Manuel Gil Antón

Hay ocasiones en que no hay más remedio que preguntar si los funcionarios de la actual administración de la SEP conocen al país. Ha lugar a dudas. ¿Sabrán que se multiplicó por 2 la proporción de niños que pasan hambre cada día? ¿Habrán ido a una escuela pública en mal estado – no son pocas – y usado el baño del plantel, si es que existe?

La pregunta viene al caso pues, con mucho entusiasmo, el secretario Lujambio dio a conocer ya hace meses lo que a su juicio cambiará a la educación nacional: los Lineamientos para integrar los Consejos de Participación Social en cada escuela, previstos desde 1993 por la Ley General de Educación, y no instalados en la mayoría de los planteles cuando emitió el instructivo. Acudió a todos los medios de comunicación para dar la buena nueva. La panacea: si lo padres de familia ya no “abandonaran a sus hijos en la escuela” y se involucraran en ella, la educación nacional cambiaría de manera radical. Necesitamos la participación social, insistía, y para ello deben los padres de familia estar en dichos Consejos, ir a las asambleas, inscribirse en las diversas comisiones… Las fechas de instalación y arranque de estos Consejos ya son las de nuestros días; están ocurriendo.

Al parecer, el control que no puede (o no quiere) ejercer la autoridad sobre las escuelas, se endilga ahora a los padres de familia. Y si no participan, significa que no les interesa la educación de sus hijos. Este argumento remite a la misma acusación cuando un padre o madre de familia se niega a, o no puede, dar las anticonstitucionales cuotas “voluntarias”: “te importa poco la formación de tus hijos… no colaboras… eres una mala madre”.

Lo que desconoce la gerencia educativa nacional es que los padres y madres de familia envían a sus hijos a la escuela pública esperando que la escuela funcione y funcione bien. Y esa es una obligación del gobierno. Acudir a los padres como los que pueden resolver el desastre nacional educativo; regañarlos porque se atreven a “dejar” a los niños en la escuela sin “entrar” a ella para enmendar sus fallas, decir que tienen que comprometerse y acompañarlos en las tareas para alcanzar la marca adecuada en el “velocímetro” de palabras leídas por minuto que indica la SEP para cada edad y grado, es – por lo menos – indicador muy claro de la proyección de las condiciones socio económicas de los funcionarios como si fuesen las de la mayoría de los mexicanos. Es un obvio error.

Más de 30 millones de adultos en el país – mayores de 15 años – no terminaron la educación obligatoria. Muchos de ellos son los padres de los alumnos inscritos hoy en la escuela básica nacional. No cuentan con grandes destrezas para apoyar a sus hijos con tareas y ejercicios vespertinos. Les faltan elementos, pero también tiempo: uno de cada cuatro hogares cuenta con un solo progenitor; mayoritariamente son mujeres, y para echar adelante a los hogares trabajan más de 10 horas al día sin contar el trabajo en la casa. Contando tiempo de trabajo y traslado, millones de padres de familia apenas alcanzan a descansar lo mínimo para luego volver a la presurosa cotidianidad. No “avientan” a los niños a la escuela, sino que si no los llevan de prisa, no arriban a tiempo al trabajo y de ese sí que los avientan sin duda ni miramientos.

Suponen que la escuela funciona. Sin ella, es cierto, no podrían trabajar como lo tienen que hacer (no como lo “quieren hacer” por desobligados ante sus hijos), pero no esperan que la escuela sea una guardería ayuna de sentido en la formación de sus hijos, sino que en ella aprendan. Y de que sea pertinente la enseñanza es responsable la autoridad educativa: trasladar el control de la escuela para que en efecto funcione bien a los padres es, además de irresponsable, clara muestra de desconocimiento del país en que vivimos.

La participación social en materia educativa es necesaria, pero no sustituye la labor del espacio escolar ni, mucho menos, la del aseguramiento de las tareas docentes bien hechas. Es bienvenida como exigencia del cumplimiento de un derecho, y un derecho a la educación de calidad, pero no como la encargada de que esto suceda. Un alto funcionario de la SEP, hace meses, dijo al que esto escribe: “Los consejos son el camino ideal para arrebatarle el control al Sindicato”. En lugar de recuperar la autoridad que han cedido sin vergüenza, y ya durante muchas décadas, exigen a los padres que lo hagan ¿en su nombre? No se vale.