Manuel Gil Antón

Las autoridades no dicen la verdad al señalar la cantidad de jóvenes que, en el país, están estudiando en el nivel superior. Afirman una verdad a medias. El último día de mayo, frente a más de mil rectores de Iberoamérica presentes en el encuentro que la fundación Universia llevó a cabo en Guadalajara, el presidente Felipe Calderón dijo que, hacía tres años, la cobertura en educación superior era del 22 o del 25%, según distintas fuentes. Ante este hecho, considerado inaceptable, se comprometió a que para el 2012 debería de ser del 30%. Esa fue la meta.

“Y hoy afortunadamente, expresó, la cobertura en educación superior entre jóvenes de 18 a 23 años ha pasado ya de casi el 25 por ciento en 2006 a más del 29 por ciento en 2010, y estoy seguro que habremos de alcanzar la meta del 30 por ciento que nos habíamos propuesto para 2012 antes de que termine este mismo año de 2010, con dos años de anticipación. Esto nos pone en la ruta de alcanzar precisamente un objetivo medular y también de establecer un legado a nuevas generaciones de mexicanos, hoy este año que celebramos 200 años de ser orgullosamente mexicanos y 100 años de nuestra Revolución.”

¿La meta se va a alcanzar? Sin duda. Pero llegar al 30% de cobertura no significa lo que el presidente afirmó. Es falso. La asistencia a las instituciones de educación superior “entre los jóvenes de 18 a 23 años” es mucho menor: alrededor del 20%. Resulta muy distinto decir que, dos años antes de lo previsto, estarán inscritos en una institución de educación superior uno de cada 3 jóvenes en ese rango de edad, que uno de cada 5. La diferencia no es menor.

¿Qué es lo que pasa? La meta, en efecto, era alcanzar la cobertura del 30%, que resulta al comparar el total de la matrícula (sin tener en cuenta la edad de los que la integran) con el grupo de 18 a 23 años como parámetro, como una cohorte de edad no arbitraria con la cual contrastar al conjunto y obtener una proporción. Ese grupo de edad es adecuado como unidad de comparación, porque se trata del sector de la población que, luego de los 12 años que implica la educación básica y media, lapso que inicia a los 6, tiene 18 años, edad típica para iniciar estudios superiores; y que si realizaran sus estudios en 5 años, terminarían a los 23. Se le conoce como grupo de edad normativo, o si se quiere, el que sería esperable bajo el supuesto de un tránsito sin interrupciones entre primero de primaria, el ingreso a las universidades, su transcurso y el egreso.

Que el grupo de edad 18 a 23 sea empleado como parámetro conduce a que al relacionar a toda la matrícula con él, se pueda afirmar que la cobertura es “equivalente” al 30% de esa cantidad, pero no que el 30% de los que integran a ese grupo esté hoy estudiando.

Lo incorrecto de la expresión del presidente es que está empleando la tasa bruta (cantidad total de la matrícula —sin tomar en cuenta su edad— sobre el grupo de 18 a 23 años) como si fuera la tasa neta (la cantidad de muchachos en la matrícula que sí tienen entre 18 y 23 años, comparados con el grupo de edad al que pertenecen). Hay, en el sol de hoy, alrededor de un millón de estudiantes inscritos en la educación superior que tienen más de 23 años. De ese tamaño es el error expresado.

¿Aclarar tal entuerto es una simple discusión técnica entre los cálculos que con base en las cifras oficiales hace el que esto escribe y los realizados por los expertos de la SEP que informan al primer mandatario? No. El hecho que una tercera parte de la matrícula en educación superior esté por encima de la edad esperable, significa al menos tres cosas importantes a considerar. La primera es que, tomando al sistema educativo como un todo, desde la primaria, una buena cantidad de estudiantes llega a la educación superior con edades que reflejan inicios tardíos, reprobación, abandono temporal de los estudios u otros fenómenos que impidieron su circulación regular por los ciclos previos: en esto, parte de la responsabilidad se encuentra en las fallas del sistema de educación básica y el desorden en la media superior, los efectos de las crisis económicas y, adicionalmente, el impresentable pacto político entre las autoridades y la cúpula del SNTE que busca todo, y exige mucho, menos mejorar la educación.

El segundo remite a la ineficacia de las instituciones de educación superior, pues su planes y programas, previstos para cuatro o cinco años, no son cumplidos por los alumnos por diversas razones, una de las cuales, a manera de ilustración, consiste en la falta de atención prestada a los estudiantes pues los ¿forman? académicos embelesados con ser investigadores con doctorado que huyen de la docencia. Y el tercero no es trivial: es increíble que en el gobierno no se entienda la diferencia entre tasa bruta y tasa neta. Si fuera así, en menudo lío estamos. Mas si lo saben, e intencionalmente afirman que en lugar de sólo un 20% de ese grupo de edad, está inscrito el 30%, estaríamos ante una media verdad que en el afán de decir que se cumplió la meta, e incluso dos años antes, no tiene empacho en informar y festejar lo que no es cierto. A esto, en buen castellano, se le llama demagogia. Entre la ignorancia poco probable y la inexactitud intencional, más plausible, el lector puede escoger. Es mala cualquier opción, pues la meta, nada más, no es la neta.