Manuel Gil Antón

Hay 100 mil personas en un lleno hasta el tope del estadio Azteca. El domingo 16 de agosto, el equivalente a una entrada completa más 28 mil espacios sería necesaria para dar un sitio a cada uno de los participantes en el Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2009-2010. Son 127 mil 783 aspirantes registrados: unos van por plazas de nuevo ingreso, y otros, ya docentes en servicio, buscan obtener un puesto en firme. A las 11 de la mañana y en 300 sedes en la República.

Cada suspirante, en dos horas y media, responderá a un examen de opción múltiple que pretende evaluar cuatro dimensiones: el dominio de los conocimientos incluidos en el currículo del grado o asignatura a la que se aspira; sus competencias didácticas; las habilidades intelectuales; y el conocimiento de la normatividad, gestión y su ética docente.

En la Guía para el Sustentante lo primero que se afirma es que un acuerdo de la Alianza por la Calidad de Educación (ACE), suscrita por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por la Secretaría de Educación Pública (SEP), consiste en “garantizar que quienes (…) enseñan a nuestros hijos sean seleccionados adecuadamente”.

Cuando se firmó la ACE, quien era secretaria de Educación Pública denunció la venta de plazas o bien la costumbre asentada y acendrada de heredar los puestos. Puso al descubierto un mercado “negro”, añejo, de venta o asignación de plazas por testamento en vida, que para ser viable requería la anuencia y participación activa de ambos gigantes: la secretaría y el sindicato.

El mismo día, la presidencia vitalicia del SNTE, hace muchos años profesora Elba Esther Gordillo, expresó que en innumerables ocasiones las plazas se otorgaban “a cambio de favores sexuales”. En corto, vía el acoso sexual o francas violaciones.

La alianza se propuso desterrar tales prácticas —sin meter a la cárcel a los que construyeron, protegían y se enriquecieron con el mercado clandestino de puestos de trabajo, y tampoco (es el colmo) a quienes lo merecían mucho más pues incurrieron en delitos muy graves al pedir a cambio no “favores”, sino sumisión sexual al providente dispensador de plazas, burócrata o jefe sindical—. El impulso a la calidad educativa, entonces, emerge desde la impunidad compartida y es su talón de Aquiles: reconocemos lo que se hacía, dicen los responsables de cuidar académica y laboralmente los procesos, pero prometemos que ya no será así. Sin comentarios.

La decisión de sostener la ACE es ya un hecho. En comparación con lo anterior, el concurso de los 1.28 Aztecas el domingo 16 es un avance. Hay, sin embargo, dos aspectos cuestionables en este proceder, pues también en educación la forma es fondo: el primero es que el documento original de la alianza afirma, como objetivo central, que “el ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y todas las vacantes definitivas (se hará) por la vía de concurso nacional público de oposición convocado y dictaminado de manera independiente”.

En la convocatoria, se ha eliminado el término oposición. ¿Por qué?

Según tradición centenaria, un concurso de oposición en el espacio educativo implica dar cuenta que se sabe, demostrar que se sabe enseñar mediante un ejercicio docente público (una clase abierta a sinodales) y el análisis de la trayectoria formativa o profesional, evaluadas las tres dimensiones por expertos. Son esas las fases y ese es el terreno de la competencia propia de un proceso de oposición clásico. ¿Se quita la característica “de oposición” porque la prueba será de opción múltiple dada la facilidad para calificar a los miles de concursantes con un lector óptico? Habría, en su caso, que argumentar el cambio de modalidad.

Y el segundo aspecto fallido es que se parte de un supuesto falso: el que sabe y responde bien, aquel que aprendió lo que se espera que diga (aunque no lo haga), amén de memorizar la normatividad y prometer, mediante sus respuestas, que es y va a ser ético, será aprobado como un buen profesor, y podrá ocupar la plaza si “sacó más aciertos que sus competidores”.

Se compara, sí, su calificación con las de otros que aspiran a esa plaza; pero no hay análisis del ejercicio real de sus destrezas docentes, esto es, se elimina el núcleo del concurso de oposición. ¿El que sabe (responder) por ese hecho será buen profesor, inteligente e intachable éticamente?

Hace años se rechaza una educación memorística hacia los alumnos: ahora, por emplear tal procedimiento, se elegirá a los mejores profesores según la ACE con un examen que premia la memoria, que infiere del acierto entre cuatro opciones aspectos tan complejos como la competencia didáctica, y potencia (porque siempre es posible) la simulación de habilidades y comportamientos éticos futuros en las respuestas respectivas.

¿No hay trayectoria, escolar y profesional previa que pueda avalar aspectos relacionados a los que pretende atender el examen?

Avanzamos, sin duda. Pero no se acierta en el mecanismo de selección. El argumento en contra de esta crítica es lógico (y me hago cargo de su peso); será que son muchas plazas y por ello se decidió un examen objetivo (sic). Organizarlo de otra manera resultaba muy complejo, es cierto, pero quizá pudo haberse pensado en plazos adecuados, probando alternativas, evaluando la evaluación de aspectos tan importantes, y no tratando de resolver todo y todas las plazas de una vez.

Se prefiere muchas veces la velocidad a la solidez en materia educativa. La primera es políticamente rendidora, de inmediato; la segunda va al fondo, no luce tanto como 1.28 Aztecas nada más en un domingo de agosto y cuesta. Cuidado: lo barato dicen, sale caro.