue muy enfático al argumentar que miles de padres de familia hacen sacrificios para enviar a sus hijos a la escuela (particular), y que el valor que orienta su reforma a las reglas fiscales es el de la justicia distributiva.

Es importante ver el video del discurso presidencial en el que aporta la justificación del decreto. Si en política la forma es fondo, como dice Perogrullo, escucharlo y ver sus gestos esclarece aspectos relevantes: http://www.youtube.com/watch?v=eCNS2M9L-8c

Al analizar con cuidado las palabras del presidente, sorprende que no haya ni una sola mención en cuanto al esfuerzo que realizan las familias que tienen a sus hijos en las escuelas públicas. Son la inmensa mayoría. Las omisiones suelen ser más nítidas que las palabras. Habló de apoyar a la educación, dinamizar a la economía de algunos hogares pues con los recursos que se recuperen del gasto familiar, se apoyará el crecimiento del mercado interno. Señaló, es cierto, que la inversión en educación pública ha crecido 40% y que hay ya 7 millones de estudiantes becados. La ausencia del tema no es trivial. ¿Los que envían a sus hijos a escuelas públicas no se esfuerzan, e incluso más en muchos casos, por "sacar adelante a los suyos"? La proporción del gasto que destinan a la educación los sectores más favorecidos del país, que en su inmensa mayoría eligen la educación privada cara, ¿es mayor a la que dedican los grupos más pobres en la escuela pública? Ha lugar a dudas.

Aunque suene a herejía, la educación pública, obligatoria por ley y sostenida con recursos públicos no es, para las familias que la usan, gratuita como indica la Constitución. En todo caso, sí carece de colegiaturas "formales" pero incluye, como desembolso, las (mal) llamadas y consideradas virtuosas por el maestro Lujambio, cuotas voluntarias. ¿Por qué cierra los ojos el presidente, y muchos otros celebrantes del decreto "largamente esperado", este hecho que contradice al artículo tercero? Es necesario, si se trata de medir o comparar esfuerzos, calcular el costo de la educación pública para las familias de ingresos bajos o muy bajos. Hay gastos asociados: materiales escolares, transporte y alimentación, ropa adecuada y las cuotas "voluntarias". Una vez hecho esto, hay que poner el monto resultante en relación con sus ingresos. Habría sorpresas. Tal vez la proporción de recursos destinada a la educación, indicador del esfuerzo, sea mayor que la de las clases medias y altas o, al menos, muy significativa. El silencio presidencial es un indicador de su percepción social. Y la de sus colaboradores. ¿En qué México viven?

Las familias que mandan a sus hijos a escuelas privadas, ¿lo hacen porque no hay sitio en el sector público, o se trata de una decisión que tomarían con independencia de la existencia de lugares? Por diversas razones, siguen esa estrategia. Una de ellas, no menor, es que un buen número de familias acomodadas orientan sus opciones educativas a la reproducción de su estatus y para "certificar" la pertenencia a cierta elite, a un grupo "distinguido". ¿No se apoya con este ajuste fiscal la contundente frase que señala que en México más vale tener conocidos que conocimientos? La desigualdad social es profunda. El país se va segmentando. El mensaje que predomina en la iniciativa del ejecutivo contribuye a que la inequidad escolar se haga más pronunciada. Los que "luchan" por educación privada son elogiados; a los otros se les asignan recursos, muchos, crecientes. Los esforzados son ciudadanos que quieren sacar adelante a los suyos; los otros, ¿pasivos receptores de recursos que les otorga el benevolente Estado Humanista?

El señor Cordero dice que hay otra virtud en la iniciativa de su jefe: de esta manera, las escuelas privadas pagarán sus impuestos, dado que los usuarios solicitarán la factura correspondiente; a su vez, al pagar con cheques nominativos, tarjeta de crédito o transferencias electrónicas, entrarían a la base que contribuye pues serían detectables por Hacienda. ¿No es muy tortuoso este camino para evitar la evasión de impuestos? ¿No le está haciendo este mecanismo la chamba a Hacienda? ¿No ha advertido, antes, la evasión fiscal de muchas escuelas? Si no, mal; si sí, peor.

Por otro lado, ¿no se manda un pésimo mensaje a la población, dado que como se justifica sugiere que la calidad se compra, con gran esfuerzo, y por eso se devuelve algo del dinero? ¿Son esas las palabras que se esperarían del responsable de la educación pública en México?

Agreguemos otra pregunta: si la educación básica es un derecho, ¿por qué a los niños y jóvenes que abandonan la escuela por motivos económicos, no se les "indemniza" con el costo promedio de los niveles obligatorios que no pueden cursar? Las becas no bastan para solventar el problema, pues la pobreza es aguda: cada año, 700 mil niños abandonan la educación básica. Si es un derecho, ¿por qué tratarlos de manera desigual a los que pueden, y quieren, otro tipo de educación que la que brinda el Estado, a pesar de estar disponible como bien público?

¿Y la solidaridad? Al pagar impuestos, contribuyen a que haya educación pública los que no tienen hijos, o si ya han sido abandonados por la escuela, o son mayores. ¿Sólo se condona parte del gasto a los que tienen hijos en las escuelas privadas? ¿Se deberían pagar impuestos, o tener régimen de excepción, por, y nada más, las actividades o servicios que realizo o empleo?

Hay más preguntas pero no espacio. Añada las suyas: es responsabilidad del gobierno responderlas y no eludir el centro del debate. Hoy, sabemos, no está de moda preguntar. No importa: es nuestro derecho.